Asesinan al exfiscal anticorrupción Juan Francisco Solórzano Foppa mientras jugaba fútbol en Guatemala

Ciudad de Guatemala, 18 de octubre de 2026.— El abogado y exfiscal anticorrupción Juan Francisco Solórzano Foppa, reconocido por su participación en investigaciones que sacudieron las estructuras políticas y empresariales de Guatemala, fue asesinado a tiros el sábado mientras disputaba un partido de fútbol en la capital.

El ataque también dejó muerto a otro hombre y provocó una enérgica condena del presidente Bernardo Arévalo, quien exigió esclarecer el crimen y castigar a sus responsables materiales e intelectuales.

Solórzano Foppa, de 43 años y exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), había acudido al complejo deportivo Campo Marte, en el este de Ciudad de Guatemala, donde acostumbraba jugar los sábados. Según el reporte de France 24, los atacantes siguieron sus movimientos hasta el lugar y abrieron fuego durante el encuentro. El abogado quedó tendido sobre el terreno con su uniforme deportivo y sus zapatos de fútbol.

La segunda víctima fue identificada como Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, de 45 años. Las autoridades informaron que en la escena fueron recolectados 50 casquillos percutidos, como parte de las diligencias para reconstruir el ataque.

El portavoz de la Policía Nacional Civil, César Mateo, confirmó la detención de dos sospechosos que se desplazaban en una motocicleta utilizada para entregas a domicilio. Según la versión policial, dentro de la mochila de reparto que transportaban fue localizada una carabina.

Los detenidos fueron identificados como los hermanos Rigoberto Choc Toz, de 30 años, y Daniel Zaqueo Choc Toz, de 18, originarios de Senahú, Alta Verapaz. El mayor había pertenecido al Ejército y, de acuerdo con la información divulgada, ninguno registraba antecedentes penales.

Durante su traslado a los tribunales, el hermano mayor aseguró a un medio local que ambos habían llegado a la capital apenas dos días antes en busca de trabajo. También negó que llevaran un arma. Su eventual responsabilidad deberá determinarse mediante la investigación y el proceso judicial.

Arévalo calificó el hecho como un “cobarde asesinato” y reclamó la colaboración de todas las instituciones públicas para impedir que quede impune. El mandatario sostuvo que tanto quienes ejecutaron el ataque como quienes pudieran haberlo ordenado deben enfrentar las consecuencias legales.

La trayectoria de Solórzano estuvo vinculada durante más de dos décadas a investigaciones sobre corrupción, defraudación fiscal y presuntas conexiones entre estructuras criminales y sectores del poder. Fue, además, un crítico de la gestión de la exfiscal general Consuelo Porras.

Tras conocerse su muerte, el exfiscal Juan Francisco Sandoval, actualmente en el exilio, recordó que ambos comenzaron sus carreras hace casi 24 años como pasantes en la agencia 19 de la Fiscalía Metropolitana.

Entre 2013 y 2016, Solórzano formó parte de la Dirección de Análisis Criminal del Ministerio Público. Desde esa dependencia participó en labores de inteligencia y análisis de investigaciones de alto impacto, incluidos peritajes fundamentales para el caso La Línea, que reveló una estructura de defraudación aduanera y condujo a la renuncia del entonces presidente Otto Pérez Molina en 2015.

Su intervención en aquel expediente lo convirtió en una figura destacada de la lucha contra la corrupción. Posteriormente, en 2016, asumió la dirección de la SAT, desde donde impulsó acciones contra la evasión y la defraudación tributaria, especialmente en grandes empresas.

Durante su gestión sobresalió el proceso contra Aceros de Guatemala, que derivó en el cobro de más de cien millones de dólares, según el reporte de France 24. La administración tributaria también alcanzó recaudaciones históricas mediante el fortalecimiento de las políticas de fiscalización.

En 2023, cuando ya se encontraba fuera de la función pública, Solórzano se incorporó brevemente al equipo de defensa del periodista y editor José Rubén Zamora, cuyo proceso judicial adquirió repercusión internacional y se convirtió en un referente del debate sobre la criminalización del periodismo y la independencia de la justicia en Centroamérica.

En ese contexto, Solórzano fue detenido y enfrentó acusaciones de obstrucción y de ocultamiento o destrucción de evidencias. Aunque inicialmente rechazó los señalamientos, terminó aceptando un acuerdo de culpabilidad. Explicó su decisión afirmando que no confiaba en recibir un juicio justo si continuaba litigando el caso.

En los años siguientes mantuvo una presencia pública marcada por denuncias sobre presuntas relaciones entre organizaciones delictivas, actores políticos y funcionarios judiciales. En 2025 señaló supuestos vínculos entre la pandilla Barrio 18 y el partido Unidad Nacional de la Esperanza, así como conexiones entre bandas criminales y sectores del sistema de justicia.

En julio pasado también denunció presuntas operaciones de lavado de activos en las que, según sus señalamientos, habrían participado empresas farmacéuticas, familiares de la exfiscal Consuelo Porras y funcionarios públicos. Esas afirmaciones deben distinguirse de hechos establecidos mediante decisiones judiciales.

Dos días antes de su asesinato, difundió un video sobre una supuesta operación en Huité, en el departamento de Zacapa, dirigida a capturar a un narcotraficante de alto perfil. Solórzano atribuyó la incursión a presuntos mercenarios vinculados con la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos y sostuvo que participaron más de cien efectivos del Ejército.

En esa publicación afirmó que ocho habitantes de la localidad habían muerto y aseguró que no tenían vínculos criminales. Se trataba de una denuncia formulada por el abogado; el material citado no aporta una verificación independiente de esas acusaciones.

El asesinato interrumpe la trayectoria de una de las figuras más conocidas del combate a la corrupción en Guatemala. Aunque sus investigaciones y denuncias forman parte del contexto de su vida pública, la información disponible no establece el móvil del ataque ni permite vincularlo de manera concluyente con alguno de los casos en los que intervino.