Chivos sin ley

Eduardo García Michel

Aplicar la ley a todos por igual, como parte del contrato social, es la clave para que la sociedad deje de actuar como los chivos sin ley. (SHUTTERSTOCK)

En la cultura dominicana el chivo ocupa un lugar prominente. Es referente gastronómico asentado con firmeza en el gusto popular (chivo guisado). Su nombre se utiliza para caracterizar actitudes humanas de desconfianza (Está chivo); de comportamiento sexual desinhibido (Es una chiva); de andar por su cuenta (Chivo sin ley)…

En determinadas etapas de su proceso social los pueblos tienen la tendencia a actuar como los chivos sin ley, sin ataduras. Es decir, a vivir en estado de naturaleza, según la concepción de Tomas Hobbes (siglo XVII).

Llama la atención que todavía en estos tiempos, cuatro siglos después de haberse enunciado la teoría del contrato social, una parte del pueblo dominicano siga mostrando vocación de obrar por la libre. Y de poner sus intereses individuales por encima de los del colectivo, como si se encontrara en un estadio de organización social muy crudo.

No es menos sorprendente que a menudo se escuche decir que los dominicanos que viven o van de visita al extranjero cumplen estrictamente con las reglamentaciones de esos países. Y surge la pregunta: ¿Por qué allá sí lo hacen, mientras que aquí no?

Tampoco deja de ser curioso que, en nuestro propio territorio, en Casa de Campo, La Romana, no se ve basura tirada en las calles, ni se escucha el estruendo de los parlantes, ni se irrespeta la señalización urbana, ni hay temor de inseguridad, ni fallos en la infraestructura. ¿Por qué allá sí y en el resto del país no?

Lo mismo ocurre en Punta Cana Village donde, en adición, por ejemplo, se protege al gavilán de la Hispaniola (endémico), el cual convive con los habitantes de los residenciales y centros comerciales situados frente a las palmas reales donde tienen sus nidos y no duda en sobrevolar a los transeúntes en vuelo rasante en la creencia de que así defienden a sus crías. ¿Por qué allá sí se los cuida y aquí no?

Algunos dirán que el segmento poblacional que habita esos entornos es de alto o mediano nivel de ingresos, al igual que de cultura, mientras que en los pueblos del país predomina la clase de menores recursos, con menguado acceso a la educación. Pero no. No hay paralelismo simétrico entre condición social (alta o baja) y nivel de educación, sobre todo doméstica.

En realidad, el comportamiento a que se hace referencia tiene otra explicación: la de que tanto en el exterior, como en los parajes de Casa de Campo y Punta Cana Village, se aplica la ley, a todos por igual. Y además se prestan los servicios que los residentes reclaman y aprecian (orden, seguridad, agua, luz, infraestructura…).

El dominicano, al igual que cualquier otro ser humano, se resiste a ver coartados sus deseos de vivir en un estado de naturaleza, salvo que perciba que le conviene ceder su porción de soberanía a un ente abstracto como es el Estado a cambio de los beneficios que reciba. Y, además, asimile que el poder coercitivo lo obliga a comportarse dentro del marco previsto en las leyes.

Por tanto, mientras no se convenza de que el Estado, el nuestro, suple con suficiencia sus necesidades y aplica la fuerza coercitiva sin distinciones, no dejará de intentar seguir viviendo a su discreción.

En mi artículo de la semana pasada me referí a las reformas que deberían ser llevadas a cabo en el período de gobierno 2024-2028.

Entre ellas mencioné la necesidad de «Instituir a la fuerza la asunción generalizada de consecuencias como aval del principio de igualdad ante la ley…». Agregué que «Esta es la clave para que la sociedad deje de actuar como los chivos sin ley, y, a la vez, la llave para ingresar al cuadro de naciones disciplinadas, base del progreso cualitativo y cuantitativo».

Tal vez se requiera readecuar las leyes para dar más peso a las sanciones por incumplimiento, para que duelan. E imponer castigos pesados a las autoridades que incumplan sus obligaciones.

Eso sí, entiéndase que cuando se habla de «autoridades que incumplan sus obligaciones» el término no se refiere solo a aquellas que actúen con venalidad, sino también a las que no ejerzan con esmero las funciones de que se ocupan.

Con notables excepciones, existe la creencia muy arraigada de que a los cargos públicos se va para beneficiarse de su brillo y potencialidades, no para consagrarse en la prestación de servicios de calidad a la población. Y ese sentimiento cubre a las funciones legislativas, municipal, ejecutiva. El reto está en cambiar con hechos esa percepción.

En estos tiempos, cuatro siglos después de haberse enunciado la teoría del contrato social, una parte del pueblo dominicano sigue mostrando vocación de obrar por la libre. Y de poner sus intereses individuales por encima de los del colectivo, como si se encontrara en un estadio de organización social muy crudo.

Diario Libre