“¡Voy con tó!”: Gonzalo Castillo celebra su exoneración mientras Caso Calamar avanza a juicio contra Donald Guerrero y otros imputados (Video)
Santo Domingo, 30 mayo. — La decisión emitida la noche del viernes por la jueza Altagracia Ramírez marcó un punto de inflexión en el denominado Caso Calamar, uno de los expedientes de presunta corrupción administrativa más voluminosos y complejos impulsados por el Ministerio Público en los últimos años.
Tras una prolongada jornada de expectativa e incertidumbre en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, el tribunal dictó auto de “no ha lugar” a favor de varios de los principales acusados, entre ellos los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, al concluir que las pruebas presentadas por el órgano acusador resultaban insuficientes para justificar la apertura de un juicio de fondo en su contra.
La decisión provocó reacciones inmediatas entre los implicados. Al abandonar la sede judicial, Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas y excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), resumió su satisfacción con una expresión que rápidamente se convirtió en el símbolo de la jornada: “¡Voy con tó!”.
La frase fue pronunciada ante periodistas y simpatizantes que se encontraban en los alrededores del tribunal luego de conocerse el fallo que lo libera, al menos por el momento, de las acusaciones penales formuladas por el Ministerio Público.
La magistrada Altagracia Ramírez, titular del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, acogió parcialmente los planteamientos de varias defensas y concluyó que no existían elementos probatorios suficientes para enviar a juicio a José Ramón Francisco de Jesús Peralta, Gonzalo Castillo Terrero, Marcial Reyes, Rosa Arias Ruiz y Daniel Alberto Guerrero Mena.
En su resolución, la jueza estableció que las evidencias aportadas por el Ministerio Público no alcanzaban el estándar requerido para dictar un auto de apertura a juicio contra esos imputados, por lo que procedía el dictamen de “no ha lugar” y la consecuente exclusión de responsabilidad penal.
Como parte de la decisión, el tribunal ordenó el cese inmediato de todas las medidas de coerción de carácter personal que pesaban sobre los beneficiados por el fallo.
Asimismo, dispuso el levantamiento de diversas restricciones financieras e inmobiliarias que habían sido impuestas durante el desarrollo de la investigación.
La resolución también produjo efectos en el ámbito civil. La magistrada excluyó totalmente del proceso, en calidad de terceros civilmente demandados, a varias personas físicas y jurídicas, entre ellas César Emilio Rivas Martínez, José Martínez Quirico, Emilio Manuel y la firma legal Alexis Rodríguez y Asociados. Del mismo modo, fue rechazada la solicitud de imposición de medidas cautelares reales, incluyendo embargos y congelamiento de fondos que habían sido requeridos por la parte acusadora.
Sin embargo, el fallo no representó una victoria total para todos los acusados. La jueza decidió que el exministro de Hacienda Donald Guerrero deberá enfrentar un juicio de fondo, al considerar que existen elementos suficientes para que las acusaciones formuladas en su contra sean debatidas en una etapa posterior del proceso.
La decisión coloca a Guerrero en una situación judicial muy distinta a la de Castillo y Peralta. Ahora deberá responder ante un tribunal de fondo por los señalamientos realizados por el Ministerio Público dentro de la alegada estructura de corrupción que, según la acusación, habría operado durante la pasada administración gubernamental.
Tras conocerse el dictamen, los abogados de Donald Guerrero manifestaron su desacuerdo con la decisión y adelantaron cuestionamientos sobre la legalidad de parte de las pruebas utilizadas por el órgano acusador.
La defensa sostiene que informes elaborados por la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República presentan supuestos vicios de origen que afectarían su validez jurídica.
Además, argumenta que la acción penal en contra de su representado habría prescrito debido al tiempo transcurrido desde la ocurrencia de los hechos investigados.
Junto a Guerrero, otros 28 imputados también deberán enfrentar un juicio de fondo. Entre ellos figura el abogado Ángel Lockward, así como varios exfuncionarios y exservidores públicos vinculados al expediente.
La acusación del Ministerio Público describe una presunta red de corrupción integrada por altos funcionarios que habrían participado en maniobras irregulares relacionadas con pagos estatales, desvío de fondos públicos y financiamiento político.
Entre quienes continúan vinculados al proceso se encuentran el excontralor general de la República Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña; y los exdirectores de Casinos y Juegos de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
El Ministerio Público atribuye a los acusados delitos de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios públicos, falsificación de documentos, soborno, lavado de activos y financiamiento ilícito de campañas políticas.
Desde el inicio de la investigación, los fiscales han sostenido que el Caso Calamar constituye una de las mayores estructuras de corrupción administrativa detectadas en el país. Por esa razón solicitaron al tribunal la apertura de juicio para todos los imputados.
Las defensas, por el contrario, han insistido durante años en que el expediente carece de fundamentos sólidos y que las imputaciones responden a interpretaciones incorrectas de actos administrativos desarrollados durante la gestión gubernamental del expresidente Danilo Medina.
La jornada en el Palacio de Justicia estuvo marcada por largas horas de espera. Aunque la lectura de la decisión había sido convocada formalmente para las 3:00 de la tarde, el fallo no fue conocido hasta entrada la noche.
Durante varias horas, abogados, imputados, familiares y representantes de medios de comunicación permanecieron atentos a cualquier movimiento en el tribunal. Algunos de los involucrados se mantuvieron dentro de la sala de audiencias, mientras otros recorrían los pasillos del edificio judicial a la espera de la resolución.
La expectativa aumentaba conforme transcurría el tiempo, debido a que la decisión definiría el futuro inmediato de varios exfuncionarios que ocuparon posiciones clave durante los gobiernos del PLD.
La resolución también se produce después de más de cinco años de investigaciones y procedimientos judiciales. Los primeros interrogatorios vinculados al caso comenzaron en febrero de 2021, dando paso a una extensa fase de recopilación de pruebas, audiencias y debates procesales.
A lo largo de ese período, las defensas denunciaron reiteradamente retrasos excesivos en la tramitación del expediente y cuestionaron la validez de los informes elaborados por organismos estatales utilizados como soporte de la acusación.
Mientras los abogados de los exfuncionarios favorecidos por el “no ha lugar” celebran la decisión como una reivindicación de la inocencia de sus clientes, el Ministerio Público deberá evaluar los próximos pasos procesales, incluyendo la posibilidad de recurrir la resolución.
Entretanto, el Caso Calamar entra en una nueva etapa. Aunque algunos de sus principales protagonistas han sido excluidos del proceso, el expediente continúa vivo para decenas de acusados que ahora deberán enfrentar un juicio de fondo en el que se determinará si existió o no la estructura de corrupción descrita por la acusación.
Por lo pronto, la imagen que dejó la noche judicial fue la de Gonzalo Castillo abandonando el tribunal con una amplia sonrisa y una frase que sintetizó el sentimiento de quienes resultaron favorecidos por la decisión: “¡Voy con tó!”.