Aplazan para el 21 de agosto reanudación de juicio en caso de Súper Tucanos
Santo Domingo, 17 agosto – El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional de la República Dominicana dispuso este jueves que el nuevo juicio relacionado con el caso Super Tucano dará inicio el próximo 21 de agosto.
En este juicio, el Ministerio Público acusa a varios personas, entre ellas el ex ministro de Defensa, Pedro Rafael Peña Antonio, de haber recibido sobornos por un total de US$3.5 millones de la empresa brasileña Embraer, con el propósito de asegurar su posición como proveedora de ocho aviones Super Tucano.
La fiscal Rosa Alba García, representante de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), informó que el aplazamiento del inicio del juicio se debió a la situación de salud de una de las partes que representa a la empresa Magycor, quien actualmente está recibiendo atención médica.
La agenda de audiencias, que estaba programada para comenzar en el día de hoy, se mantiene con las fechas previamente establecidas para el 21 y 28 de agosto, siempre que las circunstancias lo permitan, según aclaró la fiscal.
El nuevo juicio se lleva a cabo luego de que la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional aceptara la solicitud del Ministerio Público para anular en su totalidad la sentencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado el 30 de septiembre de 2022.
Los acusados en este caso incluyen al mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, exministro de Defensa; el coronel Carlos Piccini Núñez, exdirector de Proyectos Especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD); el empresario Daniel Aquino Hernández; así como las empresas 4D Business Group y Magycor.
La acusación del Ministerio Público sostiene que los procesados recibieron sobornos por parte de Embraer con el objetivo de asegurar su selección como proveedora de ocho aviones de combate Super Tucano en el año 2007. La Pepca los acusa de haber violado varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión, y la antigua Ley 72-02 sobre Lavado de Activos.
Durante el juicio previo, el Ministerio Público solicitó al tribunal una sentencia de 10 años de prisión para Peña Antonio, Piccini Núñez y Aquino Hernández, además de una multa de US$7 millones. También se pidió el pago de una multa de 100 salarios mínimos para cada una de las compañías involucradas, pero el tribunal a cargo del proceso dispuso su libertad por faltas de pruebas.
