Tribunal envía a juicio de fondo a Antonio y Maribel Espaillat; Ministerio Público saluda fallo que acogió íntegramente su acusación

Santo Domingo, 15 junio. – El Ministerio Público valoró como una decisión ajustada al derecho la resolución emitida por el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que ordenó la apertura a juicio de fondo contra los hermanos Antonio Espaillat y Maribel Espaillat por el caso del colapso del techo de la discoteca Jet Set, tragedia que dejó 236 personas fallecidas y más de 180 heridas.

La decisión judicial acogió en todas sus partes la acusación presentada por el órgano persecutor, así como los planteamientos de 42 de los 54 querellantes que se adhirieron a la acción penal impulsada por el Ministerio Público.

Tras conocerse el fallo, el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, expresó su satisfacción por la decisión adoptada por el juez Raymundo Mejía Ortiz, al considerar que valida el trabajo de investigación realizado por los fiscales desde el inicio del proceso.

Camacho destacó que el tribunal acogió de manera total la acusación formulada contra los imputados por presunta violación de los artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano, relativos a homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias.

“La decisión del tribunal ha acogido de manera total la acusación del Ministerio Público, y no solo la del Ministerio Público, sino también la de 42 de los 54 querellantes que se adhirieron a nuestra acusación”, manifestó el magistrado al ser abordado por periodistas a la salida de la audiencia.

El representante del órgano acusador adelantó que el Ministerio Público buscará durante el juicio la imposición de la pena máxima contemplada por la legislación para este tipo de infracciones, al sostener que las pruebas reunidas evidencian una conducta marcada por la negligencia sistemática de los procesados.

“Hoy el tribunal ha acogido esos hechos, los ha enviado a juicio, y ahora pretendemos ir a juicio a buscar el máximo que permite la ley de pena en este tipo de caso”, afirmó.

Camacho resaltó además que el juez acogió el pedimento de imponer medidas cautelares de carácter patrimonial para garantizar eventuales indemnizaciones a favor de las víctimas.

En ese sentido, explicó que el tribunal ordenó la inmovilización de bienes por un monto de RD$500 millones, con el propósito de preservar recursos que permitan resarcir los daños sufridos por los afectados y sus familiares.

“El juez impuso como medida de coerción real la inmovilización por 500 millones de pesos, de forma tal que las víctimas tengan la seguridad de que, mientras se conoce este caso en juicio, sus derechos puedan ser resarcidos”, indicó.

El procurador recordó la magnitud del impacto humano provocado por la tragedia ocurrida en el centro nocturno.

“No existen palabras para describir el dolor que provocó a las víctimas directas y el dolor que causó en el centro del alma del pueblo dominicano”, expresó.

Añadió que desde el primer momento el Ministerio Público agotó todos los procedimientos legales para esclarecer las circunstancias del hecho, incluyendo la realización de un peritaje especializado con participación de expertos nacionales e internacionales.

“Nosotros hemos hecho todo lo que nos ha permitido la ley, desde recaudar las pruebas hasta ordenar la realización de un peritaje con participación de un perito internacional para determinar cómo ocurrieron los hechos y presentarlos ante el tribunal”, sostuvo.

Respecto a los informes periciales presentados por la defensa de los acusados, Camacho aseguró que no representan preocupación para el Ministerio Público.

“A nosotros no nos preocupa ese peritaje porque igualmente establece que hubo negligencia e imprudencia, que es precisamente lo que ha sostenido el Ministerio Público”, señaló.

Agregó que tanto el informe presentado por la acusación como el aportado por la defensa coinciden en atribuir responsabilidad a los imputados por las condiciones que provocaron el desplome de la estructura.

“Ambos peritajes dicen que la culpa de que se produjera el colapso del Jet Set fue de ambos acusados y ahora vamos al juicio a procurar que paguen por los hechos que cometieron”, enfatizó.

La decisión del tribunal admite todos los hechos contenidos en la acusación, así como las pruebas testimoniales, periciales, documentales y materiales presentadas por el Ministerio Público.

Asimismo, mantiene las medidas de coerción impuestas previamente a Antonio y Maribel Espaillat, consistentes en garantía económica de RD$50 millones para cada uno, impedimento de salida del país y presentación periódica ante el Ministerio Público.

El juez también admitió como terceros civilmente demandados a las entidades Difusora Hemisferio, S.R.L.; Inversiones CCEP-2, S.A.; Evelyn Espaillat y Ana Grecia López, así como las pruebas presentadas por estas partes, las cuales serán conocidas durante el juicio de fondo.

Además, dispuso que Antonio Espaillat López, Maribel Espaillat de Beras, Evelyn Espaillat y Ana Grecia López queden sujetos a embargo conservatorio e inscripción de hipoteca judicial sobre bienes muebles e inmuebles por un monto de RD$500 millones, incluyendo activos y valores pertenecientes a las empresas Inversiones E y L, S.R.L.; Radiocadena Comercial, S.R.L.; Difusora Hemisferio, S.R.L. e Inversiones CCEP-2, S.A.

El colapso del techo de la discoteca Jet Set, ubicada en la avenida Independencia, sector El Portal, en el Distrito Nacional, ocurrió la noche del 8 de abril de 2025, convirtiéndose en una de las tragedias más graves registradas en la historia reciente de la República Dominicana.