¿Censura ciudadana…? (¡Cuidado!)
Ya el periodista -fundador y exdirector del periódico El País de España- José Luis Cebrián, tan temprano como la década de los 90, nos adelantó -visionariamente- que periodista “…es aquel que va por las calles y cuenta o narra lo que vio”. Nada más actual.
Traemos la visión premonitoria a cuento -expuesta en un ensayo o decálogo deontológico periodístico (Cartas a un joven periodista), pues hace poco la Policía Nacional anunció que les daría seguimiento a los propagadores de noticias falsas -fakes news- a través de los “medios digitales” (o más bien, redes sociales, aunque no se dijo) que “generen pánico en la población” sobre la violencia o inseguridad ciudadana.
Bien…, pero tal tarea -una suerte de censura policial- se presta a una doble interpretación o, quiérase que no, induce implícitamente a censura ciudadana, pues si no se explica y se hace una campaña al respecto, el ciudadano común -testigo de un crimen, asalto o de actos de violencia- lo pensaría dos veces antes de hacer una denuncia, compartir o subir en las redes sociales (quiérase que no, el periódico de mayor lectoría, para bien o para mal) lo que vio o fue víctima al sentir miedo o temor a ser “llamado” o “intimidado” por una acción cívica-ciudadana y, en consecuencia, no accionar ante la ola de inseguridad ciudadana que nos acogota.
La policía, en primer lugar, debería ver al ciudadano como un aliado y testigo de excepción para reportar y denunciar, si es posible con videos -por supuesto, sin arriesgar vidas-, crímenes, atracos o actos delincuenciales de cualquier índole, pues tales fuentes serían pistas claves, como han sido en múltiples casos, para apresar, someter y procesar judicialmente a antisociales….
Lógicamente, aquellos que se presten a propalar noticias falsas -modalidad textos, videos o fotografías (descontextualizadas-extrapoladas)- deberían ser procesados por divulgarlas y contribuir alevosamente a la intranquilidad ciudadana con fines de manipulación mediática, interés político o fomentar percepción pública inducida. En esos casos, y de comprobarse, previamente, si cabe la acción policial -con la asistencia técnica de Indotel-Dicat- en aras de reducir o aminorar inseguridad ciudadana.
Sin embargo, hay que edificar bien a la ciudadanía sobre el alcance y objetivo de dicha medida y, sobre todo, que la denuncia ciudadana a través de redes sociales, medios digitales o periódicos impresos son válidas y necesarias para combatir el crimen y dar al traste con la ola de inseguridad ciudadana que no es de “percepción” como se dijo en el pasado -y ahora se repite, pero con el agravante de que fue acicate político-electoral a beneficio del partido gobernante a través de su periferia política-mediática-.
La medida tiene pertinencia, pero debe ser explicada, pública y escuetamente, para no frenar una fuente invaluable e indispensable en la lucha contra la delincuencia organizada o no, pues no hay plan de seguridad pública efectivo sin la integración y colaboración de la ciudadanía.
Eso sí, lo de Tony Guaba, al respecto, ha sido de antología, pues la oposición -toda-, más que prudente, ha sido excesivamente sensata y lejos de aquella (2012-2020) de barricada y denuncias internacionales sobre un tema que se dijo se resolvería en un santiamén. ¿O no?
