Una reforma fiscal urgente para reactivar la inversión en infraestructura
Santo Domingo, 20 de noviembre de 2024 – Según el economista Magín Díaz en su artículo titulado “Una reforma fiscal para obras de infraestructura”, publicado en el diario El Caribe, el deterioro de la inversión pública en República Dominicana está afectando significativamente la calidad de vida de sus ciudadanos.
La falta de infraestructura esencial, como carreteras, acueductos, drenajes, puentes y metros, se ha hecho cada vez más evidente, mientras las Alianzas Público-Privadas (APP) resultan insuficientes para suplir estas necesidades.
El economista alerta que si las actuales proyecciones del gobierno no se modifican, el periodo de ocho años del presidente Luis Abinader podría ser el de menor inversión pública presupuestada o ejecutada en los últimos 60 años. Este dato subraya la necesidad de replantear el enfoque del gasto público en el país.
Díaz señala que el Gobierno enfrentó un escenario difícil durante las vistas públicas realizadas en el Congreso para discutir la reforma fiscal. Aunque las audiencias permitieron a la ciudadanía expresar sus preocupaciones, el nivel de hostilidad hacia las autoridades dejó claro el descontento generalizado.
Sin embargo, el economista enfatiza que las cuentas fiscales deben ajustarse, aunque esta sea una medida impopular, y resalta que es mejor actuar más temprano que tarde.
El economista insiste en que cualquier ajuste fiscal debe ir acompañado de estrategias creíbles y despolitizadas para combatir la evasión fiscal y mejorar la eficiencia del gasto público. Este enfoque, aunque necesario, no evitará un aumento de la carga tributaria, ya que la magnitud del problema fiscal supera las soluciones administrativas.
La importancia de la inversión pública: un consenso tácito
Uno de los puntos rescatables de las vistas públicas fue que la inversión pública no fue cuestionada directamente, lo que refleja un reconocimiento general de su importancia. Sin embargo, Magin observa que la clase media dominicana expresó su desconfianza hacia la clase política, especialmente por prácticas que consideran inaceptables, como el financiamiento de partidos, el «barrilito», el «cofrecito», y el nepotismo.
El economista plantea que la atención de la ciudadanía se centró mayormente en el gasto corriente, aunque persisten dudas legítimas sobre la inversión pública. Entre ellas, cuestiona por qué los contratistas de obras enfrentan atrasos en pagos cuando el Gobierno ha mantenido niveles elevados de liquidez en los últimos años, lo que ha generado costos adicionales por intereses.
Díaz argumenta que la baja ejecución del gasto en inversión pública se ha extendido por varios años debido a múltiples factores, como cambios en las regulaciones y demoras en la adaptación de los funcionarios a los nuevos procedimientos. Además, menciona que el Gobierno ha implementado estrategias como la transferencia de recursos a instituciones descentralizadas para evitar perder la apropiación presupuestaria.
El resultado de estas restricciones es un nivel históricamente bajo de inversión pública presupuestada, apunta el economista, resaltando que en 2023, el monto presupuestado fue de apenas el 2.3% del PIB, mientras que en 2024 se redujo al 2.1%.
Aunque adelantos tributarios y recursos extraordinarios, como los obtenidos por la renegociación del contrato de AERODOM, permitieron aumentar marginalmente estos niveles, las proyecciones a mediano plazo indican que la inversión pública permanecerá estancada en torno al 2.2% del PIB, señala.
El economista subraya que el aumento de la deuda pública ha provocado un incremento significativo en los pagos de intereses, que han crecido alrededor del 20% anual en los últimos tres años. Este factor, combinado con el crecimiento del gasto corriente, ha obligado al Gobierno a reducir el gasto en inversión pública.
Según Díaz, las proyecciones gubernamentales muestran que los pagos de intereses podrían superar el 4% del PIB en los próximos años, mientras la inversión pública converge hacia el 2%. Esta tendencia, señala, no solo pone en riesgo el desarrollo del país, sino que también afecta la percepción del legado del presidente Abinader.
La necesidad de una reforma fiscal para infraestructura
Díaz propone que una posible solución sería implementar una reforma fiscal cuyo rendimiento se destine exclusivamente a obras de infraestructura de alta rentabilidad social, indicando que este enfoque permitiría al Gobierno recuperar la confianza ciudadana y mejorar la calidad de vida de los dominicanos. Aunque admite que esta medida no resolvería el problema fiscal en su totalidad, proporcionaría un respiro ante las críticas y facilitaría la recuperación de la inversión pública.
El economista también destaca que, mientras las APP pueden complementar el esfuerzo estatal, no son una solución integral. Estas alianzas están limitadas a proyectos específicos y no pueden suplir la necesidad de inversiones a gran escala en áreas como transporte, agua potable y energía.
Díaz concluye que, aunque algunos asesores políticos del presidente Abinader podrían argumentar que su legado debe centrarse en otras áreas, la crisis de la inversión pública va más allá de un simple tema de legado.
La falta de infraestructura afecta directamente la calidad de vida de la población y limita el desarrollo económico del país. Ignorar esta realidad podría tener consecuencias a largo plazo para la estabilidad y el crecimiento de República Dominicana, advierte Díaz.
El economista enfatiza que el Gobierno debe actuar con urgencia para implementar una reforma fiscal orientada a aumentar la inversión en infraestructura y señala que este esfuerzo requerirá un compromiso decidido para enfrentar los retos fiscales y recuperar la confianza de una ciudadanía que demanda transparencia y eficacia en el manejo de los recursos públicos.
