Abogados y empresarios advierten nuevos riesgos en la reforma laboral pese a mantener intacta la cesantía
Juristas consideran que varias disposiciones podrían generar conflictos operativos y legales para las empresas, especialmente las mipymes
Santo Domingo, 24 mayo. – Aunque dentro de la reforma al Código de Trabajo la cesantía laboral haya quedado intacta, punto de mayor controversia entre empresarios y sindicalistas, especialistas en derecho laboral consideran que el proyecto aprobado en primera discusión introduce nuevas disposiciones que podrían traer dificultades tanto para empleadores como para trabajadores.
Para el abogado laboralista Luis Vílchez, un análisis más profundo del proyecto revela cambios que, lejos de simplificar las relaciones laborales, podrían aumentar los conflictos y la incertidumbre jurídica en determinados escenarios.
“En realidad, lo que ha ocurrido con esta reforma es que ha traído nuevos problemas y nuevos inconvenientes que anteriormente en el Código de Trabajo no los teníamos y han sido más acentuados”, expresó Vílchez al evaluar el alcance de la propuesta legislativa.
Entre los aspectos que señaló figura la inclusión de nuevas causas de suspensión de contratos laborales, especialmente aquellas relacionadas con órdenes presidenciales o disposiciones de autoridades sanitarias.
Según explicó, el proyecto establece que estas medidas responderían a situaciones excepcionales calificadas por el Congreso Nacional, mientras que en casos de tormentas o huracanes el Ministerio de Trabajo podría recomendar la paralización de labores, aunque quedaría a discreción de las empresas acatar o no esa disposición.
El jurista también mostró preocupación por la flexibilización de las suspensiones laborales vinculadas a procesos judiciales.
Indicó que actualmente, cuando un trabajador es investigado o detenido, las empresas pueden suspenderlo hasta que exista una sentencia definitiva; sin embargo, con la reforma se permitiría su reintegración si se encuentra disponible para trabajar, aun cuando enfrente acusaciones delicadas como acoso laboral o violencia.
A juicio de Vílchez, esta situación podría representar un problema mayor para las micro, pequeñas y medianas empresas, debido a que muchas no cuentan con estructuras internas ni recursos suficientes para manejar conflictos laborales complejos o situaciones de riesgo dentro del entorno de trabajo.
Otro de los puntos cuestionados son las disposiciones sobre licencias médicas y accidentes laborales. El especialista sostuvo que, aunque la reforma amplía la flexibilidad para suspender labores por enfermedad común o riesgos ocupacionales, dichas licencias no siempre estarían acompañadas de remuneración económica, salvo aquellas protegidas por la Ley de Seguridad Social.
Asimismo, consideró ambiguas las normas relacionadas con el teletrabajo. Explicó que el proyecto permite que un trabajador solicite esta modalidad y, posteriormente, si la empresa requiere su regreso a la presencialidad, deberá comunicar formalmente el reintegro, quedando el empleado en libertad de aceptar o rechazar el llamado, incluso con intervención del Ministerio de Trabajo.
“Tiene disposiciones que no son atractivas para las empresas”, afirmó, al advertir que este tipo de regulaciones podría provocar mayor cautela en las contrataciones, especialmente en las mipymes.
Sobre el debate de la cesantía, Vílchez entiende que las discusiones entre el Gobierno, empresarios y sindicalistas se concentraron excesivamente en ese tema, dejando de lado otras reformas estructurales necesarias para fortalecer la productividad y mejorar las condiciones del sector empresarial.
“Se enfocó mucho en la parte de la cesantía; no parece que hubo tanta visión de buscar en estas negociaciones puntos que pudieran mejorar la situación, no solamente de las empresas grandes, también de las micro, pequeñas y medianas empresas”, manifestó.
El abogado criticó además que la reforma no contemple mecanismos especiales para aliviar las cargas laborales de las mipymes, señalando que muchas pequeñas empresas terminan siendo clasificadas como medianas o grandes, asumiendo obligaciones salariales y pasivos laborales que exceden su capacidad financiera.
