AIRD advierte empresas deberán prepararse ante responsabilidad penal que establece nuevo Código
Santo Domingo, 4 sept.– El presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Julio Virgilio Brache, afirmó que la entrada en vigencia del nuevo Código Penal contribuirá al fortalecimiento de la seguridad jurídica, la institucionalidad y la competencia leal en República Dominicana, pero advirtió que también impondrá importantes desafíos al sector empresarial.
Brache consideró necesario que las empresas comiencen a prepararse para asumir la responsabilidad penal de las personas jurídicas, una de las novedades incorporadas por la legislación y que introduce de manera directa el riesgo penal dentro de la gestión de las organizaciones.
El dirigente empresarial señaló que el nuevo Código sustituye un marco normativo que permaneció vigente durante más de un siglo, por lo que su aplicación abre un escenario diferente que obligará a las empresas a fortalecer sus programas, procedimientos y culturas internas de cumplimiento.
Brache ofreció estas consideraciones durante la apertura del Encuentro Industrial “Nuevo Código Penal: Aportes al fortalecimiento de la seguridad jurídica y la competitividad”, organizado por la AIRD y que contó con la participación de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.
El presidente de la AIRD explicó que para reducir los riesgos penales dentro de las empresas no será suficiente disponer de manuales, protocolos o códigos formales, sino que será necesaria una gestión activa orientada a identificar posibles amenazas y establecer controles efectivos para prevenir infracciones.
Según Brache, este proceso deberá incorporar la capacitación permanente del personal, mecanismos adecuados para recibir denuncias, procedimientos para investigar eventuales irregularidades y, principalmente, la integración del cumplimiento normativo como parte fundamental de las operaciones cotidianas de las empresas.
También señaló que la nueva legislación plantea interrogantes que deberán aclararse durante su aplicación, particularmente respecto de los criterios utilizados para establecer responsabilidades penales en los órganos de dirección de las compañías y los estándares de cumplimiento que serán exigidos.
Otro desafío, indicó, será determinar cómo las pequeñas y medianas empresas podrán adaptarse a las nuevas obligaciones, tomando en consideración que muchas pymes disponen de estructuras administrativas y recursos más limitados que las grandes compañías.
Procuradora: se trata de un cambio profundo
Durante el encuentro, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, afirmó que la implementación del nuevo Código Penal va mucho más allá de una simple modificación legislativa y representa un cambio profundo en el marco dogmático y procesal del sistema de justicia penal dominicano.
Ante directivos y representantes del sector industrial, Reynoso explicó la evolución experimentada por la tradición jurídica dominicana, históricamente marcada por la influencia del derecho penal francés y el Código Napoleónico de 1884, hacia concepciones contemporáneas relacionadas, entre otras, con la teoría de la imputación objetiva y el derecho penal moderno.
La magistrada destacó que la nueva legislación incorpora más de 70 nuevas tipificaciones penales, entre ellas disposiciones relacionadas con los ciberdelitos, las infracciones contra el medioambiente y la trata de personas.
Asimismo, resaltó el aumento de las penas máximas hasta 40 años de prisión para delitos considerados de extrema gravedad, además de la incorporación de un sistema de acumulación de penas que, bajo las circunstancias establecidas por la legislación, puede alcanzar hasta 60 años.
Para el sector empresarial, Reynoso identificó como uno de los cambios de mayor trascendencia la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo que obligará a las organizaciones a prestar especial atención a sus mecanismos internos de prevención, supervisión y cumplimiento.
La procuradora general destacó también que el nuevo Código consagra principios rectores fundamentales del derecho penal, entre ellos la legalidad, irretroactividad, interpretación estricta, culpabilidad, mínima intervención o ultima ratio, así como el respeto irrestricto de los derechos fundamentales.
Mayor rigor contra la corrupción
Reynoso puso especial énfasis en las disposiciones relacionadas con los delitos contra la administración pública y la corrupción, los cuales reciben una tipificación autónoma y más rigurosa dentro del nuevo marco penal.
Entre las conductas que tendrán sanciones reforzadas mencionó el peculado, la prevaricación, el desfalco y el cohecho, como parte de las herramientas contempladas para enfrentar los delitos cometidos contra el patrimonio y la administración pública.
La procuradora sostuvo que el alcance del nuevo Código obliga a comprender que su implementación no dependerá únicamente de fiscales, jueces y demás actores del sistema judicial, sino también de la capacidad de los diferentes sectores de la sociedad para conocer las nuevas disposiciones y adecuar sus actuaciones al marco establecido.
Industriales plantean inquietudes
Tras la exposición de Reynoso se desarrolló un panel de preguntas moderado por el vicepresidente ejecutivo de la AIRD, Mario Pujols, durante el cual representantes y directivos del sector industrial plantearon diversas inquietudes sobre las consecuencias prácticas que tendrá la aplicación del nuevo Código Penal dentro de las empresas.
Las preguntas estuvieron particularmente relacionadas con el alcance de la responsabilidad penal empresarial, los mecanismos de cumplimiento que deberán adoptar las organizaciones y la manera en que las nuevas disposiciones serán aplicadas en la práctica.
El encuentro forma parte de los esfuerzos del sector industrial por conocer las implicaciones del nuevo régimen penal y preparar a las empresas dominicanas para un escenario en el que la prevención, los controles internos y el cumplimiento normativo adquirirán una importancia mayor dentro de la gestión corporativa