Turismo: intereses creados vs política pública

Juan LLado

La evolución de nuestro sector turístico no debe juzgarse solo leyendo periódicos. La mayoría de los partes de prensa reflejan los intereses de los empresarios, los cuales sesgan la percepción con sus reclamos interesados. Atrás quedan las cuestiones que representan los intereses colectivos, los cuales buscan distribuir mejor los beneficios de la actividad. Pero los reclamos al Estado de los privados no deben superar las prioridades de la gestión pública. Por lo general, sin embargo, los ministros del ramo han soslayado el interés público a favor de los empresarios.

Con el turismo el objetivo nacional de desarrollo es multidimensional. No se limita a las divisas y el empleo que de él se deriven. Son tambien deseables su contribución impositiva, su consumo de bienes y servicios nacionales y la proyección de la imagen nacional en el exterior. Mientras, para los empresarios importa la rentabilidad de sus inversiones, la provisión de los servicios básicos de infraestructura y la diversificación del producto turístico a fin de que el destino se torne más competitivo. Y como industria globalizada a ambos bandos les interesa que los estándares de operación sean de clase mundial.

Por supuesto, en la relación entre el Estado y el empresariado sectorial debe existir una relación armónica. La armonía debe brotar de que cada uno cumpla sus obligación con el otro. El Estado debe apoyar la rentabilidad de las inversiones proveyendo la infraestructura de servicios básicos (agua, electricidad, buenas carreteras) y los rasgos del entorno que son deseables (seguridad pública, seguridad jurídica, seguridad sanitaria, etc.). Los empresarios, a su vez, deben pagar impuestos y cumplir con las leyes (especialmente las laborales).

Esta bifurcación de intereses debe incrustarse en la conciencia de la opinión pública.  Una cosa son los intereses de las cadenas hoteleras, las líneas aéreas y los turoperadores –en nuestro pais casi todos extranjeros– y otra los intereses del pais anfitrión. Mientras los primeros persiguen incrementar la rentabilidad de su inversion, al pais anfitrión le interesa no solo ese logro sino tambien aquellas acciones que beneficien a la poblacion. El logro de ambos objetivos debe traducirse en una mayor competitividad del destino turístico. Pero lo más importante para la política pública es que los beneficios de la actividad se distribuyan lo más amplia y equitativamente posible entre la poblacion.

Partiendo ya de la premisa de que nuestra industria turística esta “madura”, en la etapa actual de desarrollo sectorial implica principalmente el mejoramiento del producto turístico. Por “producto” en este caso se entiende todo lo que ofrece el pais, incluyendo cosas tales como la pureza del aire, la limpieza de las ciudades y pueblos, la seguridad pública, etc. Las prioridades de la política publica para el sector deberán incluir la diversificación de los emprendimientos y atractivos, la provisión de la infraestructura básica en lugares donde se requiera reforzarla y el mejoramiento continuo de los servicios públicos que puedan utilizar los visitantes y las empresas extranjeros.

Un criterio para aplicar la bifurcación de los intereses públicos y privados debe basarse en un hecho fundamental que a menudo se ignora cuando se analizan esos retos sectoriales. Se trata de reconocer que más del 95% de las habitaciones de clase internacional que conforman nuestro inventario hotelero son de propiedad extranjera y están organizadas en cadenas hoteleras de gran renombre mundial. Las consecuencias de esta participación extranjera no son claramente percibidas ni por la opinión pública ni por los (improvisados) analistas del sector.

En la prensa, por ejemplo, se tiende a presentar a un reducido grupo de empresarios nacionales como los grandes líderes de “nuestro” sector turístico y no se delinean las grandes decisiones de que son responsables los extranjeros. Los “líderes” del patio juegan un papel importante en la definición de la política pública y, por conveniencia mutua, en sus posiciones tienden a colarse los puntos de vista de los propietarios extranjeros. Pero lo cierto es que los extranjeros juegan el papel preponderante en el desempeño de la industria porque son los que más penetran el mercado turístico internacional y tienen sus oídos puestos en sus preferencias. Nuestros recursos (playeros y de otra índole) no lograrían solos el éxito que hemos experimentado sin las decisiones extranjeras respecto a las funciones claves de la industria.”

Frente a estas realidades de nuestra industria turística, las prioridades generales del sector privado incluyen el mejoramiento de la calidad de sus servicios, la innovación y la promoción del destino. Lo primero será una obligación sin reservas por la exigencia de que los servicios permanezcan competitivos frente al resto de la competencia global. De ahí que para el sector público la clasificación de los hoteles, aunque deseable para mejor informar al potencial consumidor, tendrá una importancia marginal. La innovación en los modelos de negocio y los servicios, por su lado, tambien será una exigencia capital para mantener la competitividad.

En materia de promoción internacional del destino, los privados ya deben ser los que tengan la mayor cuota de responsabilidad. Cuando nuestra industria turística era poco conocida en los mercados emisores, se justificaba que el Estado tuviera el mayor protagonismo y gasto. Sin embargo, ya hemos superado esa etapa y nuestro destino es bien conocido en esos mercados (Europa, Norteamérica, Suramérica). Si en el 2015 el MITUR gasto US$62 millones en promoción internacional ahora solo debería estar gastando una tercera parte de eso. Es a los agentes privados del sector a quienes les toca la principalía en materia de promoción internacional, tal y como es el caso con las empresas de exportación en nuestro comercio exterior.

Ahora bien, aun con un reducido gasto promocional el MITUR debe continuar con su participacion en ferias turísticas y en “road shows” para agentes de viajes y turoperadores. Lo que no se justifica es que esa participacion siempre requiera de una presencia del ministro ni que la prensa local se conciba como un eslabón promocional a nivel internacional. Habrá algunas ocasiones cuando el ministro deba viajar a algunos eventos importantes, pero en la mayoría de los casos esas tareas deben ya delegarse a los funcionarios subalternos. Para eso hay varios que ostentan cargos especializados, pero el protagonismo de los ministros les impide participar adecuadamente.

De paso debe señalarse que, aunque los contactos personales seguirán teniendo un rol importante en la promoción, las opciones de comunicación digital hacen de lo presencial algo progresivamente menos importantes. Para anunciar nuevas inversiones y “acuerdos” con líneas aéreas, por ejemplo, no es necesario gastar en viajes del funcionariado porque estos pueden concretarse por Zoom y correo electrónico. Además, las “nuevas” inversiones no se captan en las ferias y los famosos “acuerdos” no son mas que contribuciones, a veces de cientos de miles de dólares, que hace el MITUR a las líneas aéreas para que ellas promocionen el destino.

Otro importante giro de la política pública en materia de turismo tendrá que ser el destete de los incentivos fiscales. Estos han sido concedidos bajo la premisa de que había que estimular el desarrollo del sector mediante exenciones fiscales para “una industria naciente”. Pero al ya estar “madura” la industria esas exenciones no se justifican. Todas las agencias multilaterales han recomendado su eliminación. Y un reciente estudio de la Fundacion Fredrich Ebert (“Turismo a Toda Costa en la Republica Dominicana”) presenta los argumentos correspondientes.

En resumen, la opinión pública debe ser guiada por las implicaciones de la bifurcación de intereses en el sector. Al sector público siempre le interesará la salud de los agentes privados y deberá actuar en consecuencia. Pero las prioridades del sector público no se circunscriben a lo que pidan los empresarios. Siempre debera primar en ellas lo que sea conveniente para los intereses colectivos de la sociedad.

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