Abinader advierte que Policía seguirá buscando a prófugos mientras Gobierno amplía estrategia preventiva ante inquietud por delincuencia

Santo Domingo, 29 sept..– En medio de la creciente inquietud ciudadana por la delincuencia y del debate generado por las actuaciones de la Policía Nacional, particularmente por las muertes de presuntos delincuentes durante los denominados intercambios de disparos, el presidente Luis Abinader advirtió que las autoridades continuarán ejecutando operativos de búsqueda y captura contra personas con órdenes de arresto pendientes, al tiempo que presentó los avances de una estrategia integral de seguridad ciudadana basada en la prevención comunitaria, la intervención territorial y la inclusión social de jóvenes vulnerables.
Durante LA Agenda Semanal, celebrada este lunes 28 de septiembre y dedicada a la seguridad ciudadana, el mandatario defendió las actuaciones dirigidas a localizar a personas vinculadas con hechos criminales y sostuvo que una proporción significativa de los individuos perseguidos por las autoridades acumula múltiples órdenes judiciales.
Según afirmó, el 80 % de los presuntos delincuentes capturados o fallecidos durante enfrentamientos con agentes policiales son sospechosos de homicidio y tienen en su contra más de dos órdenes de arresto.
“Entonces a esa lista se va a ir a buscar. O se entregan o se buscan y la orden que hay es que se busquen antes de que maten a otro ciudadano o de que casi maten a otro policía”, expresó el jefe de Estado, al reiterar su llamado a quienes tienen procesos judiciales pendientes para que se entreguen voluntariamente.
Abinader insistió en que las autoridades no esperarán a que esas personas cometan nuevos delitos para proceder a su localización y captura.
El gobernante también manifestó preocupación por lo que describió como una actitud desafiante de algunos individuos perseguidos por la justicia, quienes utilizan las redes sociales para exhibir armas de fuego, realizar disparos y provocar públicamente a las autoridades.
“Desafían tanto que hasta en las redes sociales cogen y empiezan a disparar y empiezan a enseñar sus armas. A veces, se buscan y se encuentran las pistas hasta en las mismas redes sociales, desafiando a la autoridad y eso no se puede permitir en ninguna sociedad”, manifestó.

Debate por las muertes durante intervenciones policiales

Las declaraciones presidenciales se producen en momentos en que las actuaciones de la Policía Nacional generan cuestionamientos en distintos sectores de la sociedad, luego de que más de 20 personas señaladas como presuntos delincuentes murieran durante los últimos días en incidentes que la institución ha reportado como intercambios de disparos.
En los comunicados difundidos sobre estos acontecimientos, las autoridades policiales han sostenido que los fallecidos, a quienes generalmente identifican como reconocidos delincuentes, enfrentaron a las unidades actuantes con armas de fuego, lo que obligó a los agentes a responder a los ataques.
Sin embargo, la sucesión de estos episodios ha reavivado la discusión pública sobre los procedimientos utilizados durante las intervenciones policiales, la necesidad de esclarecer las circunstancias de cada fallecimiento y la obligación de garantizar que las personas perseguidas por la comisión de delitos sean sometidas a los tribunales.
El debate se desarrolla en un contexto en el que convergen las demandas ciudadanas de mayor protección frente a la criminalidad y las preocupaciones sobre el respeto a la vida, el debido proceso y los límites legales del uso de la fuerza por parte de los organismos de seguridad.
En ese escenario, el Gobierno presentó durante el mismo encuentro los componentes de su política de seguridad ciudadana, con la que procura combinar la persecución del delito con intervenciones sociales orientadas a reducir los factores que generan violencia y conflictividad en las comunidades.

Intervención territorial: Villas Agrícolas como primer proyecto

Uno de los principales componentes expuestos por las autoridades fue el programa denominado Construcción Comunitaria del Orden, concebido para trasladar las políticas nacionales de seguridad a los barrios mediante diagnósticos territoriales, coordinación institucional y seguimiento permanente de las intervenciones.
Laura Rodríguez, representante de Políticas Públicas del Ministerio de Interior y Policía, explicó que el Programa de Intervención Integral por la Seguridad Ciudadana comenzó en Villas Agrícolas, donde se han desarrollado más de 120 actividades comunitarias, instalado 348 luminarias y validado 63 cámaras del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911.
La funcionaria precisó que 20 instituciones participan en las intervenciones destinadas a corregir deficiencias de servicios y atender problemas identificados en ese sector del Distrito Nacional.
Según Rodríguez, durante los primeros dos meses de ejecución del programa se ha registrado una reducción de los robos reportados, resultado que atribuyó a la coordinación de las distintas instituciones involucradas.

