Dependencia energética y vulnerabilidad macroeconómica en la República Dominicana
Por Juan Temístocles Montás
Una de las debilidades estructurales más persistentes de la República Dominicana es su elevada dependencia de las importaciones de combustibles fósiles. Alrededor del 89% de las necesidades energéticas del país se cubren con hidrocarburos (petróleo crudo, derivados y gas natural) y carbón; de ese total, cerca del 75% corresponde a hidrocarburos. No se trata de un problema coyuntural, sino de una realidad profundamente arraigada en el modelo económico nacional. Al depender casi totalmente de las importaciones de los hidrocarburos, la economía dominicana queda totalmente expuesta a cualquier perturbación en los mercados energéticos. Pero el problema no termina ahí. Esa dependencia, además, está fuertemente concentrada en pocos proveedores, –principalmente Estados Unidos –, lo que amplifica significativamente los riesgos. La combinación de dependencia total y concentración geográfica convierte a la energía en un canal permanente de transmisión de inestabilidad hacia la economía dominicana.
El crecimiento económico es el primer afectado. Cuando aumentan los precios del petróleo, el país se ve obligado a transferir ingresos hacia el exterior. Los hogares destinan una mayor proporción de su presupuesto a combustibles, electricidad y transporte, mientras que las empresas enfrentan mayores costos de producción. El resultado es una reducción del consumo, menor inversión y, en última instancia, una desaceleración del crecimiento. En un país que apenas creció 2.1% en 2025, este factor no puede ser subestimado. La inflación también se ve impactada. En la economía dominicana, el transporte desempeña un papel clave como mecanismo de transmisión de los aumentos en los precios de los combustibles. Cuando sube el petróleo, aumentan los costos de transporte y, con ello, los precios de los alimentos, los bienes de consumo y los materiales de construcción. Esto genera presiones inflacionarias que afectan directamente el poder adquisitivo de la población, especialmente de los sectores más vulnerables. Pero los efectos no se limitan al crecimiento y la inflación. También se manifiestan en las finanzas públicas y en la balanza de pagos. En el ámbito fiscal, el aumento de los precios de los hidrocarburos enfrenta al Gobierno a una disyuntiva compleja: trasladar el incremento a los consumidores, con el consiguiente costo social y político, o absorberlo mediante subsidios, con el consiguiente costo fiscal. En la práctica, suele producirse una combinación de ambas opciones, lo que termina debilitando el espacio fiscal y reduciendo la capacidad del Estado para invertir en áreas clave para el desarrollo. En cuanto a la balanza de pagos, el incremento de la factura petrolera eleva la demanda de divisas, deteriora la cuenta corriente y presiona el tipo de cambio. En una economía abierta como la dominicana, estos efectos pueden amplificar las tensiones macroeconómicas.
El impacto simultáneo sobre el crecimiento, la inflación, las finanzas públicas y la balanza de pagos pone de manifiesto que la vulnerabilidad energética no es un problema sectorial, sino un factor estructural que condiciona el desempeño económico del país. La pregunta, entonces, no es si el país puede evitar los shocks externos —porque no puede—, sino cómo reducir su exposición a ellos. Y es aquí donde la política pública adquiere un papel central. La primera tarea es acelerar la transición hacia energías renovables, reduciendo gradualmente la dependencia de los combustibles fósiles. La segunda consiste en abordar de manera integral la crisis del sector eléctrico, cuyas pérdidas y subsidios representan una carga creciente para las finanzas públicas. La tercera es profundizar las políticas de eficiencia energética, con el objetivo de reducir la intensidad energética del crecimiento económico. Y la cuarta, no menos importante, es diversificar las fuentes de abastecimiento, disminuyendo la elevada concentración en un solo suplidor.
Paralelamente, se hace necesario diseñar mecanismos fiscales que permitan manejar los shocks petroleros sin comprometer la inversión pública. No se trata de eliminar los subsidios de manera abrupta, sino de hacerlos más eficientes, focalizados y sostenibles.
Cada vez que el petróleo sube sustancialmente, la economía dominicana entra en tensión significativa. Por ello, más que reaccionar ante estos episodios, el país debe anticiparse. Convertir la política energética en un eje central de la estrategia de desarrollo no es una opción, sino una necesidad.
Porque mientras la economía siga dependiendo casi totalmente de energía importada y altamente concentrada, continuará siendo vulnerable a factores que escapan completamente a su control.
Y en un mundo cada vez más incierto, esa vulnerabilidad puede resultar demasiado costosa.
