Camacho advierte a médicos que prestar sus códigos puede llevarlos a un proceso penal tras coerción por caso SeNaSa
Santo Domingo, 28 sept.— El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, advirtió a los médicos que prestar sus códigos puede comprometer su responsabilidad penal, tras concluir la audiencia de medidas de coerción contra los implicados en el caso de presunto fraude al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), correspondiente a la operación denominada Cobra 2.0-A.
Camacho sostuvo que este proceso debe servir de advertencia para los profesionales de la salud, debido a las consecuencias que puede tener permitir que otras personas utilicen sus códigos para gestionar o facturar servicios médicos.
“Este es un proceso del que debemos aprender y quiero aprovechar para exhortar a los médicos a que no presten sus códigos; prestar los códigos puede arrastrarlos a un proceso penal. Si los 22 médicos que fueron procesados en este caso no hubiesen prestado su código, este caso no hubiese existido”, manifestó.
El funcionario indicó que la experiencia ha servido para impulsar una campaña dirigida a advertir a los galenos sobre los riesgos de esa práctica.
Al referirse a la decisión judicial, Camacho afirmó que el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, impuso medidas privativas de libertad a “todos los imputados, excepto a dos”. Calificó la resolución como “razonable” y aseguró que las pesquisas sobre las irregularidades en la aseguradora estatal continuarán.
“La investigación sobre lo sucedido en SeNaSa no se cierra, no concluye con esta investigación y vamos a ir por más”, expresó.
Prisión preventiva y arresto domiciliario
Según la relación de medidas suministrada, Angeury Guzmán Vásquez, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Juan Henry Poueriet y Wander Manuel Díaz Encarnación cumplirán prisión preventiva en el centro penitenciario de Las Parras.
El mismo listado señala que Isabel Heredia Vallejos, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista serán recluidas en Najayo Mujeres.
Bajo arresto domiciliario figuran Lucreisy Polanco Núñez, Martha María Saldaña Saldaña, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, Rafael Mauricio Cabral González, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
La relación incluye, además, a Víctor Felipe Rodríguez García, Luz Esther Reyes Durán, Alberto Batista Cruz, Heidy Coronado Paulino, Engels Federico Díaz Mendoza, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Keila Beatriz Acosta Leonardo.
En tanto, a José Luis Díaz Hernández, Guillermo Enrique Dicló Garabito y Yocaira Antonia Méndez Beltre se les atribuyen medidas de impedimento de salida del país, presentación periódica y pago de una garantía económica.
La información disponible presenta discrepancias que impiden establecer una distribución definitiva de las medidas. Aunque identifica el proceso como seguido contra 26 imputados, el listado nominal contiene 27 personas: ocho bajo prisión preventiva, 16 con arresto domiciliario y tres con otras medidas.
Asimismo, un balance incluido en el reporte señala una distribución distinta: siete personas con prisión preventiva, once con arresto domiciliario, seis con garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica, y dos sin medidas de coerción. Estas diferencias requieren aclaración mediante la resolución judicial.
La investigación por presunto fraude
El caso SeNaSa 2.0, identificado también en la información como Operación SeNaSa 2.0-A y Operación Cobra 2.0-A, corresponde a una segunda fase de las investigaciones por presunta corrupción administrativa en el Seguro Nacional de Salud.
El Ministerio Público atribuye a una supuesta red la sustracción de fondos públicos mediante la facturación y el cobro de servicios médicos que no se habrían realizado, la suplantación de identidades de afiliados y la vulneración de bases de datos de la aseguradora estatal.
Según los antecedentes del expediente descritos en la información, la investigación se originó en una denuncia presentada por SeNaSa el 28 de noviembre de 2024, durante la gestión de Santiago Hazim, sobre irregularidades en las autorizaciones de servicios médicos.
Como parte de la operación, el viernes 18 de septiembre los fiscales arrestaron a 28 personas durante 37 allanamientos practicados en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega.
De acuerdo con la acusación, la presunta estructura gestionaba aprobaciones fraudulentas de cirugías, consultas y procedimientos ambulatorios a través del centro de llamadas de SeNaSa.
Para esas gestiones, habría utilizado datos de afiliados que hacían poco uso del seguro, así como llamadas en las que se empleaban identidades ficticias, entre ellas “Pedro Martínez” y “Ángel Beltré”.
Una vez obtenidas las autorizaciones, los integrantes de la supuesta red presentaban reclamaciones de pago sustentadas en diagnósticos y procedimientos inexistentes, conforme a la versión del Ministerio Público.