Ceuta sigue bajo tensión por crisis migratoria mientras crecen críticas al Gobierno español
CEUTA, España, 21 sept (Agencias).— La crisis migratoria que mantiene bajo presión a Ceuta entró este lunes en una nueva fase de tensión, marcada por protestas ciudadanas, incidentes violentos, miles de migrantes todavía sin alojamiento adecuado y el temor a otro intento masivo de entrada desde Marruecos.
Las autoridades españolas reforzaron la seguridad en los alrededores de la frontera del Tarajal ante mensajes difundidos en las redes sociales que convocan a nuevas incursiones coincidiendo con las elecciones marroquíes previstas para esta semana.
Las fuerzas de seguridad de Marruecos también aumentaron su presencia en el lado fronterizo para impedir que grupos de personas se aproximen al perímetro que separa al país africano de la ciudad española.
La situación se remonta a finales de julio, cuando más de 72,000 personas cruzaron irregularmente desde Marruecos en menos de 48 horas. La mayoría regresó posteriormente, pero distintas estimaciones indican que entre 10,000 y 15,000 migrantes continúan en Ceuta.
Numerosos recién llegados permanecen en instalaciones temporales, asentamientos improvisados o espacios públicos. Organizaciones humanitarias calculan que alrededor de 4,000 todavía duermen a la intemperie, principalmente en playas y calles.
Desalojo de las playas provoca enfrentamientos
La Policía española, con apoyo militar, inició antes del amanecer del viernes un operativo para retirar a miles de migrantes instalados en las playas y trasladarlos a un campamento temporal habilitado en el puerto.
La nueva instalación dispone de camas, servicios sanitarios, duchas y alimentación, pero solo tiene capacidad para aproximadamente 1,700 hombres adultos, una cifra muy inferior a las necesidades existentes.
Durante el traslado se registraron momentos de gran confusión debido a la concentración de personas que intentaban conseguir uno de los espacios disponibles. Agentes antidisturbios emplearon porras y dispararon proyectiles de goma al aire para dispersar a algunos grupos y recuperar el control.
La situación se estabilizó posteriormente, pero las organizaciones humanitarias denunciaron que las instalaciones resultan insuficientes. También acusaron al Gobierno de Pedro Sánchez de actuar con retraso y de haber confiado durante varias semanas en que una cantidad importante de migrantes regresaría voluntariamente a Marruecos.
Los menores no acompañados están siendo alojados por separado, mientras las autoridades intentan identificar a cada persona para determinar quién puede solicitar protección internacional y quién debe ser repatriado.
Incidentes violentos elevan la preocupación
La inseguridad se ha convertido en uno de los principales motivos de preocupación de los residentes, aunque las autoridades y organizaciones civiles han pedido evitar que los delitos cometidos por individuos sean atribuidos a toda la población marroquí o migrante.
A principios de septiembre, la Guardia Civil identificó a 21 migrantes marroquíes acusados de lanzar piedras contra una patrulla militar y agentes desplegados cerca de la playa de El Trampolín. No se registraron heridos ni daños materiales y los involucrados regresaron voluntariamente a Marruecos.
Otros 12 ciudadanos marroquíes habían sido detenidos días antes por un incidente similar ocurrido en Benzú.
Durante el reciente desalojo de las playas también se produjeron forcejeos y enfrentamientos entre algunos migrantes y los agentes encargados del operativo.
La Fiscalía ha informado, además, de 23 agresiones sexuales denunciadas desde la entrada masiva de finales de julio, incluidas cinco violaciones. Entre las víctimas figuran nueve menores migrantes y un integrante de la comunidad LGBTI.
En esas investigaciones aparecen como sospechosos cuatro ciudadanos marroquíes, tres españoles y un belga, mientras otros agresores no han sido identificados. Las cifras muestran que la violencia no procede de un único grupo y que parte de las víctimas también pertenece a la población migrante.
Los tribunales ordenaron prisión para dos marroquíes y la expulsión de un tercero por casos de agresión sexual. La Fiscalía reforzará su personal en Ceuta con tres representantes adicionales para atender el aumento de expedientes.
Protestas contra la gestión gubernamental
Cientos de ciudadanos marcharon el domingo desde la explanada Juan Carlos I hasta la playa del Tarajal para reclamar mayor control fronterizo y respuestas inmediatas del Gobierno central.
La movilización fue convocada por la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos. Los participantes portaron banderas de Ceuta, España y la Unión Europea, defendieron la españolidad de la ciudad y exigieron la renuncia del delegado del Gobierno, a quien responsabilizan de una gestión deficiente.
