Aplazan para el viernes audiencia de medidas coerción del caso FM
Santo Domingo, 28 mar – La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste aplazó para el viernes venidero la audiencia que sigue a los acusados de integrar una supuesta banda dedicada al lavado de activos proveniente del narcotráfico, según las acusaciones del Ministerio Público.
La jueza Cecilia Toribio aplazó la audiencia, luego de que los fiscales concluyeran sus alegatos de solicitud de prisión preventiva para los siete acusados y de que el caso sea declarado complejo, informó la Procuraduría General de la República.
Los acusados son Juan Gabriel Pérez Tejada, Anabel Altagracia Sánchez Santana, Juan Isidro Pérez de la Rosa, Rolando Miguel Reyes Javier, Dyna Madison Noguera Polanco, Ramluis Mejía Azcona y Gladis Sofía Azcona de la Cruz.
El llamado caso FM está vinculado a una red internacional dedicada presuntamente al lavado de activos provenientes del narcotráfico a la que en agosto de 2020 se le ocupó unos 4.3 millones de dólares traídos a República Dominicana en bocinas.
Los imputados fueron arrestados en la operación FM, desarrollada por el Ministerio Público el pasado 10 de marzo, bajo la Dirección General de Persecución y la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, como parte de la lucha que desarrolla la Procuraduría General de la República contra la criminalidad organizada, dijo el organismo en el comunicado.
La operación incluyó allanamientos en Santiago, Santo Domingo y Punta Cana, en los que los fiscales actuantes ocuparon más de un millón de dólares y 760 mil pesos, así como 13 vehículos, incluyendo uno marca Ferrari y dos Porsche.
Unos 15 fiscales y 145 miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y otros organismos de seguridad del Estado dominicano estuvieron a cargo de la operación que contó con la cooperación internacional de la HSI (Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional) de Estados Unidos.
El Ministerio Público destacó en el proceso que la medida de coerción más idónea a imponer en contra de los encartados de este caso es la prisión preventiva.
