Auditorías Caso SeNaSa 2.0 revelan consultas ginecológicas cargadas a hombres, firmas falsas y pagos por servicios que afiliados aseguran nunca recibieron
SANTO DOMINGO, 19 sept.– La segunda fase de la investigación sobre el presunto fraude contra el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) comienza a revelar un mecanismo que, según el Ministerio Público, habría utilizado información auténtica de afiliados para fabricar consultas, procedimientos, autorizaciones y reclamaciones médicas, generando pagos con recursos de la aseguradora estatal por servicios que los beneficiarios aseguran que jamás solicitaron ni recibieron.
Uno de los hallazgos más llamativos aparece en una auditoría de SeNaSa practicada al gineco-obstetra Steven Alexander Rabssa Fernández, en la que fueron identificadas consultas de medicina especializada en ginecología cargadas a afiliados masculinos.
Cuando algunos de esos hombres fueron contactados, no reconocieron haber recibido esos servicios. La revisión también reportó servicios facturados que presuntamente no fueron suministrados y duplicidad de prestaciones.
La denominada Operación Cobra 2.0-A, ejecutada el viernes 18 de septiembre, constituye una nueva etapa de un expediente que comenzó a judicializarse en diciembre de 2025. De acuerdo con los datos divulgados por el Ministerio Público y recogidos por medios nacionales, esta fase dejó 28 personas arrestadas durante 37 allanamientos, realizados en el Distrito Nacional, provincia Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega.
Los documentos aportados por el usuario indican que en el operativo participaron 45 fiscales, 200 agentes de la Policía Nacional y 16 miembros de la Unidad de Investigaciones Criminales, mientras que la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) habría colaborado en las pesquisas.
Datos reales de afiliados para fabricar reclamaciones
La hipótesis que desarrolla el Ministerio Público sostiene que empleados o exempleados de SeNaSa habrían tenido acceso a información confidencial de los asegurados y que esos datos fueron utilizados para solicitar autorizaciones de servicios médicos.
El expediente señala que se confeccionaban formularios a nombre de afiliados que supuestamente no habían solicitado atención, agregándoles diagnósticos, consultas y procedimientos. Posteriormente, esos documentos habrían sido firmados y sellados utilizando códigos de prestadores de salud para conferirles apariencia de legalidad.
La investigación sostiene, además, que la selección de las potenciales víctimas no habría sido enteramente aleatoria. Según el Ministerio Público, se buscaban perfiles de afiliados con poca interacción con SeNaSa, lo que presuntamente disminuía las posibilidades de que descubrieran rápidamente que su identidad estaba siendo utilizada para tramitar servicios médicos.
4,363 autorizaciones por más de RD$41 millones
Una parte específica de las pesquisas comprende 4,363 autorizaciones correspondientes a cirugías menores ambulatorias y consultas especializadas, gestionadas entre enero de 2021 y febrero de 2025.
El monto asociado a esas operaciones alcanza RD$41,125,551.02, de acuerdo con la orden judicial citada en las informaciones examinadas.
Los investigadores sostienen que algunas autorizaciones eran solicitadas mediante llamadas al centro de atención de SeNaSa utilizando los datos reales de los asegurados. El expediente señala incluso el empleo de nombres ficticios por quienes hacían determinadas solicitudes telefónicas.
El origen de esta línea de investigación se remonta, según esos documentos, a una denuncia presentada por SeNaSa en noviembre de 2024, después de detectarse autorizaciones médicas que los propios afiliados desconocían.
Afiliados estaban trabajando o incluso fuera del país
Las entrevistas realizadas a personas cuyos nombres aparecieron en formularios de reclamaciones aportaron otro elemento importante a la investigación.
Según el expediente, varios afiliados dijeron que desconocían tanto a los médicos como los diagnósticos y centros de salud donde supuestamente habían recibido tratamiento. Algunos pudieron acreditar que en las fechas de las presuntas consultas o procedimientos estaban trabajando, permanecían en sus viviendas, se encontraban fuera de la ciudad o incluso fuera de República Dominicana.
El Ministerio Público también recurrió al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para examinar firmas atribuidas a determinados afiliados. Las experticias establecieron en varios casos que las rúbricas colocadas en los documentos no correspondían a las personas cuyos nombres figuraban en las reclamaciones.
Hombres aparecían recibiendo atención ginecológica
La auditoría relacionada con Rabssa Fernández expone una de las inconsistencias más evidentes. Al revisar una muestra de expedientes, aparecieron una o varias consultas especializadas en ginecología atribuidas a afiliados masculinos.