La protesta contó con acompañamiento de la Policía Nacional y efectivos militares. También coincidió con una concentración de motoristas que recorrió el trayecto hasta las proximidades de la frontera.
Desde que comenzó la crisis se han realizado varias manifestaciones. Algunas han exigido la expulsión de los migrantes y la dimisión del presidente Pedro Sánchez, mientras otras organizaciones han reclamado una respuesta ordenada que garantice tanto la seguridad de los residentes como los derechos fundamentales de los recién llegados.
La tensión derivó el domingo en el ataque contra el automóvil de la diputada ceutí Julia Ferreras, quien viajaba con un activista y una abogada vinculada a Naciones Unidas. Un grupo lanzó piedras y huevos contra el vehículo y causó daños considerables.
La Policía tuvo que escoltar a sus ocupantes, detuvo a dos personas y dispersó a los manifestantes. Algunas trabajadoras humanitarias y varios migrantes también recibieron insultos. El Sindicato Unificado de Policía criticó la falta de previsión del dispositivo de seguridad. El País
Gobierno acusado de pasividad y falta de previsión
El Partido Popular y otras fuerzas opositoras acusan al Ejecutivo socialista de haber reaccionado tarde, subestimar la cantidad de migrantes que permanecían en Ceuta y permitir que la emergencia humanitaria se transformara en una crisis de seguridad.
Las críticas aumentaron después de conocerse que las autoridades habían recibido advertencias sobre mensajes publicados en redes sociales que alentaban la entrada masiva de finales de julio.
El Gobierno sostiene que la crisis fue promovida mediante desinformación difundida por redes de tráfico de personas, que presentaron falsamente a España como un país donde los migrantes obtendrían residencia inmediata.
Madrid niega que el proceso extraordinario de regularización de extranjeros sin documentación haya provocado las entradas y defiende su cooperación con Marruecos.
El sistema sanitario de Ceuta también se encuentra sometido a una fuerte presión. El sindicato CEMSATSE convocó una huelga para reclamar más recursos, al considerar que los servicios superaron su capacidad operativa.
La ministra de Sanidad, Mónica García, rechazó que el hospital de la ciudad esté colapsado y afirmó que mantiene una ocupación cercana al 53%. Sin embargo, reconoció la existencia entre los migrantes de casos de tuberculosis, varicela, sarna y gastroenteritis, enfermedades relacionadas en muchos casos con las precarias condiciones de alojamiento.
Respuestas de España y la Unión Europea
El Gobierno español contempla varias medidas para recuperar el control de la situación:
Ampliar los alojamientos temporales y retirar progresivamente los campamentos de playas y calles.
Identificar a los migrantes y evaluar individualmente sus solicitudes de asilo.
Repatriar a Marruecos a quienes no tengan derecho legal a permanecer en territorio español.
Trasladar a la península a menores y personas especialmente vulnerables, con la colaboración de otras comunidades autónomas.
Reforzar la Policía Nacional, la Guardia Civil y la presencia militar en los puntos más sensibles.
Mantener la cooperación con Rabat para impedir nuevas entradas masivas y combatir a las redes de tráfico de personas.
España instaló una barrera flotante de unos 500 metros en la zona marítima del Tarajal, aunque parte de la estructura resultó dañada y se fragmentó. La medida había sido adoptada después de las muertes registradas durante la entrada masiva de julio.
El Parlamento Europeo aprobó una resolución por 339 votos a favor, 225 en contra y 16 abstenciones, en la que pidió fortalecer la protección de las fronteras exteriores, aumentar el respaldo europeo a España y profundizar la cooperación con Marruecos.
Los eurodiputados reclamaron a las autoridades marroquíes el cumplimiento de sus compromisos sobre vigilancia fronteriza, readmisión de migrantes y cooperación migratoria. También defendieron la integridad territorial de los países de la Unión Europea. Parlamento Europeo
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció igualmente una propuesta para crear un marco de respuesta de emergencia frente a flujos migratorios masivos, especialmente cuando sean promovidos o utilizados como instrumento de presión política.
El comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, insistió en acelerar las repatriaciones de quienes no tengan derecho a permanecer en la UE. A su juicio, demostrar que las autoridades mantienen el control resulta fundamental para reducir las tensiones y evitar que la crisis sea aprovechada por movimientos extremistas. Reuters
Ceuta permanece así atrapada entre una emergencia humanitaria, una creciente inquietud ciudadana y una confrontación política sobre la responsabilidad del Gobierno. La posibilidad de nuevas entradas desde Marruecos mantiene en alerta a una ciudad que todavía no ha logrado superar las consecuencias de la oleada registrada hace casi dos meses.