Caso de Ocoa revive temores por pasado violento de la PN
Por Guarionex Rosa
La brutalidad policial que cobró la vida, tras aparentes torturas, del joven José Gregorio Custodio, de San José de Ocoa, está destruyendo el punto del gobierno y del presidente Abinader, que no manda a torturar ni a matar a ningún ciudadano.
En sus 18 meses en el poder, el gobernante dominicano lo que ha estado predicando es el respeto a los derechos de las personas, liquidar la corrupción y el latrocinio en la administración pública y otros gestos que favorecen al ciudadano común y a los pobres.
Lo que pasa es que la Policía Nacional no tiene componte. Algunos de sus maneras, como el caso de Ocoa, tienen un parecido muy grande a lo que ocurría en los doce años cuando la represión policial era brutal y los comandantes apoyaban a sus agentes.
Que en más de veinte años, la Policía no haya podido ser reformada por los gobiernos de los partidos llamados democráticos, reta la inteligencia de los líderes del país, ocupados en sus quehaceres y manejar el estado a la manera de botín.
Las tantas promesas de reformas se han quedado en las publicaciones de medios de comunicación. Las asesorías de policías de países con más desarrollo en esas funciones se han detenido nada más que en promesas que dejan a la ciudadanía hambrienta de justicia.
Las querellas y críticas a la República Dominicana trascienden las fronteras, como lo demuestra el reciente informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que se refiere a casos específicos de violaciones a los derechos humanos en los últimos tiempos.
Es posible que mucha gente ríe de los anuncios, como el reciente de Ocoa, de trasladar a toda la dotación policial de esa ciudad, que en 1961 abrazó al Partido Revolucionario Dominicano, PRD, la matriz del Partido Revolucionario Moderno hoy en el poder.
Al joven Custodio, como lo mostraron los programas de televisión que enviaron hasta esa ciudad sus reporteros, lo masacraron a golpes los policías del departamento de la Policía, creyendo esos agentes que los casos ahora pueden ocultarse como en el pasado.
En mis años de reportero, mayormente en el periódico Última Hora durante ocho años, presencié muchos atropellos de los agentes policiales contra los ciudadanos. Hubo cuarteles de la PN que eran temidos por los jóvenes como el número 2 de María Auxiliadora.
Allí me retuvieron cuando niño al presentarme a reclamar que dejaran en libertad a dos muchachos de mi gallada. Eso fue en la Era de Trujillo. No me golpearon ni a mí ni a ellos, pero en los doce años ese lugar era un terror. Me dicen que todavía los policías apalean.
Destruyen el punto
Los policías destruyen el punto del presidente Abinader. Cada vez que ocurre un crimen como el mencionado, o el atropello a los periodistas en el Canódromo, la gente se alarma y le quita crédito a la popularidad que con sus acciones ha ganado el gobernante.
Abinader y su ministro de Interior y Policía, Chú Vásquez, un político de tiempo completo, tienen que ver que con esos crímenes y atropellos cuyos ejecutores no siempre van al banquillo de los acusados, la reputación del país se degrada pese a su campaña pro turismo.
Es cierto que los turistas no ponen tanto caso a la represión policial porque no suele llegar hasta ellos. Huyen más bien a las epidemias y al sucio. Pero en Haití el turismo se ha perdido porque a la epidemia y al sucio se ha sumado la mano dura de su Policía.
Los opositores de Abinader quieren que el gobernante se cruce de brazos y no active los recursos políticos de su partido para ejercer el mecanismo constitucional que le permite postularse nuevamente en el 2024. Los adversarios de Abinader no son poderosos, pero lo aparentan.
De ellos, el doctor Fernández, quien ansía que las circunstancias le permitan postularse en las elecciones de ese año, haría cualquier cosa para que se cumpla su ambición. Su recorrido en estos días por los Estados Unidos busca fortalecer su liderazgo afuera. ?El ex presidente Danilo Medina, según anunció el pasado martes su vocero y ex senador, Charlie Mariotti volverá al “ruedo político” a finales de mayo para reunirse con los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, a nivel nacional.
Medina ha mantenido una especie de “disimulo” casi desde que abandonó el poder en agosto de 2020, para darle paso a Abinader. Se diría que lo hizo bien ya que en el último año se han destapado varios escándalos que afectan a algunos de sus hermanos.
Lo del Canódromo
El escándalo ocurrido en el Centro de Retención Vehicular, que acaparó la atención de la ciudadanía por la respuesta que le dio a la presencia de periodistas de LISTÍN DIARIO y un medio televisivo, fue de los tantos casos en que la Policía no puede dar respuesta.
El director Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), general de brigada Ramón Guzmán Peralta, dijo que existen protocolos para hacer la entrega de los vehículos y que los afectados solo tienen que demostrar la propiedad para que sean entregados.
La Policía miente y lo ha hecho siempre. Mentía antes cuando en combinación con un fiscal de la capital justificaba las muertes de dirigentes políticos adversarios del régimen de los doce años. Miente ahora frente al testimonio del público afectado.
El Canódromo, lleno de vehículos de cuatro ruedas y de motocicletas se ha convertido, según diversos testimonios, en un antro de corrupción donde hay que pagar por el mínimo papeleo y donde la teniente coronel que era su directora se valía de tígueres de seguridad.
Al borrar las informaciones contenidas en el celular del reportero del Listín, sin que nadie se responsabilizara posteriormente, se incurrió en un grave delito de censura previa que fue a parar hasta a los escritorios de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, y que la Fundación Institucional y Justicia, de RD, repudió.
Finjus, una institución que se caracteriza por su responsabilidad y aplomo, consideró una vergüenza el haberle borrado la data al teléfono del periódico, cuando el Defensor del Pueblo acudió a la Digesett a realizar una visita de inspección tras recibir múltiples denuncias.
