Arancel de EE. UU. pone en riesgo la competitividad de las exportaciones dominicanas
Santo Domingo, 25 julio.– La decisión de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer un arancel adicional del 12.5 % a las exportaciones procedentes de la República Dominicana ha generado preocupación entre el Gobierno y el sector empresarial, que han optado por una postura de cautela mientras analizan el alcance de la medida y promueven el diálogo como vía para preservar las relaciones comerciales con el principal socio económico del país.
Un análisis elaborado por la firma consultora Naut & Associates Consulting Group advierte que el nuevo gravamen afectará de manera directa a algunos de los principales productos de exportación dominicanos hacia el mercado estadounidense, entre ellos instrumentos y equipos médicos, cigarros, disyuntores eléctricos, joyería, camisetas y t-shirts, equipos de electrodiagnóstico, preparaciones farmacéuticas, artículos plásticos y cacao en grano.
El estudio señala que el impacto no será uniforme y que algunos sectores enfrentan mayores riesgos debido a la estructura de sus mercados y a la competencia con otros países beneficiados con menores tasas arancelarias.
Confecciones y zonas francas, entre los sectores más vulnerables
La investigación identifica al sector de confecciones de zonas francas como el más expuesto desde el punto de vista estructural. La razón es que los productos dominicanos quedarán sujetos al arancel del 12.5 %, mientras competidores regionales como Guatemala, El Salvador y Honduras continuarán exportando con una tasa del 10 %, lo que coloca a las empresas dominicanas en una posición de desventaja frente a sus principales rivales.
En el caso de la industria de dispositivos médicos, el informe explica que, aunque representa el mayor volumen de exportaciones afectadas, buena parte de la producción se realiza bajo contratos de manufactura para grandes corporaciones multinacionales con operaciones en distintos países.
Esa característica podría permitir que parte del costo adicional sea absorbido dentro de la cadena global de suministro. Sin embargo, la consultora advierte que, si la diferencia arancelaria se mantiene, aumentará el riesgo de que futuras inversiones o nuevas líneas de producción sean trasladadas hacia países con menores gravámenes, como México.
Respecto al sector tabacalero, el estudio señala que, aunque el segmento premium mantiene una demanda relativamente estable, los fabricantes dominicanos ya venían enfrentando aumentos arancelarios desde 2025. El nuevo incremento, añade, reducirá los márgenes tanto de los productores nacionales como de los importadores y distribuidores estadounidenses, mientras Honduras conservará una ventaja al beneficiarse de un arancel preferencial del 10 %.
Riesgos para la inversión y el empleo
La presidenta de Naut & Associates Consulting Group y especialista en comercio internacional, Katrina Naut, sostiene que la medida también puede producir efectos indirectos sobre la economía dominicana.
Entre ellos menciona la posible desviación de nuevas inversiones extranjeras hacia zonas francas instaladas en países con aranceles inferiores; mayores presiones sobre el empleo formal, especialmente en los sectores de confecciones y dispositivos médicos, que concentran una parte significativa de la mano de obra del régimen de zonas francas; y un incremento del riesgo reputacional para el país.
El análisis recuerda que la República Dominicana figura entre las 54 economías señaladas por Estados Unidos por considerar que no aplican de forma efectiva prohibiciones contra la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso.
Como consecuencia, el país podría enfrentar un mayor escrutinio por parte de compradores estadounidenses y una mayor exposición a órdenes de retención de mercancías emitidas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), más allá del impacto derivado del nuevo arancel.
Desventaja frente a competidores regionales
Uno de los principales hallazgos del estudio es que la República Dominicana quedó excluida de los mecanismos de exención sectorial otorgados por Washington a otras economías.
Según Naut & Associates, la diferencia arancelaria de 2.5 puntos porcentuales frente a competidores directos como Guatemala, El Salvador y Honduras, así como frente a otros exportadores relevantes como México, Bangladesh, Camboya, India, Indonesia y Jordania, constituye una desventaja estructural para las industrias de manufactura ligera y ensamblaje que sustentan buena parte del empleo formal en las zonas francas.
El documento destaca que, a diferencia de Reino Unido, la Unión Europea, Suiza, Malasia, Camboya, Guatemala, El Salvador, Argentina, Bangladesh, Taiwán, Indonesia, Ecuador y Jordania, la República Dominicana no obtuvo un anexo de exenciones específico por país tras el proceso de consultas y audiencias públicas realizado por las autoridades estadounidenses.
Esto significa que mientras algunos países lograron excluir determinados productos considerados estratégicos para sus exportaciones, además de acceder a una tasa preferencial del 10 %, la República Dominicana no consiguió ninguna excepción adaptada a su oferta exportadora.
La consultora interpreta esta situación como un elemento de atención estratégica, al considerar que el país no presentó, o no logró el reconocimiento de, un acuerdo bilateral equivalente antes del cierre del proceso, el pasado 23 de julio de 2026.
Impacto sobre la economía dominicana
El informe advierte que el nuevo arancel incrementará el costo de entrada de los productos dominicanos al mercado estadounidense.
Según el análisis, las empresas exportadoras tendrán tres alternativas: trasladar el mayor costo al consumidor estadounidense, lo que podría reducir su participación en el mercado frente a competidores con menores aranceles; absorber el incremento, reduciendo sus márgenes de rentabilidad; o distribuir el impacto entre exportadores e importadores, dependiendo del poder de negociación de cada sector.
La magnitud del efecto variará de acuerdo con la elasticidad de la demanda y la capacidad de cada industria para mantener su competitividad en el mercado estadounidense.
Origen de la medida estadounidense
La disposición adoptada por Washington establece un arancel adicional del 12.5 % para todos los bienes originarios de la República Dominicana con vigencia a partir del 24 de julio de 2026.
La decisión surge de 60 investigaciones realizadas bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, mediante las cuales Estados Unidos concluyó que 54 economías no aplican de manera efectiva prohibiciones sobre bienes elaborados mediante trabajo forzoso.
Empresarios llaman al diálogo y a una estrategia nacional
Las principales organizaciones empresariales reaccionaron con prudencia ante el anuncio y coincidieron en la necesidad de evaluar con profundidad el alcance de la medida antes de adoptar posiciones definitivas.
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) consideraron indispensable determinar las implicaciones reales del nuevo arancel y diseñar una estrategia nacional que fortalezca la competitividad del país y preserve la confianza de sus principales socios comerciales.
Por su parte, la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo) calificó la disposición como un nuevo desafío para el comercio internacional y exhortó a enfrentarla con serenidad, planificación y una coordinación permanente entre el Gobierno y el sector privado.
Mientras tanto, la Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona) expresó su preocupación al advertir que este tipo de decisiones genera incertidumbre en el comercio internacional y puede afectar la competitividad de economías altamente integradas a las cadenas regionales de suministro.
La entidad sostuvo que resulta esencial analizar con precisión el alcance del nuevo arancel, identificar las posibles excepciones y valorar sus consecuencias para un sector que, afirmó, ha sido durante décadas un aliado estratégico de Estados Unidos y uno de los principales motores de las exportaciones y del empleo formal en la República Dominicana.