CIDH condena represión contra la Iglesia católica en Nicaragua
WASHINGTON, 20 agosto (IPS) – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) exigió al gobierno de Nicaragua la inmediata liberación de monseñor Rolando Álvarez, obispo de la ciudad de Matagalpa detenido este viernes 19, y condenó la escalada represiva contra la Iglesia católica en el país centroamericano.
La policía que rodeaba la sede de la curia episcopal de Matagalpa desde hace 15 días ingresó a ese sitio a las tres de la madrugada, capturó a Álvarez y a otros siete religiosos y se los llevó en varios vehículos con rumbo desconocido, según la información recogida por el organismo interamericano.
La Cidh “urge a la liberación inmediata del obispo Rolando Álvarez y de las personas detenidas, a informar inmediatamente su paradero y a garantizar su vida e integridad personal”, indicó su declaración.
La hora de la incursión policial destaca porque según la legislación nicaragüense los allanamientos deben efectuarse entre las seis de la mañana y las seis de la tarde, salvo que haya consentimiento del dueño de la casa o en casos sumamente graves y urgentes.
Según la Cidh, el obispo fue responsabilizado por las autoridades de “ejecutar actos de odio y desestabilizar al Estado”.
Recordó que en declaraciones públicas la vicepresidenta del país, Rosario Murillo, lo acusó de cometer “crímenes de lesa espiritualidad”, debido a su denuncia y oposición a la confiscación y cierre de siete radioemisoras de su diócesis.
También el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, expresó en su cuenta de Twitter que “condenamos el secuestro de monseñor Rolando Álvarez y otros sacerdotes y laicos esta madrugada por las fuerzas represivas del régimen Ortega-Murillo en Nicaragua”.
Daniel Ortega es el presidente de Nicaragua desde 2006, y su esposa Rosario Murillo ocupa la vicepresidencia.
Para la Cidh los hechos de este viernes “forman parte de un contexto sistemático de persecución, criminalización, hostigamiento, asedio policial y declaraciones estigmatizantes por parte de las más altas autoridades del Estado”.
Considera que se trata de “actos de represión en contra de integrantes de la Iglesia católica en Nicaragua, debido a su rol de mediación en el Diálogo Nacional en 2018 y su papel crítico para denunciar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco de la crisis en el país”.
La Cidh recordó que el 17 de agosto el sacerdote Uriel Vallejos fue habría sido forzado a exiliarse después de permanecer más de tres días bajo asedio policial en la casa cural de Sébaco, un poblado de la diócesis de Matagalpa, en el norte del país.
El 14 de agosto, el sacerdote Óscar Danilo Benavidez, párroco de la iglesia Espíritu Santo de Mulukukú (noreste), “fue detenido arbitrariamente por agentes antimotines y, al día siguiente, el Ministerio Público habría solicitado ampliar el plazo de su detención por 90 días para realizar investigaciones.
Ese mismo día, los sacerdotes de los municipios de Rancho Grande y El Tuma, también en el norte, fueron impedidos por agentes de la policía, bajo amenazas, de trasladarse hacia la ciudad de Matagalpa para participar en celebraciones religiosas.
En Managua, “la Policía Nacional habría prohibido la celebración de las procesiones religiosas programadas para el 13 y 14 de agosto, por motivos de «seguridad interna», y en los días siguientes, agentes antimotines habrían impedido el ingreso de personas a las iglesias para la celebración de la misa en otras comunidades del país”.
En el primer semestre de 2022, la Cidh rechazó el cierre y confiscación de los bienes de distintas organizaciones vinculadas con la Iglesia, como la Universidad Católica del Trópico Seco, varios colegios de la diócesis de Estelí (norte) y la Fundación de las Hermanas Misioneras de la Caridad de Santa Teresa de Calcuta.
Las integrantes de esa orden católica fueron expulsadas del país, y en marzo también el Estado ordenó la salida del nuncio apostólico (embajador del Vaticano), Waldemar Sommertag, quien fue mediador en la Mesa de Diálogo de 2019.
Además, la Cidh y su Relatoría para la Libertad de Expresión han condenado la eliminación del Canal Católico de la grilla de programación de televisión por cable, en el mes de mayo; el cierre arbitrario de las radioemisoras católicas de Matagalpa, y la confiscación de equipos de radio y televisión en Sébaco.
Almagro y obispos de varios países de la región se mantenían exigiendo la libertad de monseñor Álvarez y demás religiosos detenidos, mientras en Managua se difundían versiones de que el obispo podría ser expulsado del país en breve.
