Aumento del marbete genera rechazo de sectores políticos, comunitarios y religiosos
anto Domingo, 30 de octubre de 2026.– El aumento del impuesto de circulación vehicular anunciado este jueves provocó una cadena de reacciones de partidos políticos, legisladores, transportistas, organizaciones comunitarias y representantes religiosos, que cuestionaron su impacto sobre el presupuesto familiar.
La Fuerza del Pueblo, mediante un comunicado de su Secretaría de Asuntos Económicos, encabezada por Haivanjoe Ng Cortiñas, planteó que el Gobierno utiliza la inflación para incrementar sus recaudaciones, mientras compensa de manera insuficiente la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.
Las nuevas tarifas del marbete para el período 2026-2027 son de RD$2,000 para los vehículos fabricados hasta 2021 inclusive y de RD$4,000 para los correspondientes a 2022 en adelante. Para las unidades que permanecen en el mismo tramo, el incremento es de RD$500 y RD$1,000, respectivamente, equivalente a un 33.3 %.
Los vehículos fabricados en 2021 constituyen una excepción: al pasar de categoría, sus propietarios pagarán RD$2,000, frente a los RD$3,000 de la temporada anterior.
Ng Cortiñas sostuvo que la discusión debe considerar tanto la actualización de los ingresos públicos como la protección de los contribuyentes. Recordó que la DGII fundamentó el aumento en una inflación acumulada de 58.1 % entre septiembre de 2016 y septiembre de 2026, pero afirmó que ese mismo deterioro monetario afecta los salarios.
El economista reconoció que una tarifa congelada durante diez años puede requerir revisión. Sin embargo, cuestionó que el ajuste del marbete se aplique inmediatamente, mientras la actualización del mínimo exento del Impuesto sobre la Renta de las personas físicas resulte parcial y se posponga hasta 2027.
De acuerdo con los cálculos expuestos por el dirigente de la Fuerza del Pueblo, el mínimo exento pasaría de RD$416,220 a RD$480,000 anuales, cuando una actualización utilizando el 58.1 % de inflación citado por la DGII lo situaría alrededor de RD$658,000. La diferencia entre este último monto y el previsto para 2027 equivale aproximadamente a RD$14,800 mensuales de ingreso que, según su planteamiento, debería quedar libre del impuesto.
Ng Cortiñas reclamó aplicar íntegramente la actualización por inflación de los tramos del ISR y establecer mecanismos que protejan el ingreso real de los trabajadores. También solicitó transparentar la distribución de los vehículos por categoría y el impacto efectivo de las nuevas tarifas sobre los hogares.
El comunicado vinculó el marbete con el encarecimiento de los combustibles. Según las comparaciones presentadas por la organización, entre enero y la semana del 24 al 30 de octubre la gasolina premium aumentó 23.4 %, la regular 16.5 %, el gasoil óptimo 31.4 % y el regular 20.5 %.
Como ejemplo, señaló que consumir diez galones semanales de gasolina regular supone actualmente RD$450 adicionales respecto a enero. La organización también cuestionó el carácter del cobro fijo: calculó que RD$2,000 representan el 0.5 % del valor de un vehículo de RD$400,000, pero apenas el 0.04 % de uno de RD$5 millones fabricado en 2021. A su juicio, ese esquema impone proporcionalmente mayor carga sobre los vehículos económicos.
En el ámbito político, el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, denunció que los incrementos sucesivos de impuestos, tarifas y servicios equivalen a una reforma fiscal aplicada gradualmente.
“Nos están haciendo otra reforma fiscal por cuotas y sin avisarnos”, expresó el legislador, quien pidió evaluar el efecto acumulado de los aumentos sobre las familias y mejorar la eficiencia del gasto público.
El rechazo también se manifestó en la Cámara de Diputados. Germán Martínez Araujo, de la Fuerza del Pueblo, consideró que el incremento forma parte de una estrategia para elevar las recaudaciones mediante ajustes parciales.
Charles Mariotti, del Partido de la Liberación Dominicana, cuestionó el momento escogido y sostuvo que las dificultades económicas de los hogares aconsejaban aplazarlo.
La diputada Selinée Méndez advirtió sobre las presiones que enfrenta la clase media y reclamó prudencia ante los gastos de fin de año. El vocero de los diputados de la Fuerza del Pueblo, José David Báez, también rechazó la decisión y cuestionó que se agreguen nuevas obligaciones después de las medidas anticrisis.
Desde el oficialismo, la diputada Soraya Suárez defendió la necesidad de financiar las inversiones públicas. Sostuvo que los servicios y las infraestructuras requieren ingresos y planteó que debe garantizarse que los impuestos se utilicen para los fines anunciados.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, también respaldó el ajuste y afirmó que estaba contemplado en la legislación anticrisis. No obstante, la Ley 30-26 no establece expresamente las nuevas tarifas del marbete. La DGII presentó la actualización como una medida complementaria a los objetivos de esa legislación.
En el sector transporte, la Central Nacional de Trabajadores del Transporte, presidida por Juan Marte, rechazó el incremento por sus efectos económicos. Marte advirtió que la organización evalúa aumentar los pasajes para compensar el gasto adicional, aunque esa declaración no constituye un anuncio de tarifas ya aprobadas.
William Pérez Figuereo, representante de la Central Nacional de Transportistas Unificados, propuso establecer tres categorías de cobro según el tipo de vehículo. Conductores del transporte público y privado también reclamaron mantener los montos anteriores, al considerar que el ajuste se suma a sus crecientes costos de operación.
El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica pidió a la DGII reconsiderar la disposición. Su presidente, Feliciano Lacen Custodio, expresó que numerosos salarios resultan insuficientes para cubrir las necesidades básicas y que las decisiones económicas deben tomar en cuenta la capacidad real de pago de las familias.
Asimismo, organizaciones comunitarias del Distrito Nacional y Santo Domingo solicitaron al presidente Luis Abinader dejar sin efecto el aumento. Entre ellas figuran la Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco, la Red de Organizaciones Comunitarias 27 de Febrero y agrupaciones de amas de casa, juntas de vecinos y consejos de desarrollo.
La DGII defendió la medida señalando que las tarifas no variaban desde 2016. Explicó que trasladar completamente la inflación acumulada habría elevado los pagos a RD$2,372 y RD$4,743, superiores a los valores adoptados.
La institución proyecta recaudar RD$4,700 millones, unos RD$1,175 millones adicionales frente a su estimación con las tarifas anteriores. Indicó que los recursos contribuirán a atender prioridades presupuestarias. La renovación permanecerá abierta hasta el 31 de enero de 2027.