Caso cadáveres de niños, una verguenza para el gobierno
Por Euri Cabral
Hace dos semanas el país se llenó de consternación al ver una macabra escena de los cuerpos de seis niños recién nacidos, abandonados y tirados de manera inmisericorde, en la puerta de entrada del Cementerio Cristo Salvador de Santo Domingo Este.
Los cadáveres de los seis niños estaban dentro de una funda, envueltos en toallas desechables, con pampers puestos, con sus zapatitos y con un brazalete del Hospital Ciudad Juan Bosch en sus muñecas, donde se establecía que tenían entre 24 y 40 semana de haber nacidos. Ese hecho, condenable e injustificable desde todo punto de vista, es una gran vergüenza para el sistema de salud en general, para el ministerio de salud en particular y para todo el gobierno dominicano.
Según las informaciones que se han podido obtener, de los seis niños fallecidos, cuatro son de origen haitiano. Eso se entiende, pues en el Hospital Ciudad Juan Bosch hay una gran cantidad de pacientes de origen haitiano, ya que en ese sector vive una gran cantidad de personas procedentes de Haití. Y eso es más preocupante aún, pues detrás de esta acción inhumana e injusta podría haber parte de ese sentimiento anti-inmigrante que se asienta en una gran parte de nuestra población en contra de los nacionales del país vecino.
Un médico pediatra nos dio la información de que en hospitales como el de la Ciudad Juan Bosch es común que, cuando un niño muere al nacer, sus familiares no soliciten el cadáver por dos razones. La primera es que el dolor de ver el niño muerto al nacer, no los motiva a tener que hacerle un sepelio, donde el dolor se multiplicará muchos más. La otra razón es económica, pues un sepelio para el niño ya perdido es un gasto extra, que muchas veces esa familia no los tiene.
Y es ahí donde entra el papel de Estado a través de los hospitales. Las direcciones de los hospitales públicos deben garantizar que a esos niños fallecidos se les proporcione un proceso de enterramiento digno, justo y humano. No que se tiren en una fosa común o que sean abandonados como animales frente al cementerio, como sucedió en este caso que analizamos y que pone en vergüenza al gobierno.
Explicaciones poco convincentes
La primera responsabilidad de este caso recae en la dirección del Hospital Ciudad Juan Bosch, quienes no supieron manejar con eficacia la situación, y violaron todos los procedimientos de lugar para dar cristiana y digna sepultura a estos recién nacidos.
La directora del Hospital, doctora Marilelda Reyes, quiso explicar la situación diciendo que ellos entregaron a la Funeraria La Popular los cuerpos y que ellos le dijeron que habían enterrado los cadáveres. Asimismo, dijo que es una costumbre que los cuerpos de niños fallecidos no sean requeridos por sus familiares, por lo que el hospital se hace cargo de su sepultura en coordinación con la funeraria que le brinda ese servicio. Esta explicación es muy poco convincente y refleja una falta de seguimiento al proceso por parte del hospital. Lo que se evidencia es que ellos entregan los cuerpos sin darle mayor importancia, les dejan la responsabilidad a otros y no hacen ningún tipo de supervisión y confirmación que esos cuerpos de niños fallecidos, reciban el trato digno y humano que ameritan al ser colocado en el sepulcro.
El propietario de la Funeraria La Popular, señor Julián Encarnación Montero, también dio una explicación poco convincente y que lo hace co-responsable de esta acción incorrecta y abusiva. El señor Montero confirmó que su funeraria tiene acuerdo con el hospital para el entierro de los niños fallecidos, pero que sus choferes solo recogen los cadáveres en el hospital, se lo entregan al zacateca del cementerio y se van sin confirmar si son enterrados o no. En este caso, dijo que los cadáveres de los niños se los entregaron al zacateca Hilario Pascual, alias El Grillo, quien supuestamente le dio garantía de que los enterraría. Esta afirmación evidencia una gran irresponsabilidad de parte de esta funeraria y deja entrever que este caso no es el único, y quién sabe cuántos cadáveres de niños no enterrados o abandonados han pasado por la misma situación que los seis de esta situación.
La explicación que da el Grillo, el zacateca a quien le entregaron los cuerpos y los dejó abandonados frente a la puerta del cementerio, es realmente espeluznante. Lo primero que dice es que cuando le entregaron los cuerpos él estaba borracho. Luego dice que como eran ya pasada las seis de la tarde, encontró cerrado el cementerio cuando iba a enterrar los niños y que decidió dejar los cuerpos frente al cementerio para ir a buscar su carro, y cuando llegó al carro, como estaba borracho, se le olvidó que había dejado los cuerpos sin enterrar. Esta explicación evidencia de forma clara y convincente cuál es el procedimiento incorrecto y la falta de controles que tiene este proceso. Ya el Grillo está preso, investigado por la policía, pero debemos estar claros que él no es el único responsable de esta acción condenable y vergonzosa.
“Es un negocio para no pagar impuestos”
El administrador del Cementerio Cristo Redentor, Virgilio Ureña García, dijo algo que muestra un aspecto muy condenable y explica una vertiente de toda la situación. Según él, los seis niños muertos hallados en la acera del camposanto no fueron sepultados para evitar el pago de RD$ 1,500 por motivo de impuestos. Y aún más grave, dijo que el Grillo no es empleado ni coordina nada con la dirección del Cementerio y que no hay ningún ningún registro de que el Hospital de Ciudad Juan Bosch haya enviado antes cadáveres de niños para ser sepultados.
Todo eso lo que indica es que en esa acción descubierta por la borrachera del zacateca Grillo, hay un gran negocio para no pagar los impuestos del cementerio y nadie se preocupa por la suerte final de esos cuerpos inocentes de niños que mueren al momento de nacer. Y eso nos lleva a preguntar cuántas veces habrán sucedido casos como este, cuantos niños fallecidos al nacer o días después han sido tirados en cualquier lugar o enterrados sin ninguna sentido de dignidad o respeto.
Una profunda investigación y necesarias sanciones
El caso de la aparición de seis cadáveres de niños recién nacidos, tirados en una funda a la entrada del cementerio Cristo Salvador no puede quedar sin sanción. El gobierno debe disponer que el Ministerio Público realice una profunda investigación y que se determine con objetividad todo lo sucedido.
El hecho de que solo se haya apresado al zacateca y al chofer es cortar la soga por lo más débil y muestra una actitud muy incorrecta de parte del Ministerio Público. Ese informe y esas medidas son una vergüenza y un irrespeto a la sociedad dominicana.
El gobierno debe entender y asumir que en este caso las responsabilidades deben empezar con la dirección del Hospital Ciudad Juan Bosch, con los que entregaron los cuerpos a la funeraria, con el dueño de la funeraria y los choferes que le entregaron los cuerpos a un zacateca borracho, con ese zacateca que no tiene el más mínimo respeto por lo que hace, y debe culminar con todos los responsables de la supervisión de las normas para realizar procesos como este. Y cada uno de ellos debe recibir una justa sanción para evitar que casos como este sigan avergonzando al actual gobierno.