Abogados piden a Ecuador un salvoconducto para el asilo de una exministra en Argentina
Quito, 6 dic (EFE).- El equipo legal que lleva la defensa internacional del expresidente de Ecuador Rafael Correa y sus allegados condenados por corrupción aseguró que el Gobierno ecuatoriano «debe conceder el salvoconducto» a la exministra María de los Ángeles Duarte para viajar a Argentina, donde se le concedió asilo diplomático.
En un comunicado remitido este martes, la firma de abogados belga Ius Cogens consideró «falsa» la afirmación realizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, para quien “las convenciones que norman el asilo diplomático excluyen la posibilidad de conceder asilo a personas condenadas por delitos comunes”.
El estudio, con sede en Bruselas, señaló que «dado que el juicio a María de los Ángeles Duarte fue de manifiesto injusto; no corresponde al Estado perseguidor -Ecuador-, en el ámbito de una demanda de asilo, determinar si ha violado o no los derechos fundamentales del solicitante.
Asimismo, recordó que la Relatoría Especial para la Independencia de Magistrados y Abogados (REIMA) ha interpelado a las autoridades ecuatorianas y ha manifestado su preocupación por el derecho a juicio justo en el caso «Sobornos», que terminó con la condena a Correa, Duarte y otros altos funcionarios.
El Gobierno del presidente argentino, el izquierdista Alberto Fernández, comunicó al Ejecutivo del presidente ecuatoriano, el conservador Guillermo Lasso, la decisión de conceder el asilo diplomático solicitado por Duarte, tras más de dos años refugiada en la Embajada de Argentina, en Quito, junto a su hijo menor de edad, en calidad de «huésped por razones humanitarias».
El asilo diplomático implica que Duarte salga de la embajada para viajar a Argentina, para lo que necesita que las autoridades ecuatorianas respeten la decisión del Gobierno argentino y no la detengan por la condena en firme que afronta de ocho años de prisión por cohecho.
Tras conocer la decisión tomada por Argentina, el Gobierno ecuatoriano anticipó el pasado viernes que responderá con la legislación ecuatoriana, el derecho internacional y las convenciones respectivas, al considerar que el asilo diplomático no puede concederse a Duarte por su situación judicial.
Duarte fue condenada en 2020 a ochos años de cárcel por cohecho como parte del caso «Sobornos 2012-2016», una trama de financiación irregular del entonces movimiento oficialista Alianza País, liderado por Correa, con aportes indebidos de empresas que no fueron declarados.
La exministra, que ocupó la cartera de Obras Públicas por casi dos años, entre el 19 de febrero de 2015 y el 6 de enero de 2017, se considera una perseguida política, lo que le llevó a refugiarse el 13 de agosto de 2020 en la Embajada de Argentina.
Asimismo, el expresidente Correa (2007-2017), que fue uno de los condenados a ocho años de cárcel en este mismo caso en calidad de autor mediato (con dominio y conocimiento del hecho), siempre ha negado las acusaciones en su contra y ha denunciado una persecución política para dejarlo fuera del tablero electoral.
Correa, que reside desde 2017 en Bélgica y alega tener también la condición de refugiado por las autoridades belgas para evitar la extradición solicitada por la Justicia ecuatoriana, siempre mantuvo una buena relación tanto con el actual mandatario argentino y con la vicepresidenta, Cristina Fernández.
