Acuerdo sobre Haití
En su discurso de rendición de cuentas pronunciado ayer ante la Asamblea Nacional, el presidente Luis Abinader abordó un tema de enorme trascendencia al referirse a las repercusiones que sobre nuestra sociedad tiene la crisis que vive Haití.
Dijo: “Nunca la situación de nuestro país vecino había sido tan dramática. Haití es hoy un país devastado por las crisis, con un Estado colapsado y una comunidad internacional que no actúa”.
El presidente no se quedó solo en la descripción ni en la queja. Escarbó en las profundidades e hizo un llamado a asumir la responsabilidad para “apartar el problema haitiano de nuestra lucha partidista y que lleguemos a un gran acuerdo nacional, a un pacto de país, que nos comprometa desde nuestras posiciones y que dé una respuesta unánime en la defensa y la protección de nuestra soberanía”.
El presidente llamó a las fuerzas de la nación a integrarse en la “formulación y ejecución de políticas de Estado en materia de seguridad, defensa y política exterior, en relación con la crisis de Haití.
Especificó que el objetivo es “enfrentar el proceso de desnacionalización y la sobrecarga de servicios públicos esenciales…tanto como el rezago en la modernización y tecnificación de áreas de producción estratégicas que comprometen seriamente aspectos de la seguridad nacional”.
Este último párrafo alude a que los problemas de seguridad y de defensa que confrontamos se derivan del hecho de haber permitido la llegada masiva de cientos de miles de haitianos indocumentados que se han instalado en ocupaciones productivas a lo largo y ancho del país, desplazando a mano de obra dominicana, que ha sido obligada a su vez a emigrar al exterior, provocando así un severo proceso de desnacionalización. Y al hecho de que los andullos de remesas que nuestros exiliados económicos envían desde el exterior refuerzan este proceso.
De ahí se deriva la sobrecarga de servicios públicos esenciales, como los hospitalarios y de maternidad, así como el rezago en la modernización de la agropecuaria y de otras actividades.
El presidente hizo un enérgico llamado a acordar “un pacto de nación, para una política de Estado firme, estratégica y uniforme que proteja y dé confianza al pueblo dominicano.”
Con la sobre carga de datos y mensajes esperanzadores que el presidente Luis Abinader mencionó en su extenso discurso, los párrafos que destinó al problema haitiano son los que tienen la mayor trascendencia y repercusión para la sociedad dominicana.
El presidente puso sus manos sobre la llaga. El flujo masivo de inmigrantes haitianos indocumentados ha desbordado todos los cauces.
Y no solo obedece a la situación de calamidad que abate a la población haitiana, comprensible por la tragedia que los envuelve, sino que también es consecuencia de políticas y actuaciones propiciadas por nuestras autoridades y sectores productivos que han permeado a nuestros organismos encargados de proteger nuestra frontera llevándolos a incumplir sus obligaciones esenciales de preservación de la seguridad fronteriza.
No solo se trata de la construcción del muro, que lo es. Ni de la expulsión de inmigrantes, también necesario. O del sometimiento a la justicia de los delincuentes que facilitan el tráfico de ilegales. El asunto va más allá: hay que modificar las políticas internas que han hecho posible la avalancha de inmigrantes y el hecho de que hoy en día los dominicanos no encuentran ocupación en la agropecuaria, construcción y en áreas relevantes de los servicios. Y revisar el sistema que permite que las regulaciones se incumplan impunemente, como si estuvieran escritas en saco roto.
Y buscar respuestas a la pregunta de por qué en la agropecuaria, en la construcción y en muchos servicios solo trabajan los haitianos. Las razones están, en un alto porcentaje, en la prevalencia de un Código Laboral que no responde a la realidad que creó la ley que instituyó el sistema nacional de seguridad social en 2002, y que contiene disposiciones que provocan el aumento del pasivo laboral de muchas empresas hasta el punto de poner en riesgo su existencia.
La salida que encontraron muchas explotaciones económicas fue trabajar en el mercado informal y contratar indocumentados con la complicidad del entramado regulatorio y represivo que debió evitar que ocurriera, o no se atrevieron a modificar las regulaciones imposibles de cumplir.
Dentro de la agenda a desarrollar para establecer una visión común en este momento tan difícil para la preservación de nuestra nacionalidad y soberanía, debe ocupar lugar de principalía la revisión de todo aquello que se ha constituido en incentivo para atraer inmigrantes ilegales y desplazar a dominicanos de sus ocupaciones.
Fuente Diario Libre
