Cineastas cubanos denuncian condena a Anna Bensi y su madre: “Filmar la crisis se ha convertido en un delito”

La Habana, Cuba, 6 oct.— La Asamblea de Cineastas Cubanos (ACC) denunció la condena impuesta a la creadora de contenidos Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como Anna Bensi, y a su madre, Caridad Silvente, por divulgar imágenes de un agente estatal que acudió a su vivienda para entregar una citación. El colectivo afirmó que “filmar el dolor, la incertidumbre, la agonía de un país se ha convertido en un delito” en Cuba.
El pronunciamiento, suscrito por 11 representantes del sector audiovisual, se conoció después de que el Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este declarara culpables a ambas mujeres por el delito de actos contra la intimidad personal y familiar. La sanción consiste en dos años de limitación de libertad: no implica encarcelamiento, pero restringe sus desplazamientos y les impide salir del país.
Para la ACC, el proceso no constituye un episodio aislado, sino que se inscribe en un contexto de represión contra quienes expresan opiniones críticas sobre la realidad cubana. Los realizadores aseguraron que madre e hija llegaron al juicio después de meses de amenazas y hostigamiento por parte de las autoridades.
El colectivo también cuestionó lo que considera un trato desigual frente a la publicación de imágenes. Según su declaración, los medios oficiales exhiben habitualmente fotografías y videos de opositores y críticos del Gobierno, mientras el sistema judicial castigó a dos ciudadanas por divulgar el rostro de un agente que se presentó en su domicilio en ejercicio de sus funciones.
“La doble moral se ha convertido en un sello de identidad oficial”, sostuvo la organización. Además, acusó a las autoridades de aplicar la legislación según sus intereses y de desconocer el derecho de los ciudadanos a expresar pública y pacíficamente sus opiniones sobre la situación del país.

La declaración fue firmada por Fernando Pérez, Belkis Vega, Ernesto Daranas, Ivette Ávila Martín, Luis Alberto García, Rosa María Rodríguez, Kiki Álvarez, Gustavo Arcos, Manuel Alejandro Yong, Armando Capó Ramos y Raúl Prado.
El caso se originó el 10 de marzo, cuando un suboficial del Ministerio del Interior (MININT) acudió a la vivienda de Anna Bensi, en Alamar, al este de La Habana, para entregar una citación dirigida a su madre.
Benítez publicó posteriormente un video del encuentro y denunció que el documento no especificaba el motivo de la comparecencia, aunque exigía que Silvente se presentara al día siguiente. También afirmó que dos hombres vestidos de civil llegaron al domicilio en una motocicleta y que uno de ellos se negó a identificarse.
El agente interpuso una denuncia alegando que la grabación y su posterior publicación vulneraron su intimidad. Madre e hija fueron acusadas conforme al artículo 393 del Código Penal cubano, que contempla agravantes cuando la difusión se realiza mediante redes sociales.
El 1 de octubre, después de una audiencia de aproximadamente tres horas, el tribunal las declaró culpables y les impuso la sanción. “Realmente esto es una injusticia”, expresó Benítez al salir de la sede judicial, de acuerdo con declaraciones recogidas por AFP y EFE y citadas en el reporte.

El abogado defensor, Roberto Ortega, explicó que el tribunal debe entregar la sentencia escrita en un plazo aproximado de 15 días. A partir de esa notificación, las acusadas dispondrán de 10 días hábiles para decidir si presentan un recurso de apelación.
Además de impedir la salida del territorio nacional, la limitación de libertad puede incluir controles judiciales y restricciones para cambiar de domicilio o trasladarse fuera de la zona de residencia.
El Ministerio del Interior defendió el proceso mediante una publicación difundida por medios estatales. La institución sostuvo que “grabar no es delito” y que la causa se centró en la divulgación de imágenes sin consentimiento. Asimismo, afirmó que los casos judiciales no deben resolverse en las redes sociales.
La Asamblea de Cineastas Cubanos rechazó esa interpretación y sostuvo que el “dedo acusador” no debería dirigirse contra Benítez, su madre ni contra quienes utilizan cámaras o teléfonos para denunciar problemas sociales.
“Las heridas de una nación no se curan con silencio o represión”, concluyó el colectivo.
Fuente: EFE y AFP