¿Y después de Friusa qué?
Por Manuel Jiménez V
La marcha reciente organizada por la Antigua Orden Dominicana en Friusa, Bávaro, no fue simplemente una manifestación más. Fue un síntoma. Un reflejo de una tensión acumulada y mal gestionada por el Estado dominicano frente a un fenómeno migratorio que lleva años creciendo sin control ni planificación.
Lo que allí se evidenció va mucho más allá de la presencia masiva de haitianos, muchos de ellos en situación irregular. Lo que quedó al desnudo es que la República Dominicana no tiene el control de su política migratoria ni del territorio en algunas zonas clave del país.
Friusa se ha convertido en un emblema de esa desidia estatal. La alta concentración de migrantes haitianos en esa comunidad no surgió de la noche a la mañana. Es el resultado de años de permisividad, indiferencia y una política migratoria basada más en operativos reactivos que en planificación estructural.
La marcha generó expectativas, incomodidades y, lamentablemente, violencia. Pero también obligó al país a mirar hacia una realidad incómoda que muchos prefieren ignorar: la convivencia tensa entre el crecimiento económico turístico y el desorden migratorio.
Las autoridades se adelantaron a prevenir, incluso con el despliegue de 2,500 agentes policiales y militares. Aun así, se produjeron incidentes. Esto no solo demuestra la falta de control, sino también una peligrosa pérdida de autoridad en zonas donde el Estado parece operar a conveniencia, cediendo espacios al caos o al miedo según sople el viento político o internacional.
Y aquí está el punto central: la política migratoria dominicana no puede limitarse a redadas o repatriaciones masivas cada vez que la presión social o mediática aumenta. Eso es pan para hoy y hambre para mañana.
Hace falta una estrategia integral, con visión a largo plazo, que incluya no solo el control fronterizo sino también una regulación efectiva del uso de la mano de obra extranjera en sectores como la construcción y la agricultura, que en los últimos años han dependido del trabajo haitiano.
No se trata de criminalizar la migración, ni de negar la contribución de los trabajadores extranjeros. Se trata de ordenar lo que hoy está completamente desbordado. ¿Cuántos trabajadores haitianos son necesarios para sostener el crecimiento turístico en Punta Cana? ¿Cuántos en la agricultura? ¿Cuántos en el comercio informal o el trabajo doméstico? No lo sabemos. Y si lo sabemos, nadie lo dice, ni lo regula.
Es urgente establecer cuotas de trabajo legal, documentadas, supervisadas, y consensuadas con los sectores económicos involucrados. Que los empresarios, tanto del turismo como del agro, así como del comercio asuman su parte de responsabilidad. Porque no puede ser que se beneficien del trabajo migrante y luego se laven las manos cuando el problema estalla en las calles.
La situación en Haití, por otro lado, no muestra señales de mejora. Todo lo contrario. El colapso del Estado haitiano seguirá empujando a miles de personas hacia nuestro territorio.
Pretender cerrar la frontera como si fuera una compuerta hermética es una ilusión. Pero tampoco se puede permitir una ocupación gradual y sin control de zonas estratégicas del país.
El Estado dominicano debe reforzar su presencia en la frontera, pero también en ciudades como Santiago, Santo Domingo o La Altagracia, donde el fenómeno migratorio ya está impactando la dinámica social y laboral.
Lo más grave que reveló Friusa no fue la cantidad de migrantes, sino la incapacidad del gobierno para ejercer autoridad plena en su territorio. Si la marcha no pudo transitar libremente por ciertos sectores porque “no se garantizaba la seguridad”, entonces no estamos ante una situación migratoria: estamos ante una crisis de soberanía.
Después de Friusa, el país no puede seguir actuando como si nada. Hay que asumir que el problema migratorio haitiano no se resolverá solo. Hay que tomar decisiones firmes, valientes, organizadas porque el tiempo que se pierde en parches y discursos, se gana en desorden, tensiones sociales y pérdida de control. Y eso, a la larga, lo pagamos todos.
