Anticrisis sin crisis

Rolando Reyes
rolandoreyesyasociados@gmail.com

Primer Tiro

La mejoría de la calificación crediticia soberana de República Dominicana (otorgada por la agencia de calificación Fitch Rating, de BB− a BB con perspectiva estable), es un factor que obliga a revisar cualquier planteamiento de crisis inminente. La decisión reconoce crecimiento, resiliencia externa y medidas tributarias, pero no elimina las restricciones que imponen la baja recaudación, los intereses de la deuda, los subsidios eléctricos y los pasivos del Banco Central. En el tramo final de un gobierno importa tanto la estabilidad que se mantiene como el margen de maniobra que se entrega al siguiente. Por eso, el objetivo de un programa anticrisis no debería ser anunciar una emergencia inexistente, sino identificar las perturbaciones que podrían convertir vulnerabilidades conocidas en problemas de solvencia y financiamiento. La previsión de Fitch de un déficit de 3.7% del PIB y una deuda gubernamental de 47.9% en 2026 constituye una referencia favorable, no una garantía permanente. Preservar esa trayectoria requiere anticipación, consistencia, y decisiones sujetas a evidencia antes de que los mercados reaccionen.

Segundo Tiro

La utilidad de someter ese escenario a pruebas de tensión se aprecia cuando se ponen números al problema. En un ejercicio realizado para 2027, se utiliza un déficit de RD$327,282 millones, equivalente al 3.41% del PIB, y necesidades brutas de financiamiento de RD$464,126 millones. Si en 2027 coinciden una relajación fiscal de 1 punto del PIB (RD$95,946 millones) y un aumento del 30% de las transferencias eléctricas (RD$34,919 millones), esas necesidades alcanzarían aproximadamente RD$594,991 millones. Un programa hipotético de reducción y focalización de subsidios generalizados, con un ahorro neto de RD$21,959 millones, y venta selectiva de activos estatales por RD$95,000 millones netos, reduciría estas a RD$478,032 millones. El programa evitaría RD$116,959 millones de nuevo financiamiento frente al choque de gasto, pero no devolvería las necesidades al nivel inicial. Son escenarios condicionados, no pronósticos ni razones suficientes para vender patrimonio público. La cifra decisiva no es cuánto podría venderse, sino qué brecha de financiamiento existiría realmente y cuánto costaría cerrarla, sin perder ingresos patrimoniales futuros. La decisión exige valorar los rendimientos perdidos, la protección social y las condiciones reales del mercado.

Tercer Tiro

La aplicación del programa debería depender de tres señales observables. La primera es fiscal: mayor deuda, déficit y pérdidas eléctricas, junto con menor crecimiento. La segunda es financiera: tasas más altas, menor demanda de títulos y dificultades para renovar vencimientos del Gobierno y del Banco Central. La tercera es externa: caída de reservas y presiones cambiarias sobre una deuda altamente dolarizada. Ninguna de estas señales provoca automáticamente una rebaja de calificación; importan su magnitud, persistencia y combinación. El programa debe acompañarse de una política monetaria y cambiaria coherente. Esa coherencia exige resolver las tres inconsistencias señaladas el jueves pasado: armonizar la TPM con la gestión de liquidez, permitir los ajustes cambiarios compatibles con las condiciones externas y atender la brecha entre la tasa oficial y los rendimientos de mercado, distinguiendo los plazos. Los ajustes de subsidios permitirían ahorros recurrentes, mientras la venta selectiva de activos aportaría recursos extraordinarios. Una crisis inminente no está al doblar de la esquina, pero aun sin crisis, un programa anticrisis sería muy bien valorado