En su valoración final, sostuvo que, aunque el propósito de la reforma era modernizar la legislación laboral dominicana y adaptarla a nuevas realidades económicas y sociales, varias de las nuevas figuras introducidas podrían generar mayores tensiones entre empleados y empleadores, dificultando alcanzar un clima de armonía laboral y estabilidad productiva.
Nuevo Código Laboral: avances para trabajadores y fuertes críticas del empresariado
La aprobación en primera discusión de la reforma al Código de Trabajo en la Cámara de Diputados ha reactivado el debate entre el sector empresarial y las organizaciones sindicales sobre el futuro del mercado laboral dominicano.
Mientras los trabajadores valoran la ampliación de derechos y garantías, gremios empresariales como el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) consideran que el proyecto mantiene cargas económicas que afectan la competitividad y limitan la generación de empleos formales.
La reforma introduce cambios considerados innovadores dentro del sistema laboral dominicano. Entre ellos figura la ampliación de la licencia de paternidad de dos a cuatro días laborables y la ratificación de las 14 semanas de licencia de maternidad, divididas entre períodos prenatales y postnatales, conforme a estándares internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
También fortalece la protección de las mujeres embarazadas, prohibiendo despidos durante la gestación y hasta tres meses después del parto.
Otro de los puntos destacados es la incorporación formal del teletrabajo y nuevas modalidades laborales vinculadas a la transformación digital de las empresas.
Además, el proyecto promueve procesos de conciliación entre patronos y trabajadores antes de acudir a los tribunales laborales, con el objetivo de reducir conflictos judiciales prolongados y agilizar soluciones entre ambas partes.
La propuesta también contempla nuevas regulaciones sobre jornadas laborales, vacaciones y seguridad ocupacional. Entre ellas se incluyen disposiciones para pruebas antidopaje en labores de alto riesgo y mecanismos que buscan ofrecer mayor claridad jurídica en las relaciones de trabajo.
No obstante, el principal foco de conflicto continúa siendo la cesantía laboral. La reforma mantiene intacto el derecho al auxilio de cesantía, decisión que ha sido respaldada por sindicatos y sectores laborales, pero rechazada por importantes organizaciones empresariales.
El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Celso Juan Marranzini, ha advertido en distintas ocasiones que conservar el modelo actual de cesantía “encarece el empleo formal” y dificulta que las pequeñas y medianas empresas puedan expandirse o contratar más personal.
El CONEP sostiene que el sistema dominicano representa uno de los costos laborales más elevados de la región y desincentiva la inversión.
De igual manera, la Asociación de Industrias de la República Dominicana ha expresado preocupación por lo que considera una “oportunidad perdida” para modernizar integralmente el mercado laboral.
La AIRD favorecía revisar el esquema de cesantía mediante límites o fórmulas mixtas que redujeran el impacto económico sobre las empresas.
Los empresarios también argumentan que mantener la cesantía sin modificaciones podría afectar la competitividad frente a otros países del Caribe y Centroamérica, especialmente en sectores como zonas francas, manufactura y servicios.
Según sus planteamientos, los elevados costos de desvinculación laboral provocan cautela en nuevas contrataciones y fomentan, en algunos casos, la informalidad.
Sin embargo, los sectores sindicales y laborales defienden la permanencia de la cesantía al considerarla una protección esencial para los trabajadores frente a despidos injustificados y períodos de desempleo.
Para estas organizaciones, eliminar o reducir ese beneficio habría significado un retroceso en derechos adquiridos durante décadas.
La reforma laboral todavía deberá superar nuevos debates legislativos antes de su aprobación definitiva. Entretanto, el país mantiene abierta una discusión clave: cómo equilibrar la protección de los trabajadores con la necesidad de crear un clima más competitivo para las empresas y la inversión.