Ratifican prisión preventiva a Hazim y otros cinco imputados del caso Operación Cobra
Santo Domingo, 6 agosto.– El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó la prisión preventiva impuesta al exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, y a otros cinco imputados señalados por el Ministerio Público como integrantes de una presunta red de corrupción administrativa que habría defraudado con miles de millones de pesos a esa Administradora de Riesgos de Salud (ARS) estatal.
La decisión fue adoptada a solicitud del Ministerio Público, al considerar que permanecen invariables las circunstancias que justificaron la imposición de la medida de coerción y que la prisión preventiva continúa siendo la medida más adecuada para garantizar el desarrollo del proceso judicial.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, sostuvo que el tribunal concluyó que la prisión preventiva sigue siendo necesaria, idónea y proporcional para los imputados.
“Ha dicho el tribunal, además, que la prisión preventiva es la medida de coerción necesaria, idónea y proporcional para estos imputados. Y es así, estos imputados deben continuar en prisión preventiva y en el momento indicado deben recibir sentencias que sean ejemplares por haber dañado la salud del pueblo dominicano”, expresó Camacho al término de la audiencia.
El representante del Ministerio Público participó en la audiencia junto a la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz. La revisión de la medida fue conocida por el juez Deiby Timoteo y, debido a limitaciones de espacio, se celebró en la sala del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
La prisión preventiva de 18 meses fue impuesta en diciembre del pasado año a Hazim Albainy, señalado por el órgano acusador como cabecilla del supuesto entramado de corrupción, así como a Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo.
En abril de este año, esa medida ya había sido confirmada y los imputados permanecen recluidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en San Cristóbal.
En el mismo expediente figura Ada Ledesma Ubiera, quien originalmente también recibió prisión preventiva, aunque el pasado 16 de julio la medida fue variada por arresto domiciliario debido a problemas de salud.
La investigación derivada de la Operación Cobra también involucra a Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, quienes cumplen medidas de coerción consistentes en arresto domiciliario, garantía económica e impedimento de salida del país, impuestas desde diciembre del año pasado.
Asimismo, el proceso incluye a Ángel Luis Guzmán Vásquez, cuya prisión preventiva de 18 meses fue ratificada el pasado 30 de julio por el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. Guzmán cumple la medida en el CCR Najayo Hombres desde mayo de este año.
Guzmán Vásquez fue arrestado a finales de abril por la Pepca. Según el Ministerio Público, laboró como auxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas del SeNaSa entre el 8 de marzo de 2021 y el 1 de noviembre de 2022.
La investigación establece que el imputado intentó salir del país con destino a Boston, Estados Unidos, sin boleto de regreso, y lo vincula con autorizaciones irregulares de procedimientos médicos y consultas, presuntamente utilizadas como parte del esquema fraudulento para obtener pagos por montos superiores a los permitidos por la normativa.
De acuerdo con el expediente, durante la Operación Cobra el Ministerio Público identificó 4,363 autorizaciones fraudulentas de cirugías menores ambulatorias y consultas especializadas, emitidas entre el 28 de enero de 2021 y el 20 de febrero de 2025, con un monto acumulado de al menos RD$41,125,551.02.
Investigación por presunta corrupción
El Ministerio Público sostiene que la Operación Cobra permitió desmantelar un entramado criminal que operaba dentro del SeNaSa y que ahora busca llevar a juicio a sus integrantes, además de recuperar los recursos presuntamente sustraídos al patrimonio público.
Según la acusación, las actuaciones de los imputados afectaron directamente a los afiliados del Seguro Nacional de Salud al defraudar a la ARS estatal mediante distintas maniobras fraudulentas.
Los procesados enfrentan cargos por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
El órgano acusador asegura que durante la investigación ha reunido evidencias de un esquema de sobornos a gran escala, adulteración de estados financieros y utilización de programas especiales sin sustento legal para desviar fondos públicos mediante operaciones fraudulentas.
De acuerdo con el Ministerio Público, la presunta estructura de corrupción fue instaurada desde la dirección ejecutiva del SeNaSa, con la participación de funcionarios de la institución y de prestadores de servicios de salud que habrían actuado en asociación criminal para perjudicar al Estado dominicano.