Abinader ordena publicar auditorías de instituciones públicas desde octubre en medio de debate sobre su alcance legal
Santo Domingo, 4 sept.– El presidente Luis Abinader dispuso que a partir del próximo 1 de octubre comiencen a hacerse públicos los resultados de las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República (CGR) a instituciones del Estado correspondientes a los primeros cuatro años de su administración, retomando una iniciativa aplicada parcialmente en 2023 y que entonces generó debates sobre el alcance y la naturaleza jurídica de esos informes.
La información fue divulgada este jueves y recogida por distintos medios nacionales, que señala que los informes correspondientes al período agosto de 2020-agosto de 2024 serán publicados progresivamente, conforme la Contraloría concluya los procesos en las diferentes dependencias estatales.
Abinader explicó que se trata de auditorías realizadas por la Contraloría General de la República y aclaró que son independientes de las fiscalizaciones que corresponde realizar a la Cámara de Cuentas, órgano constitucional encargado del control externo sobre los recursos públicos.
La decisión presidencial se produce después de que se conociera que la Contraloría había rechazado solicitudes para entregar varios de esos informes, argumentando que la Ley 10-07, que regula el Sistema Nacional de Control Interno, no establece la obligación de publicar automáticamente las auditorías internas una vez concluidas. La institución sostuvo además que correspondía esperar su oficialización a través del Poder Ejecutivo.
La controversia adquirió mayor dimensión porque la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública establece, por otro lado, el derecho de los ciudadanos a obtener documentos creados o bajo control de organismos públicos, incluyendo información financiera relacionada con el presupuesto estatal, aunque contempla excepciones para borradores o documentos que todavía no sean definitivos.
Una experiencia que ya tuvo cuestionamientos
No es la primera vez que Abinader dispone la publicación de auditorías de la Contraloría. En abril de 2023, el entonces contralor Félix Santana García anunció que la institución divulgaría los resultados de todos los informes y auditorías practicados a organismos estatales, indicando que era interés del mandatario que al finalizar su gestión las auditorías estuvieran actualizadas y disponibles para conocimiento de la población.
El 26 de junio de ese mismo año, Abinader defendió personalmente la iniciativa y afirmó que era la primera vez, en los entonces 94 años de existencia de la Contraloría, que un presidente solicitaba realizar y publicar esos trabajos para conocimiento de la ciudadanía. El gobernante vinculó la medida con su promesa de campaña de transparentar la utilización de los impuestos pagados por los dominicanos.
Sin embargo, la publicación provocó cuestionamientos y discusiones entre abogados, especialistas en administración pública y sectores políticos acerca de las diferencias entre las facultades de la Contraloría y las atribuciones constitucionales de la Cámara de Cuentas.
La discusión se centró principalmente en que la Contraloría es el órgano rector del control interno del Poder Ejecutivo, conforme al artículo 247 de la Constitución y la Ley 10-07, mientras la Cámara de Cuentas ejerce el control externo sobre el patrimonio, los ingresos, gastos y uso de los recursos públicos.
El debate jurídico de entonces incluyó cuestionamientos sobre una eventual invasión de atribuciones de la Cámara de Cuentas, aunque especialistas defendieron la facultad de la Contraloría para efectuar evaluaciones y auditorías internas dentro del Poder Ejecutivo. Un análisis jurídico publicado en Diario Libre en julio de 2023 recogió precisamente las posiciones encontradas sobre las facultades de la CGR y la alegada usurpación de competencias de la Cámara de Cuentas.
Solo una parte de las auditorías llegó a publicarse
En septiembre de 2023, la Contraloría anunció una segunda publicación de informes. La Presidencia informó entonces que, por instrucciones de Abinader, se estaban colocando en el portal institucional auditorías correspondientes a organismos como Cestur, Conani, el Consejo Estatal del Azúcar, Desarrollo Fronterizo, Inabie, Inaipi, Intrant, ITLA, los ministerios de Defensa, Turismo, Deportes, Energía y Minas y Educación Superior, además de Promese/CAL y la Superintendencia de Electricidad, entre otras entidades.
No obstante, el programa de divulgación perdió continuidad. Una investigación publicada esta semana por Diario Libre estableció que actualmente aparecen 38 auditorías en el portal de la Contraloría y que apenas tres corresponden a 2026. El periódico señala que entre 2023 y 2025 se realizaron unas 390 auditorías, por lo que los informes publicados representan una pequeña proporción de los trabajos efectuados.
El mismo medio recordó que en 2020 Abinader ordenó auditorías a instituciones para examinar la administración anterior y que, en 2022, anunció auditorías sobre su propia gestión. En su rendición de cuentas del 27 de febrero de 2022, el mandatario había informado que estos trabajos serían realizados a través de la Contraloría y entregados a la Cámara de Cuentas o al Ministerio Público cuando correspondiera.
Contraloría había defendido reserva de los informes
El actual contralor general, Geraldo Espinosa Pérez, había sostenido antes del nuevo anuncio presidencial que la Ley 10-07 no obliga a la institución a publicar automáticamente sus auditorías. Según su interpretación, la finalidad primordial de esos informes internos es que las instituciones adopten medidas correctivas frente a las deficiencias detectadas, sin que su publicación constituya necesariamente una condición para considerar terminado el proceso.
La posición había generado cuestionamientos, especialmente porque contrastaba con la política impulsada durante los primeros años del Gobierno y con la Ley de Libre Acceso a la Información Pública.
Ahora, con la nueva instrucción del mandatario, el Poder Ejecutivo asume directamente la decisión política de autorizar la divulgación de los documentos, mientras mantiene la distinción entre las auditorías internas realizadas por la Contraloría y las auditorías de control externo que constitucionalmente corresponden a la Cámara de Cuentas.
Abinader sostuvo que la publicación gradual de los informes a partir del 1 de octubre busca fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho de la ciudadanía a conocer cómo son administrados los recursos públicos.