América no condena de forma unánime el caso de los 94 apátridas nicaragüenses
Redacción América, 17 feb (EFE).- Desde la fuerte condena de Chile hasta la cautela de México o Colombia y el silencio de Argentina y Brasil, el caso de los apátridas nicaragüenses ha mostrado distintas posturas en Latinoamérica frente a uno de los temas más controvertidos de los últimos tiempos en la región y ha provocado fuertes críticas contra varios de esos gobiernos por no condenar de forma inequívoca una violación evidente de los derechos humanos.
Hasta ahora la reacción más contundente ha sido la del Gobierno chileno, que lidera el progresista Gabriel Boric y quien cataloga como una «dictadura totalitaria» a la administración de Daniel Ortega.
«Nos parece que la situación es de la más alta gravedad. Nos parece que lo que se está conformando hace ya varios años, y los hechos de las últimas semanas lo demuestran, es que cada día más se trata de una dictadura totalitaria donde se persigue cualquier tipo de disidencia”, dijo el jueves la canciller chilena, Antonia Urrejola.
«Desde Chile no solo vamos a seguir denunciando esta situación, vamos a seguir haciendo las acciones que correspondan para apoyar en primer lugar a estas personas que están siendo perseguidas, pero también para apoyar la democratización en Nicaragua y esperamos que el resto de la comunidad internacional esté a la altura», añadió la ministra del Exterior.
Con más cautela, el Gobierno que encabeza en Colombia el izquierdista Gustavo Petro expresó este viernes su «preocupación» por los recientes acontecimientos en Nicaragua, a raíz del retiro de la nacionalidad a 94 ciudadanos -con lo que sube a 317 la cifra de apátridas en los últimos días- por sus críticas hacia Ortega, y el destierro de 222 exprisioneros políticos, que fueron excarcelados y enviados en un avión a Estados Unidos.
«El Ministerio de Relaciones Exteriores expresa su preocupación por la decisión de retirar también la nacionalidad nicaragüense a otros 94 ciudadanos, anunciada por el Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción de Managua el 16 de febrero de 2023», señaló la Cancillería colombiana en un comunicado.
Según el Gobierno de Petro, «estas medidas vulneran el derecho a la nacionalidad, contemplado en un conjunto de instrumentos jurídicos internacionales, incluyendo, entre otros, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratado del cual Nicaragua es Estado parte».
La Cancillería también hizo «un llamado a generar medidas de confianza que contribuyan a la reconciliación nacional, al respeto del Estado de derecho y al bienestar del pueblo nicaragüense».
A su vez, el Gobierno de México, liderado por el también progresista Andrés Manuel López Obrador, se declaró el jueves «atento» a los acontecimientos en el país centroamericano.
«México ha dado puntual seguimiento a la situación de las personas nicaragüenses deportadas de Nicaragua», afirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado en respuesta a preguntas de EFE.
En este sentido, sostuvo que «conforme a uno de sus principios torales de política exterior», México «se mantendrá atento a que se respeten y protejan los derechos humanos de este grupo de personas, incluidos sus derechos a la nacionalidad y a no ser privada de ésta de manera arbitraria».
«Y al uso y goce de sus bienes y propiedad a menos que ésta sea confiscada o restringida por causas justificadas previstas en las leyes y mediante el pago de una indemnización justa», agregó.
México ha mantenido una polémica ambigüedad ante la aguda crisis política que vive Nicaragua y las denuncias de represión a opositores por parte del Gobierno de Ortega.
En noviembre pasado, durante una visita a México, Boric dijo en un discurso ante el Senado que Latinoamérica «no puede mirar para el lado ante los presos políticos en Nicaragua».
Preguntado acerca de ello, López Obrador se limitó a expresar su respeto.
«Nosotros respetamos mucho al presidente Boric, como respetamos a todos los presidentes, más en su caso, que viene de un movimiento de izquierda, y desde luego que es completamente libre para manifestarse, para expresarse”, dijo entonces López Obrador sin ofrecer más detalles.
Otros Gobiernos progresistas de la región, como los de Argentina y Brasil, no se han manifestado públicamente sobre los recientes sucesos en Nicaragua.
Fuentes de la Cancillería argentina comentaron a EFE que de momento no se espera un pronunciamiento sobre este tema.
Estados Unidos condenó el miércoles pasado el retiro de la nacionalidad a otros 94 nicaragüenses, entre ellos a los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, así como al obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, en un pronunciamiento del principal encargado del Departamento de Estado para Latinoamérica, Brian Nichols.
«Condenamos las acciones de hoy del Gobierno de Nicaragua de quitarle la nacionalidad a otros 94 ciudadanos nicaragüenses», indicó el secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental.
En el mensaje, Nichols advirtió que «este acto deplorable aleja más a los nicaragüenses de la democracia que se merecen».
La ONU se declaró «alarmada» por el retiro de la nacionalidad a quienes han expresado críticas hacia el Gobierno de Ortega y pidió que sus derechos humanos sean respetados.
El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, expresó la «alarma» del secretario general, António Guterres, por la «decisión del Gobierno de Nicaragua de despojar a 94 personas de sus derechos políticos y civiles» el miércoles, como ya hizo con los 222 presos políticos excarcelados y expulsados la semana pasada.
Los 94 nicaragüenses -defensores de derechos humanos, sacerdotes, ambientalistas, disidentes sandinistas, estudiantes, empresarios y comerciantes, entre otros- han sido también despojados del derecho a la propiedad, acusados de delitos contra el Gobierno y declarados prófugos de la Justicia.
La ONU reivindicó el derecho a la nacionalidad recogido en la Declaración universal de los Derechos Humanos y dijo que «nadie debería ser despojado de ella arbitrariamente», además de condenar la «persecución o represalia contra defensores de los derechos humanos o personas críticas» con el Gobierno.
Entre quienes fueron despojados de la nacionalidad nicaragüense está el obispo Rolando Álvarez, quien el 9 de febrero se negó a ser desterrado a EE.UU. junto con las otras 222 personas y al día siguiente fue condenado a más de 26 años y 4 meses de prisión.
