Varias pesquisas en Brasil apuntan a Bolsonaro, pero sus decisiones del COVID le alcanzan primero

RÍO DE JANEIRO, 20 marzo  — A finales de diciembre de 2022, en los últimos días de su mandato como presidente de Brasil, Jair Bolsonaro decidió saltarse el ritual de entregar el fajín presidencial a su sucesor y en lugar de eso hizo planes de viajar al extranjero.

Pero había un problema, según un escrito de acusación de la Policía Federal publicado el martes: Bolsonaro no tenía el certificado de vacunación necesario requerido por las autoridades estadounidenses.

De modo que Bolsonaro acudió a sus mano derecha, Mauro Cid, y le pidió que introdujera datos falsos en el sistema de salud pública para que pareciera que él y su hija de 12 años habían recibido la vacuna contra el COVID-19, según el documento.

Cid dijo a la policía que encargó a alguien hacer el cambio, imprimió los certificados en el palacio presidencial el 22 de diciembre y los entregó en mano a Bolsonaro, según el detective Fábio Alvarez Shor, que firmó el acta de acusación.

Es la primera acusación formal de Bolsonaro desde que dejó el cargo, y la falsificación de documentos públicos en Brasil no es un asunto menor. Si el procurador general decide presentar cargos ante el Supremo Tribunal Federal, el político de 68 años podría pasar entre 2 y 12 años entre rejas si es condenado, según el analista legal Zilan Costa. Una acusación adicional de asociación criminal conlleva una pena máxima de cuatro años de cárcel, añadió.

Bolsonaro, que no hizo comentarios el martes, negó cualquier infracción durante los interrogatorios al respecto en mayo de 2023.

Además de la acusación de que Bolsonaro falsificó documentos, otra pesquisa en marcha intenta determinar si intentó llevar de forma clandestina a Brasil dos lotes de valiosas joyas con diamantes e impedir que se sumaran a la colección pública presidencial.

La policía investiga también su supuesta implicación en la insurrección del 8 de enero de 2023 en la capital poco después de que Lula asumiera el poder. El suceso recordó a los disturbios en el Capitolio de Washington dos años antes y trataba de restaurar a Bolsonaro en el poder. Varios comandantes que sirvieron durante el mandato de Bolsonaro han dicho a la policía que el exmandatario les presentó un plan para mantenerse en el poder tras perder su intento fallido de reelección en 2022.

Pero sus acciones durante la pandemia del COVID-19, que describió como un “resfriado” mientras ignoraba abiertamente las restricciones de salud e instaba a los brasileños a seguir su ejemplo, podrían haberle alcanzado primero. Una vez hubo vacunas disponibles, las tachó de innecesarias a pesar de que Brasil registraba una de las tasas de muerte más altas del mundo, y reiteró que no se vacunaría.

Su gobierno ignoró varias ofertas de la empresa farmacéutica Pfizer de vender a Brasil decenas de millones de vacunas en 2020 y criticó al entonces gobernador del estado de Sao Paulo, João Doria, por comprar vacunas a la empresa china Sinovac cuando no había otras disponibles.

Bolsonaro no fue el único acusado el martes: Cid y otras 15 personas fueron acusadas de implicación en la trama para falsificar los certificados para ellos mismos y otras personas.

“El expresidente nunca ordenó ni sabía que ninguno de sus asesores hubiera elaborado certificados de vacunación con contenido ideológico falso”, indicaron tres abogados de Bolsonaro en un comunicado publicado el martes por la noche. “Cuando entró en Estados Unidos al final de diciembre de 2022, no se le pidió un certificado de vacunación porque, como presidente de la república, estaba exento de ese requisito”.

Shor, el detective de la policía, escribió en su acta que esperaba a recibir información del Departamento de Justicia de Estados Unidos para “clarificar si los que están bajo investigación utilizaron certificados de vacunación falsos a su arribo y durante su permanencia en territorio estadounidense”. En ese caso, se podrían presentar nuevas acusaciones contra Bolsonaro, dijo Schor, sin aclarar en qué país se haría.

La acusación echa nueva luz sobre la indagación de un comité del Senado que concluyó en octubre de 2021 con la recomendación de presentar nueve cargos penales contra Bolsonaro por mal manejo de la pandemia. El entonces procurador general Augusto Aras, considerado un aliado de Bolsonaro, se negó a llevar adelante el proceso.

La prensa brasileña informó que el sucesor de Aras, Paulo Gonet, se reunió con legisladores el martes por la noche para analizar la posibilidad de presentar cargos

Bolsonaro, de 68 años, conserva una fuerte lealtad de su base, como lo demostró una concentración de 185.000 personas en la arteria principal de Sao Paulo para denunciar lo que el presidente y sus seguidores describen como una persecución política.

La acusación no desalentara a sus seguidores y solo confirmará las sospechas de sus detractores, dijo Carlos Melo, profesor de ciencias políticas en la Universidad Insper de Sao Paulo.

“Es decididamente peor para él en las cortes”, dijo Melo. “Podría entrar en una racha de condenas y luego arresto”.

El Tribunal Supremo Electoral ya ha inhabilitado a Bolsonaro hasta 2030 por abuso de poder durante la campaña de 2022 y sembrar dudas infundadas sobre el sistema de votación electrónica.

El exmandatario nunca reconoció la derrota en las elecciones de octubre de 2022. Y con un nuevo certificado de vacunación en mano, según la acusación policial, se marchó al sur de Florida.

AP