Asamblea del CIC aprueba nuevas acciones para exigir validación y pago de 92 expedientes de la ley 16-26
Contratistas reclamaron mayor transparencia, fiscalización del Congreso y participación efectiva de los veedores; además aprobaron una Nota de Protesta por la falta de respuesta oportuna de la presidencia del CODIA
SANTO DOMINGO, 27 sept..— La Asamblea Extraordinaria de los contratistas del Comité Institucional Codiano (CIC) incluidos en la Ley 16-26 aprobó este sábado un conjunto de resoluciones dirigidas a intensificar el seguimiento a la ejecución de esa legislación y lograr la validación y posterior pago de 92 expedientes correspondientes a acreencias estimadas en unos RD$390 millones.
Durante la actividad, el presidente en funciones del CIC, arquitecto Emiliano Familia, presentó un informe general sobre las gestiones desarrolladas ante el Ministerio de Hacienda y Economía, la Contraloría General de la República, el MIVED, el Congreso Nacional y el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA).
La Asamblea tomó conocimiento de las informaciones ofrecidas el pasado 2 de septiembre por el viceministro del Tesoro, Derby de los Santos, quien comunicó a representantes del CIC que era “muy posible” completar la validación de los 92 expedientes antes de finalizar 2026.
Los contratistas acordaron dar seguimiento a ese anuncio y reclamar que se traduzca en resultados verificables, información periódica sobre los expedientes procesados y un cronograma que permita conocer el avance real del proceso de validación.
ASAMBLEA RECLAMA TRANSPARENCIA Y VEEDURÍA EFECTIVA
La Asamblea aprobó reclamar mayores niveles de información y transparencia en los trabajos de la Comisión Ejecutora de la Ley 16-26, particularmente respecto de los expedientes que se encuentran en proceso de revisión, validación y reconocimiento.
Asimismo, ratificó la importancia de que las funciones de veeduría previstas en la Ley 16-26 puedan ejercerse efectivamente, con acceso a las informaciones necesarias para realizar labores de seguimiento y monitoreo, sin interferir en las atribuciones decisorias de la Comisión Ejecutora.
Los contratistas reiteraron que la veeduría constituye un instrumento de transparencia y que su ejercicio efectivo contribuiría a fortalecer la confianza de los acreedores y de la sociedad en el proceso de aplicación de la ley.
PIDEN AL CONGRESO EJERCER SU FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN
Otro de los acuerdos aprobados fue reiterar al Congreso Nacional la solicitud de que ejerza sus atribuciones de fiscalización sobre la ejecución de la Ley 16-26.
La Asamblea acordó insistir ante ambas cámaras legislativas en la necesidad de dar seguimiento al cumplimiento de la ley, al proceso de validación de las acreencias y a los mecanismos de información establecidos en la legislación.
Los contratistas consideran que, luego de haber aprobado la Ley 16-26, corresponde también al Congreso dar seguimiento a su ejecución y procurar que los objetivos que motivaron su aprobación se materialicen.
ASAMBLEA APRUEBA NOTA DE PROTESTA POR ACTUACIÓN DEL PRESIDENTE DEL CODIA
La relación entre el CIC y la actual dirección del CODIA ocupó igualmente una parte importante de las deliberaciones.
El vocero autorizado del CIC, ingeniero Miguel Liberato, presentó un recuento de las comunicaciones y gestiones realizadas ante las nuevas autoridades del Colegio y de las diferencias surgidas en torno al seguimiento institucional de la Ley 16-26.
Luego de conocer esos antecedentes, la Asamblea aprobó una Nota de Protesta por la falta de respuesta oportuna del presidente del CODIA, arquitecto George Richardson, a la comunicación depositada el pasado 8 de septiembre solicitando el uso del salón de actos de la sede central para celebrar la Asamblea Extraordinaria.
Los asambleístas consideraron que una solicitud formulada por miembros del propio Colegio para realizar una actividad gremial debía recibir una respuesta oportuna, independientemente de que la decisión fuera favorable o desfavorable.
La Asamblea dejó constancia de que la falta de una definición a tiempo generó incertidumbre y obligó al CIC a realizar gestiones para localizar una sede alternativa donde celebrar la actividad.
La Nota de Protesta será remitida a la Junta Directiva Nacional y a la Comisión de Defensa del CODIA, conforme a lo aprobado por los contratistas.
No obstante, la Asamblea dejó establecido que las diferencias surgidas con la actual dirección del Colegio no deben convertirse en una confrontación personal, y ratificó la disposición del CIC de mantener abiertos los canales de diálogo institucional.
CINCO MESES DE LA LEY Y UNA ESPERA DE DÉCADAS
Las decisiones fueron adoptadas cuando se aproxima el cumplimiento de cinco meses de la promulgación de la Ley 16-26, ocurrida el pasado 1 de mayo, y luego de casi tres meses de iniciados los trabajos de su Comisión Ejecutora.
Para los integrantes del CIC, el factor tiempo tiene especial importancia debido a la antigüedad de las acreencias y a las condiciones de muchos de los contratistas que llevan años esperando una solución.
Desde las primeras semanas posteriores a la promulgación, el CIC ha sostenido que la aprobación de la ley constituyó un paso fundamental, pero que su verdadero resultado dependerá de que los expedientes sean efectivamente validados, reconocidos y pagados.
La Asamblea aprobó además medidas de fortalecimiento institucional y organización interna, incluyendo disposiciones relacionadas con la transparencia, rendición de cuentas, disciplina y funcionamiento democrático del Comité, principios recogidos en el proyecto de Código de Ética y Disciplinario del CIC.
Al concluir la actividad, los contratistas reafirmaron la consigna que ha acompañado sus reclamaciones durante el proceso de aprobación y ejecución de la Ley 16-26: