Arrestos de ICE rozaron los 50,000 en julio, el nivel mensual más alto del segundo mandato de Trump
Washington, 25 agosto.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) arrestó a 49,571 personas durante julio, la cifra mensual más alta registrada desde el comienzo del segundo mandato del presidente Donald Trump, según datos oficiales analizados por The Associated Press.
El total representa un incremento de 15 % frente a los 43,021 arrestos de junio y un aumento de casi 70 % respecto de los 29,241 contabilizados en febrero, después de la intensificación de los operativos migratorios de la administración Trump en Minnesota.
Las estadísticas fueron entregadas por ICE al Deportation Data Project, iniciativa con sede en las universidades de California en Berkeley y California en Los Ángeles (UCLA), y posteriormente examinadas por AP.
El repunte muestra que la administración continuó impulsando su programa de deportaciones masivas, pese a modificar la forma de ejecutar los operativos. Las redadas ampliamente difundidas en grandes ciudades dieron paso a intervenciones con menor exposición pública, pero que siguen provocando efectos en las comunidades de inmigrantes.
Entre las nuevas tácticas figuran los arrestos durante controles de tránsito, una mayor dependencia de las policías estatales y locales y la detención de haitianos que perdieron las protecciones que impedían temporalmente su deportación.
Mark Krikorian, director ejecutivo del Center for Immigration Studies, organización partidaria de mayores restricciones migratorias, consideró que los nuevos números demuestran que el Gobierno no detuvo las operaciones.
“Cambiaron las tácticas y, en todo caso, están siendo más efectivos”, afirmó.
Aumenta la participación de autoridades locales
Durante el mes anterior al regreso de Trump a la Casa Blanca, los arrestos migratorios superaban ligeramente los 8,000. La mayoría correspondía entonces a inmigrantes entregados a ICE después de permanecer detenidos en cárceles municipales, estatales o federales.
Las cifras comenzaron a elevarse durante el primer año del nuevo Gobierno, después de que la administración flexibilizara las restricciones relacionadas con los lugares donde ICE podía operar y las personas que podía detener. El organismo recibió, además, miles de millones de dólares adicionales para ampliar sus actividades.
Para diciembre, el número mensual de arrestos había subido a 40,177, de acuerdo con la información obtenida mediante una demanda sustentada en la Ley de Libertad de Información.
El Departamento de Seguridad Nacional dejó prácticamente de divulgar datos detallados sobre la aplicación de las leyes migratorias al comienzo del segundo mandato de Trump. Debido a esa reducción en la información oficial, las estadísticas recopiladas por el Deportation Data Project se han convertido en una de las pocas vías para examinar el funcionamiento de ICE.
Los arrestos descendieron en febrero, después de dos tiroteos mortales ocurridos en Minnesota durante enero que generaron protestas y cuestionamientos de legisladores demócratas. Tras permanecer relativamente estables durante varios meses, volvieron a aumentar en junio y alcanzaron un nuevo máximo en julio.
La participación de las policías estatales y locales asociadas con ICE también creció considerablemente durante el último año.
Esas agencias realizaron aproximadamente 6,500 arrestos en julio, equivalentes a cerca del 13 % del total mensual. Un año antes, su intervención representaba menos del 5 % de las detenciones de ICE.
La expansión ha sido impulsada mediante incentivos económicos para los cuerpos policiales que aceptan participar en la aplicación de las leyes federales de inmigración.
Texas y Florida concentraron casi 20,000 arrestos
Texas y Florida contabilizaron conjuntamente cerca de 20,000 detenciones durante julio, lo que refleja la importancia que ambos estados han adquirido en la estrategia de deportaciones de la administración Trump.
Las autoridades de esas jurisdicciones han ampliado su cooperación con ICE mediante los acuerdos conocidos como 287(g). Estos convenios permiten que agentes estatales y locales desempeñen determinadas funciones relacionadas con la aplicación de las leyes federales de inmigración.
Esa coordinación derivó, entre otros casos, en el arresto de un trabajador de 36 años en Key West, Florida. El hombre, solicitante de asilo, había huido de Haití en 2017 después de recibir amenazas de muerte.
El gerente del restaurante Half Shell Raw Bar, Bobby Kuchinsky, explicó que el detenido trabajaba como cocinero y supervisor y era el principal proveedor económico de su familia. Rehusó divulgar su identidad por temor a poner en riesgo su seguridad mientras permaneciera bajo custodia.
Kuchinsky lo describió como un trabajador eficiente, de rápido aprendizaje, sin problemas previos con la justicia y cuya sustitución representaría una dificultad para el establecimiento.
Promesa de una estrategia menos visible
Durante su audiencia de confirmación, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, prometió mantener a ICE fuera de los titulares, lo que generó expectativas de que las autoridades aplicarían una estrategia menos estridente.
Sin embargo, su gestión ha estado marcada por varios tiroteos mortales de inmigrantes durante encuentros con agentes del organismo. Las estadísticas tampoco reflejan un alejamiento de la política de deportaciones masivas promovida por Trump.
Bajo la dirección de su predecesora, Kristi Noem, las operaciones migratorias tuvieron una elevada exposición pública y se concentraron especialmente en ciudades gobernadas por demócratas, entre ellas Chicago, Los Ángeles y Minneapolis.
Muchas de esas intervenciones fueron dirigidas por el exagente de la Patrulla Fronteriza Greg Bovino y difundidas en las redes sociales mediante videos que mostraban a oficiales descendiendo de vehículos en movimiento para perseguir personas o bajando desde helicópteros sobre los techos de edificios residenciales.
Krikorian consideró que esas tácticas generaban rechazo entre ciudadanos que incluso apoyaban el cumplimiento de las leyes migratorias.
Más de la mitad no tenía antecedentes penales
La administración Trump ha afirmado con frecuencia que sus operaciones migratorias buscan detener a personas que han cometido delitos en Estados Unidos y mejorar la seguridad del país.
No obstante, los datos correspondientes a julio muestran que más de la mitad de los detenidos no había sido condenada ni enfrentaba cargos penales. Menos de una cuarta parte tenía condenas por algún delito.
La mitad de los arrestos fue catalogada como “no custodial”, lo que significa que los agentes detuvieron a las personas directamente en sus comunidades y no cuando ya estaban encarceladas o bajo custodia de una policía local.
Patricia Quiñonez, periodista de Utahzolanos, medio que cubre a la comunidad inmigrante venezolana en Utah, afirmó que las detenciones migratorias durante paradas de tránsito aumentaron considerablemente durante los últimos meses.
Según explicó, los conductores pueden ser detenidos por carecer de licencia, tener vencidas las placas del vehículo o llevar cristales más oscuros de lo permitido. A partir de esas infracciones, agregó, las autoridades comienzan a preguntar sobre su situación migratoria.
Quiñone aseguró que entre los arrestados figuran personas con permisos de trabajo vigentes y solicitudes de asilo pendientes. También expresó su creencia de que algunas detenciones se realizan con base en el perfil racial de los inmigrantes.