CIC intima a Hacienda y eleva reclamos institucionales al cumplirse dos meses sin ejecución de la Ley 16-26
Santo Domingo, 29 junio.– Al cumplirse dos meses de la promulgación de la Ley 16-26 sin que se haya anunciado oficialmente la integración de la comisión encargada de ejecutarla, el Comité Institucional Codiano (CIC) informó que presentó una intimación formal al Ministerio de Hacienda y Economía para exigir respuesta sobre la conformación de ese organismo, al tiempo que llevó el caso ante el Defensor del Pueblo y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), en procura de que se active la ejecución de la legislación.
El vocero de la organización, ingeniero Miguel Liberato, explicó que el pasado primero de junio se remitió una comunicación al Ministerio de Hacienda y Economía solicitando información sobre la integración de la comisión prevista por la Ley 16-26, encargada de validar, depurar, reconocer y viabilizar el pago de las acreencias históricas de los contratistas de obras públicas.
Liberato indicó que, al no recibir respuesta dentro del plazo correspondiente, se procedió a depositar una intimación formal requiriendo el cumplimiento del deber legal de responder, en apego a los principios que rigen la administración pública y el derecho de los ciudadanos a obtener respuesta de las instituciones del Estado.
Asimismo, informó que el CIC solicitó la intervención del Defensor del Pueblo para que, en el ámbito de sus atribuciones, procure la tutela de los derechos de los ciudadanos frente a la inactividad administrativa que afecta la ejecución de una ley vigente.
De igual manera, resaltó que pusieron el caso en conocimiento de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), con el propósito de que esa entidad determine si la ausencia de respuesta resulta compatible con los principios de transparencia, buena administración, eficacia y respeto al ciudadano que deben observar los órganos del Estado.
El portavoz del Comité Institucional Codiano afirmó que todas las actuaciones de la organización han sido desarrolladas por las vías institucionales y dentro del marco del Estado de derecho.
“En una democracia, la defensa de los derechos ciudadanos debe ejercerse mediante los mecanismos que establecen la Constitución y las leyes. Ese ha sido nuestro proceder desde la promulgación de la Ley 16-26”, expresó Liberato.
El CIC reiteró que su objetivo no es la confrontación, sino que las autoridades informen al país cuándo será integrada oficialmente la comisión ejecutora y cuál será el cronograma para el inicio de sus trabajos, de manera que la ley pueda comenzar a producir los efectos para los cuales fue aprobada por el Congreso Nacional y promulgada por el Poder Ejecutivo.
La entidad recordó que detrás de esa legislación existen decenas de contratistas con acreencias pendientes desde hace décadas, muchos de ellos personas de edad avanzada, así como familiares de profesionales que fallecieron sin haber visto reconocidos los derechos derivados de obras ejecutadas para el Estado.
“Cada día de retraso tiene consecuencias humanas, pues hay contratistas que esperan cobrar en vida y familias que llevan años aguardando una respuesta, por lo que la pronta integración de la comisión no solo representa el cumplimiento de una ley, sino también un acto de justicia y de respeto hacia quienes durante décadas han esperado el reconocimiento de sus acreencias”, concluyó el ingeniero Liberato.