Un anteproyecto de ley prevé implantar facturación electrónica en 2023

Santo Domingo, 17 marzo.- Un anteproyecto de ley prevé implantar un sistema de facturación electrónica que será obligatorio para las empresas del país a partir de 2023, según anunció este jueves el Gobierno.

El anteproyecto está en estos momentos siendo estudiado por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y posteriormente deberá ser sometido al Congreso Nacional.

El titular de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Luis Valdez, dijo que «a partir de 2023 habrá obligatoriedad» de usar el sistema de facturación electrónica, aunque su implementación se realizará de forma escalonada.

En estos momentos, el sistema se está poniendo a prueba en 60 empresas privadas que han decidido implementarlo de forma voluntaria.

Valdez garantizó que el sistema será sencillo, rápido y contribuirá a reducir la burocracia, con lo que «el país va a avanzar».

En el mismo acto, el presidente Luis Abinader defendió la necesidad de «modernización» del sistema, en miras de eficienticiar la recaudación tributaria.

Los detalles

 El presidente Luis Abinader y el director general de Impuestos Internos, Luis Valdez Veras,  presentaron los anteproyectos de ley de reforma del Título I del Código Tributario y de Facturación Electrónica, durante el “Panel Internacional Modernización y Actualización de la Administración Tributaria”, el cual reunió a expertos nacionales y extranjeros.

En el caso del Código Tributario se trata de modificaciones a procedimientos para adecuar esa ley, que data del 1992, por lo que se dejó en claro que no se crean nuevos impuestos ni tasas. Por el contrario, se introducen mejoras para eficientizar los procesos y garantizar los derechos de los contribuyentes.

El presidente Abinader destacó que el reto que tiene todo gobierno es crear una estructura de recaudación impositiva que sea eficiente en su propósito de recaudar, que no genere distorsiones indeseadas en la actividad económica, que incentive la transparencia y que cumpla la normativa.

«La recaudación tributaria es lo que permite al gobierno invertir en bienes y servicios de calidad, y propulsar los proyectos de infraestructura necesarios para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo», expresó.

Dijo que esto es evidente, cuando vemos que la inversión pública de la República Dominicana es de las más bajas de América Latina y el Caribe, y que de acuerdo con reportes del BID, la brecha en infraestructura, estimada en un 5% del PIB, ha impedido que el país mejore su productividad, competitividad y el nivel de ingresos de su población.

«Ante estas necesidades, necesitamos gastar en lo importante y recaudar lo necesario y lo justo», apuntó.

“Debemos atender a la importante y trascendental evolución de la tecnología en las últimas décadas, por eso resulta necesario adaptar los lineamientos generales del ordenamiento jurídico tributario dominicano, en miras de modernizar y eficientizar los procesos de la Administración Tributaria haciendo uso de las nuevas herramientas que proporciona dicha tecnología. Y eso estamos haciendo, no solo en Hacienda, sino en cada rincón del Estado. Necesitamos un impulso de modernidad y de eficiencia, y eso viene de la mano de las nuevas tecnologías», expresó el mandatario en el evento celebrado en el Hotel Embajador.

Agregó que los impuestos y sus normas jurídicas evolucionan continuamente, ya sea por los cambios que se generan cada día en la economía nacional o por la búsqueda de una administración y recaudación más eficiente, con garantías de seguridad jurídica, igualdad y justicia.

«Necesitamos dotar a nuestros ciudadanos de un marco legal que les garantice el libre y pleno ejercicio de sus derechos y el cumplimiento fácil de sus obligaciones, y por su parte, dotar al fisco de herramientas para acceder a un mejor control tributario», enfatizó Abinader, al concluir diciendo: «Queremos invertir más, recaudar mejor y hacerlo más justamente».

El director general de DGII, Valdez Veras, explicó que entre los puntos más sobresalientes a favor de los contribuyentes están:

La implementación, por primera vez, del catálogo de derechos del contribuyente en el marco del cumplimiento de sus obligaciones impositivas y formales.

Los recargos que en la actualidad son de un diez por ciento el primer mes y un 4% infinito, se propone establecerlos a un 3% fijo y que no pueda sobrepasar el monto del 100% del impuesto.

Se instaura el interés a favor del contribuyente en los procedimientos de reembolso donde la demora es a causa de la Administración.

Se instaura la Administración Electrónica, para eficientizar los servicios de recepción y envío por la OFV.

Se instauran instrumentos de facilitación y otros se mejoran en el pago como forma de extinción de la obligación tributaria.

Se mejora el procedimiento de compensación para que los excesos o saldos a favor puedan ser compensados con cualquier tipo de impuesto.

Facturación electrónica

En cuanto a la facturación electrónica, se busca establecer un marco regulatorio más robusto de cara a su obligatoriedad en un plazo de tres años. También se establece incentivos para quienes se acojan de forma voluntaria durante un determinado tiempo.

Al detallar  los principales logros de su gestión, el director general de la DGII, indicó que todavía quedan muchos retos que enfrentar y procesos que mejorar, al citar que se trabaja en la unificación de los sistemas tecnológicos para  que los procesos internos sean más eficientes y expeditos; la implantación de una nueva cultura de servicios que acerque a los contribuyentes y ciudadanos y nos convierta en una institución de excelencia en calidad del servicio a nivel país; en el despliegue e implementación a lo largo de todo el país de la Facturación Electrónica y el Facturador Gratuito; así como en la modificación del Título 1 del Código Tributario.

Panelistas

El primer panel “Modificación al Título I del Código Tributario de la República Dominicana” estuvo bajo la moderación de Yorlin Vásquez, subdirectora Jurídica de la DGII y las exposiciones de Edgar Barnichta Geara, abogado asesor de la institución; Ariel Zaltsman, especialista sectorial líder representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Rafael Vásquez Goico, Juez de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana.

Mientras, el segundo panel sobre Facturación Electrónica fue moderado por Ricela Spraus, subdirectora de Facilitación y Servicios  y los panelistas Marcio Verdi, secretario ejecutivo del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT); Mónica Calijuri, Especialista Sectorial Líder de Administraciones Tributarias del BID y Lissette de Jesús, vicepresidente ejecutiva de Finanzas y Contraloría del Banco Popular Dominicano, una de las empresas que actualmente es facturadora electrónica.

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