CIC exige activación inmediata veeduría en Ley de pago a contratistas estatales
Santo Domingo, 19 julio. – El Comité Institucional Codiano (CIC) exigió la activación inmediata del mecanismo de veeduría establecido en la Ley núm. 16-26 y reclamó la incorporación formal del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) y de la Asociación Nacional de Productores de Asfaltos (ANPRAS) a todas las reuniones y actividades de la Comisión Ejecutora responsable de aplicar esa legislación.
El ingeniero Miguel Liberato, vocero autorizado del CIC, recordó que la Comisión Ejecutora inició sus labores hace dos semanas, celebró su primera sesión de trabajo y aprobó el protocolo operativo sin la presencia de los veedores expresamente designados por el legislador, una omisión que considera incompatible con el espíritu y la letra de la Ley 16-26.
Informó que el CIC remitió sendas comunicaciones oficiales a ambas entidades exhortándoles a ejercer plenamente las atribuciones que les confiere el artículo 16 de la ley y a requerir su integración inmediata al proceso de implementación.
“Los veedores no tienen que esperar una invitación discrecional para participar, pues la propia ley los constituye como parte del mecanismo de control y transparencia de todo el proceso, por lo que su incorporación no depende de la voluntad de la Comisión Ejecutora, sino del cumplimiento de un mandato legal”, expresó Liberato.
Conforme a las consideraciones de los contratistas de obras estatales aglutinados en el CIC, “la veeduría debió comenzar desde la primera reunión de la Comisión Ejecutora, porque fue concebida como un instrumento permanente de vigilancia, seguimiento, observación y monitoreo durante todas las fases de ejecución de la ley, desde la aprobación del protocolo operativo hasta la validación de los expedientes y la realización de los pagos”.
En ese sentido, el portavoz del CIC demandó que las convocatorias al CODIA y a la ANPRAS pasen a formar parte permanente del funcionamiento de la Comisión Ejecutora, garantizando su participación en todas las reuniones, deliberaciones, decisiones y actividades relacionadas con la implementación de la Ley 16-26.
El CIC advirtió que excluir a los veedores del proceso debilita uno de los principales mecanismos de transparencia previstos por el Congreso Nacional y limita el ejercicio de las funciones de seguimiento y observación que el propio legislador les asignó para proteger el interés público y fortalecer la confianza en la ejecución de la normativa.
Asimismo, señaló que la participación efectiva de los veedores constituye una garantía para los contratistas, para las instituciones involucradas y para toda la sociedad dominicana, ya que promueve una ejecución más transparente, objetiva y abierta al escrutinio ciudadano.
La organización expresó su expectativa de que la Comisión Ejecutora rectifique esta situación en su próxima convocatoria e incorpore formalmente al CODIA y a la ANPRAS como veedores, conforme al mandato contenido en la Ley 16-26.
Finalmente, el Comité Institucional Codiano reafirmó que continuará vigilando el cumplimiento íntegro de la legislación y defendiendo que cada una de sus disposiciones sea aplicada con el mismo rigor con que fue aprobada por el Congreso Nacional y promulgada por el Poder Ejecutivo.