Los hombres contactados no validaron esas atenciones, según los documentos judiciales reseñados. También aparecieron servicios supuestamente facturados y no brindados, duplicidades y prestaciones cuya pertinencia fue cuestionada durante las auditorías.
La orden de allanamiento y secuestro que contiene esos hallazgos fue emitida el 15 de septiembre de 2026, y la auditoría había identificado previamente un incremento significativo de autorizaciones vinculadas al referido prestador.
El dinero regresaba presuntamente a miembros de la estructura
La investigación no se limita a determinar cómo se habrían producido las autorizaciones falsas. El Ministerio Público asegura haber seguido también el recorrido del dinero una vez SeNaSa pagaba las reclamaciones.
Según la tesis de los fiscales, algunos profesionales que recibían los pagos entregaban posteriormente entre un 40 % y un 60 % de lo cobrado a miembros de la supuesta estructura, ya fuera en efectivo o mediante transferencias bancarias. Uno de los nombres señalados en los documentos es Ángel Luis Guzmán Vásquez.
El documento suministrado señala que algunas transferencias carecían de concepto y otras llevaban descripciones que los investigadores consideran intentos de encubrir la naturaleza de las operaciones.
RD$64.8 millones en créditos en varias cuentas
Las pesquisas financieras también se concentran en las cuentas atribuidas a Guzmán Vásquez. De acuerdo con el expediente, una de ellas recibió RD$27.3 millones en transferencias entre 2020 y 2025.
Al consolidar varias cuentas, los investigadores reportaron RD$64.8 millones en créditos y RD$64.4 millones en débitos. El Ministerio Público contrasta ese movimiento con ingresos salariales registrados ante la Tesorería de la Seguridad Social por aproximadamente RD$1.45 millones entre agosto de 2015 y octubre de 2022.
Los fiscales califican ese comportamiento financiero como una elevada rotación de liquidez y sostienen que debe determinarse judicialmente si guarda relación con el presunto esquema investigado.
Una segunda fase de un expediente mucho mayor
Cobra 2.0-A no constituye todo el expediente SeNaSa. La primera etapa de la Operación Cobra involucró al exdirector de la aseguradora Santiago Hazim, antiguos funcionarios y empresarios relacionados con proveedores.
El Ministerio Público atribuye al esquema investigado en el expediente general un impacto financiero de casi RD$16,000 millones, cifra muy superior a los RD$41.1 millones correspondientes al conjunto concreto de 4,363 autorizaciones médicas analizadas en esta parte de la segunda fase. Es importante separar ambas cifras porque corresponden a universos diferentes de la investigación.
La investigación inicial continúa abierta. El pasado 4 de septiembre, el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional concedió al Ministerio Público cuatro meses adicionales, hasta el 11 de diciembre, para completar las pesquisas y presentar la acusación correspondiente a los primeros procesados.
Detenidos trasladados a Ciudad Nueva
Tras los operativos del viernes, parte de las personas detenidas fueron trasladadas a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, mientras las autoridades avanzan en la preparación de las actuaciones judiciales correspondientes.
La Procuraduría deberá individualizar las conductas atribuidas a cada investigado y establecer cuáles de las personas arrestadas serán formalmente imputadas y contra cuáles solicitará medidas de coerción.
Colegio Médico reclama debido proceso
El Colegio Médico Dominicano (CMD) informó que seguirá el desarrollo del expediente, pero sostuvo que corresponde exclusivamente al Ministerio Público investigar y al Poder Judicial determinar responsabilidades.
Su presidente, Luis Alberto Peña Núñez, dijo que el gremio no pretende sustituir a las autoridades judiciales y reclamó que se respeten el debido proceso y las garantías constitucionales de los profesionales involucrados. El CMD también afirmó que no respalda ni ampara violaciones a la ley.
Hasta este sábado 19 de septiembre de 2026, la información disponible describe una investigación todavía en desarrollo. Los hechos señalados contra médicos, exempleados de SeNaSa y demás personas mencionadas constituyen imputaciones e hipótesis del Ministerio Público que deberán ser demostradas ante los tribunales. Todos los investigados conservan la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia definitiva.
Como siguiente paso, puedo preparar una cronología periodística del caso SeNaSa desde la primera Operación Cobra hasta Cobra 2.0-A, separando imputados, montos investigados, decisiones judiciales y nuevas evidencias.