Tribunal ordena decomiso de 422 bienes valorados en millones de pesos a condenados por casos Coral y Coral 5G
SANTO DOMINGO, 17 junio.– El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ordenó el decomiso a favor del Estado dominicano de un total de 422 bienes muebles e inmuebles vinculados a los condenados en los casos de corrupción administrativa Coral y Coral 5G, incluyendo vehículos de lujo, propiedades, armas de fuego, dinero en efectivo y artículos de alto valor.
La disposición está contenida en el numeral 32 de la sentencia emitida por el tribunal, que además ordenó la confiscación de RD$39,292,327.45 y US$251,472.18, recursos que pasarán a formar parte del patrimonio estatal.
Entre los bienes decomisados figuran 114 vehículos de distintas categorías, entre ellos camiones, autobuses, palas mecánicas, retroexcavadoras, montacargas, rodillos, camiones cisterna y automóviles de lujo de reconocidas marcas internacionales.
Asimismo, la decisión judicial dispone el decomiso de 159 inmuebles propiedad de los procesados, ubicados en diversas provincias del país, incluyendo Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago, La Vega, Monte Plata y Samaná. Las propiedades incluyen terrenos, apartamentos equipados, solares, residencias y edificaciones comerciales.
La sentencia también contempla la confiscación de 16 armas de fuego, entre pistolas, escopetas y rifles, así como 11 relojes de marcas exclusivas como Rolex, Giorgio Milano, Mont Blanc, Bulova y Fubu.
Entre los vehículos que pasarán a manos del Estado se encuentran un camión Mitsubishi Fuso modelo Canter de color rojo; un camión Isuzu tipo volteo; un camión Nissan; una camioneta Toyota; una pala mecánica Caterpillar; un camión cisterna Freightliner modelo M2 106; un rodillo pesado y un autobús Bluebird.
La lista incluye además varios vehículos de lujo, entre ellos un Tesla Model Y blanco, año 2020; un Tesla Model 3 blanco; una Toyota 4Runner; una Mercedes-Benz AMG GLE 53 4Matic; una Ford F-150 XLT 4WD; una Mercedes-Benz E-300 Berlina; una Toyota Prado; una BMW X5 XDrive 40i; una Toyota Land Cruiser Prado VX-L y una Toyota 4Runner Limited 4WD, entre otros automóviles de alto valor.
En cuanto a las propiedades inmobiliarias, destaca la Plaza Randa Internacional, ubicada en el kilómetro 14 de la Autopista Duarte, en Los Alcarrizos, con una extensión de 1,960.83 metros cuadrados.
También fue decomisado un terreno de 10,690.56 metros cuadrados localizado en el distrito municipal Las Taranas, municipio Villa Riva, provincia Duarte.
La sentencia incluye varios apartamentos y residencias en distintos puntos del Gran Santo Domingo. Entre ellos figura un apartamento de 101.62 metros cuadrados en el Condominio Residencial LP8, ubicado en Santo Domingo Oeste, así como un apartamento de 241.33 metros cuadrados en el Residencial Ciudad Real II, en Altos de Arroyo Hondo, Distrito Nacional.
Igualmente, el tribunal ordenó la confiscación de una propiedad de 538.10 metros cuadrados ubicada en Colinas del Oeste, Santo Domingo Oeste, además de una residencia de dos niveles construida sobre un terreno de 400.81 metros cuadrados en ese mismo sector.
Otro de los inmuebles decomisados corresponde a un área de esparcimiento común de 788.67 metros cuadrados en el Residencial Colinas del Oeste, así como un apartamento localizado en la Torre Hariannet IX, en el sector El Millón del Distrito Nacional.
La lista también incluye un apartamento de 155.17 metros cuadrados en el Condominio Las Velas, ubicado en Juan Dolio, municipio Guayacanes, provincia San Pedro de Macorís.
Entre los bienes de lujo figuran varios relojes de reconocidas marcas internacionales, incluyendo un Rolex color dorado, varios Giorgio Milano, un Mont Blanc plateado y diversos modelos Bulova y Fubu, todos incorporados al inventario de bienes confiscados.
La decisión forma parte de las sanciones patrimoniales impuestas por el tribunal en el marco de los expedientes Coral y Coral 5G, considerados entre los mayores casos de corrupción administrativa judicializados en la República Dominicana, y busca recuperar para el Estado los bienes adquiridos mediante actividades ilícitas vinculadas a la red desmantelada por el Ministerio Público.