Abinader en Punta Catalina: aún perdiendo gana

Ignacio Nova[email protected]

 La política ver­nácula se ha ejercido des­de el precep­to “abajo el de arriba”. Según este, la opo­sición niega calidades bá­sicas a todo acto de los go­biernos vigentes.

Nuestras organizaciones políticas han sido exitosas en conformar un numeroso equipo de comunicadores y opinóbulos radicalizados cuyo rol es negar validez a las iniciativas de sus con­trarios. Su slogan de tribu y secta impulsa una oposi­ción dura y post-uasdiana: “Jamás coincidir con el ene­migo”.

La energía mediática con la cual la oposición al gobierno de Luis Abinader se lanzó contra el Contra­to formativo del Fideico­miso Punta Catalina (FC­TPC), aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 21 de octubre del pasado año, superó los megatones de las expe­riencias anteriores.

Al propiciarlas, no se re­paró en escudar la propia imagen y credibilidad. Re­currieron a falsedades in­fantiles, útiles al menos porque: 1) los políticos sa­ben que en la actual coyun­tura la política no es pasa­tiempo o deporte nacional; 2) la gente desconoce el sis­tema jurídico vinculante a las acciones públicas.

Consecuentemente, el contrato para crear la FC­TPC se atacó por: a) “no garantizar” la propiedad pública sobre esta y 2) “no existir” una ley nacional de fidecomisos.

Argumentos falsos. Exis­te la Ley 189-11.

Otros aspectos, verbigra­cia que Punta Catalina es­taba siendo vendida, etc., fueron fárragos derivativos de tales presupuestos.

Vadeando las aguas de una confrontación que pu­diera otorgar vigencia a los opositores, el Gobier­no optó por continuar eli­minando minas del terri­torio cotidiano nacional. Urgido del camino franco para la recuperación eco­nómica, evitó un clima de inestabilidad que pudiese devaluar la atención que requiere el desarrollo y la armonía sociedad-gobier­no. Solicitar al Senado re­tirar ese Contrato contri­buyó a tal clima de paz, negocios e iniciativas, y la oposición siente que ganó logrando tal retiro.

Todos felices.

Interiormente, el presi­dente debe estar riendo. Al Perder, ganó mucho ante los empresarios, a quienes pertenece, y frente sus go­bernados deseosos de vivir tranquilos, superar la situa­ción de Covid-19 y los des­asosiegos.

El acápite 6.1 de di­cho contrato, fijaba co­mo fines del FCTPC, “Preservar y optimizar la operación” de la ter­moeléctrica, “así como la ejecución de las actua­ciones y obras necesarias para su conservación y mantenimiento”. Tam­bién “Recibir y conser­var en propiedad fiducia­ria los bienes y derechos transferidos al patrimo­nio Fideicomitido” (7.1) y, más específico: custo­diar y administrar ese pa­trimonio en beneficio del ESTADO DOMINICANO, en calidad de Fideico­mintante y de Fideicomi­sario” (7.3).

Sin aporte del Fideicomi­sario, no puede tratarse, en caso alguno, de un acto de venta.

Al transferir Punta Ca­talina a una entidad para-oficial por doble vía (la re­cibiría una entidad pública, la Fiduciaria Banreservas, propiedad del banco ho­mónimo, de acciones ma­yoritariamente públicas), la CTPC no estaba siendo enajenada; sí construida en “fideicomiso público e irre­vocable” capaz de recibir activos, bienes y derechos de fideicomitantes adhe­rentes.

Luis Abinader prefirió, pues, una vía no orgánica para crear una CTPC capaz de captar inversiones priva­das y adquirir instrumentos y servicios financieros “que ofrezcan mayor rendimien­to y utilidad”.

Queda abierta la opción de convertirla en empre­sa pública descentralizada. Después, claro, del resulta­do de las anunciadas vistas públicas.