CIC denuncia preocupante lentitud en la ejecución de la Ley 16-26:
Santo Domingo, 30 julio. – Al cumplirse tres meses de la promulgación de la Ley 16-26, el Comité Institucional Codiano (CIC) denunció que la ejecución de esa legislación avanza con una lentitud alarmante, mientras cientos de contratistas continúan sumidos en la incertidumbre, sin conocer un cronograma, sin información oficial y sin señales concretas de que los pagos prometidos vayan a comenzar en un plazo razonable.
El ingeniero Miguel Liberato, vocero autorizado del CIC, recordó que la Comisión Ejecutora anunció públicamente que celebraría reuniones ordinarias cada quince días, pero han transcurrido más de tres semanas desde su primera sesión y el país desconoce si se efectuó la reunión siguiente, cuáles decisiones fueron adoptadas y qué avances reales existen en la depuración de los expedientes, por lo que asegura que el silencio institucional comienza a convertirse en una seria preocupación.
Igualmente consideró inaceptable que, transcurrido este tiempo, los veedores establecidos por el artículo 16 de la Ley 16-26 continúen sin ser incorporados formalmente a las reuniones de la Comisión Ejecutora, pese a que la veeduría fue creada por el legislador para garantizar transparencia y seguimiento permanente, “no para permanecer al margen del proceso mientras se toman decisiones de enorme trascendencia para cientos de familias”.
Liberato resaltó que se han agotado todos los canales institucionales sin ningún resultado, refiriéndose al hecho de que el CIC ha remitido múltiples comunicaciones con observaciones y propuestas a la Comisión Ejecutora, solicitó el acompañamiento de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), del Defensor del Pueblo y del Congreso Nacional, e incluso fue necesario realizar un piquete pacífico frente al Ministerio de Hacienda para exigir que se informara al país cuándo comenzarían oficialmente los trabajos de implementación de la ley.
“Para el Comité Institucional Codiano, la ausencia de información, el incumplimiento aparente del calendario de reuniones anunciado por la propia Comisión y la exclusión de los veedores constituyen señales que no pueden ser ignoradas”, indicó el vocero de los contratistas de obras estatales..
Liberato hizo hincapié en que cada día que pasa sin resultados verificables aumenta la percepción de que el proceso corre el riesgo de entrar en una peligrosa dinámica de dilaciones, “mientras sigue agravándose la realidad humana de decenas de contratistas septuagenario”.
En ese sentido agregó que entre los contratistas del CIC “existen colegas con enfermedades de gravedad, personas con discapacidad y familias de profesionales fallecidos que esperaron durante años una solución”.
El CIC exhortó al presidente de la Comisión Ejecutora y a todos sus integrantes a romper el silencio, informar inmediatamente al país sobre el estado de ejecución de la Ley 16-26, convocar sin más demora a los veedores, cumplir la periodicidad de las reuniones anunciadas y presentar un cronograma público con fechas concretas para la revisión de expedientes y el inicio de los primeros desembolsos.
Finalmente, el ingeniero Liberato advirtió que el CIC continuará ejerciendo una vigilancia activa sobre cada etapa de la implementación de la Ley 16-26 y utilizará todos los mecanismos democráticos e institucionales necesarios para combatir cualquier manifestación de desidia, opacidad o retraso injustificado