Abinader frente a Haití: La soberanía resguardada
Por Pedro Richardson
Durante seis años, el presidente Luis Abinader ha ejecutado la política fronteriza más firme en la historia de República Dominicana. Muro, deportaciones y negativa a los campos de refugiados no son improvisaciones, son una doctrina de Estado sintetizada en esta expresión: "no existe una solución dominicana a la crisis haitiana".
Esa afirmación pronunciada por el presidente Luis Abinader ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y repetida por él desde 2021, no fue un recurso retórico. Se convirtió en la columna vertebral de la política exterior y de seguridad nacional del país. Por primera vez, un mandatario dominicano asumió públicamente que República Dominicana no puede, no debe y no va a cargar con la crisis de su vecino.
Esta política está soportada en hechos y el muro es uno de ellos.
Por más de tres décadas, la construcción de una verja en la frontera fue una promesa de campaña recurrente y nunca cumplida. El presidente Abinader inició su construcción el 20 de febrero de 2022.
A la fecha, 75 kilómetros de verja perimetral inteligente están levantados. Se trata de una infraestructura que integra cámaras de vigilancia, radares, sensores de movimiento, drones y torres de control. En las zonas donde ya opera, las autoridades reportan una reducción de hasta un 85% en el robo de ganado y vehículos.
El modelo ha trascendido nuestras fronteras. En enero de 2026, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, visitó República Dominicana específicamente para conocer la experiencia de la verja fronteriza. Cuando una política nacional se convierte en referencia regional, deja de ser un gesto y se convierte en un modelo.
A la par del muro, el Gobierno desplegó 11,000 efectivos militares a lo largo de los 395 kilómetros de frontera. Se trata del mayor despliegue en la historia del país.
Esa presencia permitió al Estado actuar con firmeza en momentos críticos, como en septiembre de 2023, cuando ante la construcción unilateral de un canal sobre el Río Masacre, el Gobierno ordenó el cierre total de la frontera, la suspensión del espacio aéreo y de la emisión de visados.
La medida fue criticada por sectores internacionales, pero estableció un precedente: República Dominicana no negociará su soberanía territorial.
En octubre de 2024, el Gobierno anunció un plan operativo para ejecutar hasta 10,000 repatriaciones semanales de ciudadanos haitianos en situación irregular. En 2025, la Dirección General de Migración deportó a 379,553 personas, un 37.4% más que en 2024. Solo entre enero y febrero de 2026, se registraron 67,940 deportaciones.
Cuando organismos internacionales solicitaron detener las deportaciones, el presidente respondió con una claridad inusual en la diplomacia dominicana: no solo se continuaría, sino que se incrementarían.
La posición del Gobierno es que la aplicación de la Ley General de Migración no es un acto de hostilidad, sino el ejercicio básico de soberanía que practican todos los Estados. Un país que no controla quién entra a su territorio, no controla su futuro.
La política fronteriza tuvo también un impacto directo en el sistema de salud. El Gobierno dispuso que los hospitales públicos prioricen la atención a ciudadanos dominicanos.
Entre enero y julio de 2026, los partos de madres haitianas atendidos en la red pública se redujeron en un 50.4%, al pasar de 11,951 en igual período de 2025 a 5,931. El dato refleja que miles de mujeres dominicanas recuperaron acceso prioritario a camas y atención médica en su propio país.
Quizás la decisión más trascendente del presidente Abinader fue su negativa rotunda a instalar campos de refugiados en territorio dominicano, pese a la presión de organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales.
En entrevista con la BBC, el mandatario fue categórico: no lo haría por razones históricas y de seguridad.
La experiencia internacional demuestra que los campos de refugiados, concebidos como temporales, tienden a convertirse en asentamientos permanentes, con costos de seguridad, sanitarios y presupuestarios que terminan recayendo sobre el país receptor. Abinader evitó que República Dominicana asumiera esa carga.
La firmeza fronteriza no ha significado indiferencia. República Dominicana aportó 20 millones de dólares a la Fuerza de Supresión de Pandillas autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU y facilita el tránsito de personal, equipos y suministros humanitarios a través de su territorio.
El país coopera con la misión internacional, pero no integra sus tropas, en cumplimiento del principio de la ONU que impide que un país fronterizo participe en intervenciones directas en su vecino. Como explicó el canciller Víctor Bisonó, esa participación comprometería la imparcialidad y convertiría a República Dominicana en parte del conflicto.
El legado de Luis Abinader frente a Haití se medirá por hechos verificables: un muro construido, una frontera vigilada por 11,000 soldados, una ley migratoria aplicada, hospitales priorizados para dominicanos y una negativa firme a los campos de refugiados.
Abinader no es anti-haitiano. Es pro-dominicano. Y en un contexto en que Haití enfrenta el control territorial de pandillas y la comunidad internacional muestra incapacidad para estabilizarlo, tener un presidente que garantice la paz en República Dominicana no es un gesto ideológico. Es una obligación de Estado.
Como él mismo lo definió: "Mi responsabilidad comienza en la frontera, garantizando una frontera más segura". Y esa responsabilidad la ha cumplido.