Trquiñuelas de funcionarios con deudas de contratistas
Por Miguel Liberato
El Comité Institucional Codiano (CIC) ha estado realizando insistentes denuncias en el sentido de que funcionarios del gobierno continúan orquestando triquiñuelas para dilatar y/o impedir el pago de una deuda de 385 millones de pesos que mantiene el Estado con 107 contratistas aglutinados en esa entidad.
Las graves denuncias han llamado la atención del actual presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), Carlos Eligio Mendoza Diaz, quien hace poco le solicitó al primer mandatario de la nación una reunión para poner en su conocimiento las dificultades que afectan a los contratistas del CIC en las gestiones de cobro.
Tras esa petición, el presidente Luis Abinader ha encargado al ex-ministro de Obras Públicas, ingeniero Deligne Ascención, para que le presente una solución en virtud de que unos ocho altos funcionarios no han aportado ninguna en el transcurso del tiempo que el mandatario lleva en el poder.
Los 107 contratistas afectados involucran a unos 143 proyectos que fueron terminados y entregados a 14 instituciones contratantes y que el Estado tiene largos años usufrutuando esas obras sin haber liquidado los trabajos ejecutados.
El ingeniero Ascención debe prestar atención al hecho de que los constructores agrupados en el CIC han denunciado varias maniobras de las instituciones contratantes, que persiguen justificar el no pago de la referida deuda, argumentando que los acreedores no cumplen con los actuales requisitos legales.
Otras acciones contra los contratistas se refieren al envío de solicitudes de pago al Ministerio de Hacienda sin determinados documentos que las instituciones contratantes deben anexar para la correcta tramitación
Los constructores del CIC también se han quejado de que las instituciones contratantes, en algunos casos, argumentan la desaparición de documentos que deben estar en sus archivos, pero que además no hacen la más mínima coordinación con Hacienda para subsanar sus propias fallas.
Se ha querido imputar a los constructores que no tienen sus contratos registrados en la Contraloría General de la República, un argumento que carece de veracidad, pues ese registro siempre ha sido responsabilidad del órgano rector del Sistema Nacional de Control Interno.
Desde agosto de 1954 estuvo vigente hasta el 2007 la ley 3894 que en su artículo 27 ordenaba que “todo contrato que demande la erogación de fondo público debe ser registrado en los libros que para tales fines tiene la Contraloría”.
En el 2007 fue promulgada la ley 10-07, la cual en el párrafo 3 del artículo 27 dice que la responsabilidad de registrar los contratos de obra es de una Unidad Técnica Administrativa de la Contraloría que funciona en cada institución contratante.
Se concluye en que todos los contratistas de obras estatales deben tener sus contratos registrados, salvo que la Contraloría no haya cumplido con la ley al ordenar el pago de avance inicial y/o cubicación, por lo cual los acreedores no deben cargar con responsabilidad alguna.
Otro aspecto legal a considerar es que la ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas no se le pueda aplicar a la mayoría de obras con deudas viejas por cobrar, pues fueron contratadas antes de la promulgación de esa legislación.
Los directivos del CIC han expresado su esperanza de que con el empoderamiento del ingeniero Deligne Ascención se romperá el nudo gordiano que habrían armado las instituciones contratantes para poner dificultades al pago de las deudas viejas a contratistas de obras estatales.
