Abinader dispone que compras públicas para programas sociales se destinen exclusivamente a mipymes industriales
Santo Domingo, 29 sept.— El presidente Luis Abinader emitió el Decreto 672-26, mediante el cual instruye a las instituciones públicas a dirigir exclusivamente a las micro, pequeñas y medianas industrias los procedimientos de contratación destinados a programas sociales, alivio a la pobreza, alimentación, vestimenta, insumos escolares y salubridad social.
La disposición se enmarca en la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas y su Reglamento de Aplicación, establecido mediante el Decreto 52-26. Su objetivo es fortalecer el desarrollo económico nacional, impulsar la producción local y estimular la generación de empleos.
Con esta medida, el Gobierno busca respaldar el tejido productivo dominicano y promover la inclusión social, la sostenibilidad medioambiental y la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
El decreto establece que las compras vinculadas a programas especiales de asistencia deberán orientarse a la adquisición de bienes y servicios de origen y manufactura dominicana, sin intermediación no autorizada.
La disposición abarca al Ministerio de Educación (Minerd), el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), el Servicio Nacional de Salud (SNS), el Gabinete de Políticas Sociales, Supérate y el Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/CAL).
También comprende a los ministerios de Defensa y de la Vivienda, así como a otras dependencias estatales que desarrollan iniciativas de protección social y sectorial.
Para participar en estos procedimientos, las empresas deberán disponer del Registro Industrial expedido por el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria) y de la certificación Mipymes o Mipymes Mujer, otorgada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM). Además, deberán estar inscritas en el Registro de Proveedores del Estado (RPE).
La normativa crea una Mesa de Articulación Interinstitucional entre el MICM y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), responsable de dar seguimiento a su ejecución, coordinar la oferta productiva y asegurar el cumplimiento de las disposiciones.
Como parte de la implementación, el decreto concede al MICM un plazo máximo de cuatro meses para realizar un levantamiento exhaustivo de los bienes y servicios que ofrece el sector industrial local.
Asimismo, instruye a Proindustria a modernizar y digitalizar el Registro Industrial, con el propósito de garantizar la trazabilidad de la oferta nacional y su interoperabilidad con el sistema de compras públicas.