Choque petrolero: subsidios, inflación y deuda en tensión
Por Ramón Nuñez Ramírez
La magnitud del actual choque petrolero ha sido calificada por el director de la Agencia Internacional de Energía, Fatih Birol, como el doble de los ocurridos en la década de los setenta. A diferencia de entonces, el conflicto incorpora un elemento adicional de riesgo: la capacidad de Irán de impactar infraestructuras energéticas en la región, lo que podría prolongar y profundizar la disrupción más allá del cese de las hostilidades.
No es la primera vez que el país enfrenta un choque petrolero. Los de los años setenta derivaron en la crisis de deuda y la llamada “década perdida” en América Latina. En 2007-2008, aunque el impacto fue significativo, la economía dominicana contaba con amortiguadores: el tipo de cambio era 80% más bajo, la deuda del sector público no financiero (SPNF) rondaba el 28% del PIB y existía espacio fiscal para expandir el déficit y aumentar subsidios.
El contexto actual es más restrictivo. A febrero, la deuda del SPNF alcanzaba el 46.3% del PIB, mientras los intereses compiten directamente con el gasto en educación equivalente al 4% del PIB. En estas condiciones, el margen fiscal para absorber un choque prolongado es limitado.
De ahí que el ajuste gradual de los precios de los combustibles resulte inevitable. Con un petróleo cuyo costo por barril es, hasta esta semana, 58% superior al del año pasado, mantener intacto el esquema de subsidios habría sido insostenible. Aun con los ajustes, el subsidio acumulado desde enero hasta el 20 de marzo asciende a RD$4,671 millones, equivalente al 39% de los RD$12 mil millones presupuestados para todo el año.
La duración del conflicto será determinante. Si se prolonga o se agravan los daños a la infraestructura petrolera en Medio Oriente, el gobierno podría verse forzado a incrementar el endeudamiento, apoyado en un riesgo-país relativamente favorable medido por el EMBI de J.P. Morgan, incluso por debajo de economías con grado de inversión.
El sistema eléctrico añade otra capa de vulnerabilidad. Aunque la matriz ha cambiado, con mayor participación de gas natural (39%), carbón (27%) y una reducción del fuel oíl y gasoil (9%), el 75% de la generación sigue dependiendo de combustibles fósiles. Las energías renovables apenas alcanzan el 25%. Además, los contratos de generación están indexados a los precios internacionales de los combustibles, lo que transmite rápidamente cualquier aumento. Si en 2025 el subsidio eléctrico rondó los RD$105 mil millones con precios relativamente estables, cabe preguntarse cuánto podría escalar bajo el actual escenario.
El impacto inflacionario será inevitable. El alza de los combustibles se trasladará a los costos de transporte, alimentos importados y producción agropecuaria, donde el gasoil es un insumo esencial. El resultado será una presión directa sobre la canasta básica.
Aunque se trata de un choque de naturaleza transitoria, su duración es el factor crítico. Una prolongación podría empujar a la economía global hacia un episodio de estanflación sin precedentes recientes. Para la RD, como importador neto de combustible, esto se traduciría en mayor inflación, tasas de interés más altas, deterioro del sector externo, incremento del endeudamiento y desaleración económica.
La experiencia de nuestra vulnerabilidad energética nos obliga a acelerar la transición hacia fuentes renovables, reducir las pérdidas del sector eléctrico y mejorar, desde ya, la calidad del gasto público. Al mismo tiempo, resulta impostergable avanzar en reformas estructurales que garanticen la sostenibilidad fiscal, liberen recursos para la inversión y fortalezcan los colchones fiscales ante futuros choques.
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