Faride Raful anuncia fortalecimiento de las denuncias y medidas preventivas

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, explicó que la estrategia gubernamental también contempla facilitar el acceso ciudadano a la justicia local, modernizar los mecanismos de recepción de denuncias y fortalecer las acciones preventivas en las comunidades.
Indicó que la plataforma digital de la Policía Nacional permite dar seguimiento a las denuncias y garantizar su trazabilidad, mientras que los destacamentos policiales han recibido instrucciones de aceptar todas las denuncias presentadas por los ciudadanos, sin excepciones.
Entre las iniciativas preventivas mencionó el programa Escuelas Abiertas, mediante el cual se aprovechan los planteles educativos fuera del horario regular para desarrollar actividades recreativas, educativas y formativas dirigidas principalmente a niños, adolescentes y jóvenes.
Raful también destacó las medidas destinadas a mejorar la convivencia comunitaria, entre ellas el control de la contaminación sónica, la fiscalización de establecimientos dedicados al expendio de bebidas alcohólicas y la gestión de la viabilidad vial, con el propósito de reducir conflictos sociales y prevenir accidentes de tránsito.
En cuanto a la distribución de los recursos policiales, explicó que las autoridades utilizan mapas de calor para identificar las zonas con mayor incidencia de homicidios y robos, permitiendo concentrar en esos territorios el patrullaje y los recursos adicionales de seguridad.

Programa Oportunidad 14-24 reporta más de 35,800 graduados

La prevención del delito mediante la inclusión social y laboral de jóvenes en condiciones de vulnerabilidad constituyó otro de los aspectos abordados durante el encuentro encabezado por Abinader.
Víctor Alexander Mordán, director ejecutivo del programa Oportunidad 14-24, explicó que la iniciativa gubernamental está dirigida especialmente a jóvenes que viven en condiciones de extrema pobreza y enfrentan dificultades para acceder a la educación y al mercado laboral.
Informó que, al cierre del primer semestre de 2026, el programa había graduado a 35,802 estudiantes, mientras que cerca de 7,000 permanecen incorporados a las aulas.
Asimismo, señaló que la proyección oficial es superar los 40,000 graduados al finalizar el presente año.
Mordán destacó que más de 14,000 jóvenes beneficiarios han logrado incorporarse formalmente al mercado laboral, resultado que, a su juicio, demuestra la importancia de ofrecer alternativas educativas y económicas como mecanismo para prevenir la delincuencia y contribuir a la pacificación de los territorios.
El funcionario explicó que el programa combina formación técnica, acompañamiento psicosocial, estipendios económicos, alimentación y entrega de capital semilla en especie para facilitar el desarrollo de emprendimientos.
Sostuvo que esta combinación de oportunidades educativas, laborales y sociales constituye uno de los instrumentos de prevención que impulsa el Gobierno, al considerar que la falta de alternativas para los jóvenes vulnerables representa uno de los factores que deben atenderse dentro de una política integral de seguridad ciudadana.

Persecución del delito y prevención social, los dos componentes de la estrategia

Las exposiciones oficiales colocaron sobre la mesa dos dimensiones de la política gubernamental: por un lado, la persecución de personas requeridas por la justicia y, por otro, las intervenciones comunitarias dirigidas a reducir las condiciones sociales asociadas con la violencia y la criminalidad.
El pronunciamiento del presidente Abinader sobre la continuidad de los operativos policiales se produce, sin embargo, en medio de una discusión que trasciende las estadísticas de seguridad y alcanza los procedimientos empleados por los agentes durante las actuaciones en las que han fallecido personas señaladas como presuntos delincuentes.
De acuerdo con una publicación de Diario Libre del 28 de septiembre, durante el presente mes se habían registrado al menos 40 muertes de hombres en los llamados intercambios de disparos con agentes policiales, una cifra que ha contribuido a intensificar el debate público sobre esas intervenciones.
Mientras las autoridades sostienen que sus operativos buscan enfrentar a personas vinculadas con hechos criminales y evitar nuevas víctimas, permanece abierta la discusión sobre la necesidad de que esas actuaciones se desarrollen dentro del marco legal, con investigaciones que permitan establecer las circunstancias de cada muerte y las responsabilidades correspondientes.
La seguridad ciudadana, de acuerdo con los planteamientos presentados por el propio Gobierno, no se limita a la persecución policial, sino que comprende también la prevención social, el fortalecimiento institucional, la participación comunitaria y la creación de oportunidades para la población juvenil.
En ese contexto, el desafío que plantea la actual situación es responder a la demanda de mayor protección de los ciudadanos, garantizando simultáneamente el cumplimiento de las órdenes judiciales, el respeto al debido proceso y la rendición de cuentas sobre las actuaciones de los organismos encargados de hacer cumplir la ley.