Burocracia secuestra derecho de los contratistas a cobrar
Por Miguel Liberato
La transparencia administrativa no puede convertirse en una carrera de obstáculos para los ciudadanos que procuran conocer cómo las instituciones públicas cumplen sus obligaciones legales, pues el derecho a la información debe facilitarse, no complicarse mediante exigencias burocráticas innecesarias.
El pasado 14 de octubre, el Comité Institucional Codiano (CIC) solicitó al Instituto de Auxilios y Viviendas (INAVI), amparado en la Ley 200-04, información sobre las actuaciones realizadas para preparar y remitir los expedientes de contratistas incluidos en la Ley 16-26 a su Comisión Ejecutora.
Sorprendentemente, mediante comunicación del 19 de octubre, el INAVI exigió reformular nuestra solicitud, dirigirla a su administrador general, acreditar la representación legal del CIC mediante poderes especiales y limitar las preguntas a dos expedientes identificados en el anexo presentado.
Conviene establecer una diferencia fundamental ya que el CIC no solicitó reconocer, validar ni pagar deudas en representación de sus integrantes, sino requerir información pública sobre las actuaciones administrativas realizadas por una institución del Estado en cumplimiento de una legislación vigente.
Preguntar qué ha hecho una institución con los expedientes de sus acreedores no equivale a ejercer su representación legal y el acceso a información institucional de carácter público no debería condicionarse a la presentación de poderes especiales otorgados por los contratistas.
El CIC tiene derecho a conocer qué gestiones ha realizado el INAVI, cuáles documentos ha recopilado, qué expedientes ha remitido y cuáles dificultades enfrenta para cumplir sus responsabilidades, por lo cual resulta cuestionable pretender limitar nuestra solicitud a dos expedientes particulares.
Han transcurrido más de tres meses desde que la Comisión Ejecutora de la Ley 16-26 aprobó su protocolo de actuación y lo remitió a las instituciones deudoras, tiempo suficiente para que estas hayan iniciado la organización documental y puedan informar sobre los avances alcanzados.
Los contratistas del CIC llevan entre 14 y 32 años esperando el pago de trabajos ejecutados para el Estado y durante esa prolongada espera, muchos han envejecido, otros enfrentan enfermedades y 14 compañeros han fallecido sin recibir los recursos reclamados.
Por eso preocupa que, después de tantos años, nuevas exigencias administrativas puedan retrasar el acceso a informaciones indispensables para conocer el avance del proceso. Sin expedientes no hay validación; sin validación no hay recomendación de pago; y sin pago continúa la injusticia.
El INAVI tiene la oportunidad de demostrar transparencia respondiendo preguntas sencillas: ¿Cuáles expedientes ha remitido? ¿En qué fechas? ¿Qué documentación falta? ¿Qué medidas ha adoptado para superar las dificultades encontradas? Estas respuestas no requieren controversias innecesarias.
El CIC ha solicitado información a diez instituciones públicas vinculadas a las acreencias comprendidas en la Ley 16-26. Corresponde también a la Comisión Ejecutora requerir oportunamente la documentación y dar seguimiento al cumplimiento del protocolo aprobado.
La pregunta sigue siendo la misma: ¿qué ha hecho concretamente el INAVI para cumplir con sus responsabilidades durante los últimos tres meses?
Los contratistas no pedimos privilegios ni confrontaciones, pero si exigimos transparencia, diligencia administrativa y respeto a nuestros derechos, porque la burocracia no puede convertirse en otra condena para quienes llevan décadas esperando justicia.