El error de aumentar el 0.15 % al 0.20 %: Penalizar la bancarización y premiar el efectivo
Rodolfo Dauhajre
La propuesta de aumentar de 0.15 % a 0.20 % el impuesto sobre cheques y transferencias electrónicas merece una reflexión profunda. No se trata simplemente de un ajuste tributario más. Se trata de una medida que envía un mensaje equivocado en un momento en que el país necesita exactamente lo contrario.
Durante años, el Estado dominicano ha promovido la formalización de la economía, la inclusión financiera, la reducción del uso del efectivo y el fortalecimiento de los controles contra el lavado de activos. Los bancos invierten millones en sistemas de cumplimiento, monitoreo y trazabilidad. Las empresas son cada vez más fiscalizadas y se les exige operar dentro del sistema financiero formal.
Sin embargo, el impuesto a los cheques y transferencias crea una contradicción evidente: castiga precisamente a quienes utilizan los canales formales.
Cada vez que una persona o empresa realiza un pago mediante transferencia o cheque a un tercero, paga un impuesto adicional. En cambio, quien retira efectivo y realiza la misma operación fuera del sistema financiero evita dicho costo.
El resultado es predecible: se crea un incentivo económico para utilizar efectivo.
En sectores de alto volumen y márgenes reducidos, el impacto es aún más evidente. En el mercado cambiario, por ejemplo, donde las operaciones se realizan sobre márgenes muy estrechos, un impuesto de esta naturaleza puede representar una parte importante de la rentabilidad de cada transacción. Lo mismo ocurre en actividades de importación, distribución, comercio mayorista y otras industrias que dependen de un flujo constante de pagos bancarios.
La consecuencia es que muchas personas optan por retirar dinero de una entidad financiera y trasladarlo físicamente para completar una operación. Paradójicamente, luego el sistema cuestiona el origen de esos fondos cuando son depositados nuevamente, aun cuando el propio esquema tributario fue el que incentivó el uso del efectivo.
Desde la perspectiva de la prevención del lavado de activos, la medida también resulta cuestionable. Las transferencias bancarias dejan rastros, registros, fechas, cuentas y beneficiarios identificables. El efectivo, por naturaleza, reduce la trazabilidad. Si el objetivo es que más operaciones queden registradas dentro del sistema financiero, gravarlas con una carga adicional parece caminar en dirección opuesta.
También existe un problema de acumulación tributaria. Cuando una persona compra un inmueble, un vehículo o cualquier otro bien, ya paga impuestos asociados a esa operación. Sin embargo, al momento de realizar el pago mediante transferencia o cheque, vuelve a ser gravada por el simple hecho de utilizar el sistema financiero para cumplir con la transacción.
En otras palabras, no se grava una manifestación adicional de riqueza. Se grava el mecanismo utilizado para pagar.
Las economías modernas avanzan hacia una mayor digitalización de los pagos porque eso reduce costos, aumenta la transparencia y fortalece la capacidad de supervisión del Estado. En República Dominicana, sin embargo, seguimos aplicando un impuesto que penaliza precisamente ese comportamiento.
La discusión no debería ser cómo aumentar este impuesto, sino si todavía tiene sentido mantenerlo.
Si el país quiere más formalidad, más bancarización, más transparencia y más control sobre los flujos financieros, debe incentivar el uso de transferencias y cheques, no castigarlo.
Aumentar la tasa de 0.15 % a 0.20 % solo profundizaría una distorsión que existe desde hace años. Y mientras más costoso sea operar dentro del sistema financiero, más atractivo será operar fuera de él.
La mejor política pública es aquella que alinea los incentivos con los objetivos que persigue. Penalizar la bancarización mientras se promueve la formalización es una contradicción que el país no debería seguir ampliando.