Banco Agrícola: el costo de no medir bien el riesgo (1)

Por Julio Santana
“La luz del sol es el mejor desinfectante”. — Louis Brandeis.

Para quienes ocupan posiciones clave en el Estado parece haber pasado desapercibida —también para mí— la auditoría independiente practicada a los estados financieros del Banco Agrícola al cierre de 2024. Al estudiarla con detenimiento, desde mi formación como economista, concluí que ese documento no puede ser leído como un episodio técnico reservado a contadores, auditores y supervisores. Lo que allí se revela toca una zona sensible de la calidad institucional de una entidad pública llamada a financiar un sector estratégico de la economía dominicana.

La misión del Banco Agrícola puede calificarse como un bien público de alta relevancia, vinculada al crédito agropecuario, al pequeño y mediano productor y al financiamiento de actividades que muchas veces no acceden razonablemente a la banca comercial tradicional ni soportan sus elevadas tasas. Por eso, los hallazgos de esta auditoría, al evidenciar debilidades contables, financieras y regulatorias, no pueden despacharse como un asunto menor. Cuando un banco —público o privado— mide mal su riesgo, no solo compromete balances, sino también la confianza, la política pública y el dinero de todos.

Uno de los hallazgos más preocupantes es el faltante neto de provisiones para activos riesgosos, es decir, el monto que falta reservar contablemente para cubrir pérdidas probables. Este indicador fue calculado por los auditores en aproximadamente RD$2,575 millones al cierre de 2024. Dentro de esa cifra, el componente más pesado corresponde al déficit de provisiones de la cartera de créditos, que supera los RD$3,467 millones, parcialmente compensado por excesos de provisión en otros renglones. En lenguaje ciudadano, el banco no habría reservado lo suficiente para cubrir los riesgos asociados a sus créditos y activos problemáticos.

La gravedad aumenta cuando ese faltante se compara con la utilidad anual de la entidad, entendida como la ganancia obtenida durante el año luego de restar costos, gastos, provisiones, impuestos y demás obligaciones contables. Si el faltante neto de provisiones equivale a más de diez veces la utilidad reportada en 2024, el problema supera una diferencia contable y se convierte en señal de alerta institucional. Si bien el faltante representa una proporción significativa del patrimonio neto, no sería para nada prudente afirmar que ello significa insolvencia inmediata, pero sí obliga a examinar con cautela la fortaleza patrimonial presentada.

La cuestión central del dictamen radica en que la evaluación de la cartera de créditos y de los bienes recibidos en recuperación no se realizó plenamente conforme a las exigencias del Reglamento de Evaluación de Activos, sino a partir de políticas internas. Esta diferencia es crucial porque en materia bancaria, las provisiones no son una formalidad contable, sino el mecanismo prudencial que permite reconocer anticipadamente el deterioro probable de créditos y otros activos sujetos a riesgo. Cuando ese cálculo se aparta del marco regulatorio, se debilita la comparabilidad de la información y afecta la transparencia y la capacidad del supervisor y de la ciudadanía para conocer la situación real de la entidad.

Ese distanciamiento puede responder a insuficiencias técnicas, debilidades de gerencia financiera, una cultura institucional acostumbrada a operar al margen de los controles o, en el peor de los casos, a la decisión de levantar una muralla contable frente a posibles cuestionamientos. No corresponde afirmar esto último sin pruebas concluyentes, pero la historia clientelar del Estado dominicano obliga a mirar con cuidado cualquier zona opaca donde se crucen crédito público, discrecionalidad administrativa y manejo débil del riesgo.

No podemos convertir la auditoría en acusación penal automática, como hemos sostenido al analizar aspectos de la auditoría practicada a un proceso de licitación y adjudicación del INABIE. Una opinión calificada no equivale, por sí misma, a prueba de dolo, fraude o malversación. Tampoco sería aceptable reducir los hechos comprobados a una observación técnica sin consecuencias institucionales. Una auditoría con salvedades vinculadas a provisiones insuficientes, especialmente en una entidad pública de crédito, exige explicación clara, corrección oportuna y seguimiento riguroso.

Lamentablemente, ¿acaso no es habitual en nuestra práctica pública esconder un informe relevante, relativizarlo o esperar que el ciclo noticioso lo borre? Aunque hablamos de estados financieros al cierre de 2024, el Banco Agrícola demanda una revisión integral de su cartera bajo criterios regulatorios estrictos, crédito por crédito, garantía por garantía, vencimiento por vencimiento. Esa tarea no debería limitarse a una revisión interna ni depender únicamente de una auditoría posterior de la Cámara de Cuentas, sin perjuicio de sus atribuciones legales.

Más saludable para la tantas veces proclamada transparencia sería que esa revisión sea acompañada por una firma externa especializada y acreditada, validada por la autoridad supervisora y convertida en un plan de saneamiento institucional, con metas trimestrales, responsables identificables y resultados verificables. Dicho plan debería contar con seguimiento al más alto nivel del Poder Ejecutivo, sin dejar fuera a la Superintendencia de Bancos en los aspectos propios de su competencia prudencial, especialmente cuando el asunto comprende provisiones, clasificación de cartera, medición de riesgos, suficiencia patrimonial, cumplimiento del Reglamento de Evaluación de Activos y adecuación contable.

Como en el caso del INABIE, convendría separar los problemas heredados de aquellos imputables a la gestión presente. Muchas instituciones públicas arrastran prácticas viejas, sistemas obsoletos, expedientes incompletos y decisiones acumuladas durante años. Pero la existencia de herencias administrativas no exime a ninguna gestión de corregirlas. Gobernar una institución pública consiste en hacerse cargo de lo recibido, transparentarlo y repararlo. Eso procuró hacer la gestión encabezada por el Ing. Víctor Castro en el INABIE, en medio de presiones mediáticas y la necesidad de salvaguardar la alimentación escolar. Reconocer ese esfuerzo no implica eximirlo de posibles errores administrativos ni de aspectos que deban corregirse y no repetirse.