CNM aplaza decisión sobre siete jueces de la Suprema y abre convocatoria para cubrir vacantes
Santo Domingo, 29 agosto.– El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) todavía no ha decidido si confirmará en sus cargos a los siete jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) sometidos a una evaluación de desempeño tras concluir el período para el cual fueron escogidos en 2019.
Durante su más reciente sesión, el organismo acordó reunirse nuevamente el próximo 8 de septiembre para continuar analizando el desempeño de los magistrados Justiniano Montero Montero, Francisco Jerez Mena, Vanessa Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello Ferreras, Fran Soto Sánchez y Rafael Vásquez Goico.
El CNM explicó que el aplazamiento permitirá a sus integrantes disponer de un tiempo razonable para estudiar los informes correspondientes a los siete años de ejercicio de los magistrados y revisar el contenido de las entrevistas realizadas el martes 25 de agosto.
El organismo mantuvo, además, el cronograma aprobado para el proceso de selección de nuevos jueces, cuya convocatoria comenzará el lunes 31 de agosto.
Ese procedimiento estará dirigido a cubrir las cuatro vacantes existentes en la Suprema Corte de Justicia, además de aquellas que eventualmente puedan producirse como resultado de la evaluación en curso.
El Consejo señaló que podrán ser considerados candidatos procedentes de la carrera judicial, el ejercicio profesional del derecho y el ámbito académico, de conformidad con las disposiciones constitucionales y reglamentarias vigentes.
Asimismo, precisó que la evaluación de los actuales magistrados concluirá antes de finalizar el proceso destinado a seleccionar a quienes ocuparán las vacantes.
Retos expuestos durante las evaluaciones
Durante las entrevistas, los siete magistrados no se limitaron a presentar informes sobre su formación y desempeño dentro de la alta corte. También expusieron los obstáculos que, desde su perspectiva, dificultan una justicia más rápida, eficiente y cercana a los ciudadanos.
Las intervenciones ofrecieron una radiografía interna de varios de los desafíos pendientes del sistema judicial dominicano.
La prolongada duración de los procesos y la mora judicial figuraron entre las principales preocupaciones mencionadas. También fueron abordadas las reformas necesarias en la gestión de expedientes y la jurisdicción inmobiliaria.
Los magistrados hablaron, además, sobre los denominados juicios paralelos en los medios de comunicación y sus posibles efectos sobre la presunción de inocencia. Entre las propuestas planteadas estuvieron reducir la judicialización de los procesos de deslinde y revisar la Ley de Registro Inmobiliario.
Samuel Arias Arzeno, integrante de la Primera Sala, destacó la necesidad de medir la duración y el costo de los procesos para identificar las causas de los retrasos y mejorar la administración de justicia.
Fran Soto Sánchez, juez de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte, identificó como uno de los principales problemas la existencia de expedientes que permanecen durante largos períodos en los tribunales.
Soto Sánchez sostuvo que no todos los casos penales deberían llegar a juicio y favoreció continuar impulsando los mecanismos alternativos de resolución de conflictos y los acuerdos.
Recordó que, con el nuevo Código Procesal Penal, esos acuerdos pueden alcanzarse en cualquier etapa del proceso.
Justiniano Montero, presidente de la Primera Sala, abordó aspectos relacionados con la administración judicial, la ética y la independencia de los jueces.
El magistrado también resaltó la necesidad de lograr un equilibrio entre la automatización de los procedimientos y la atención humana que requieren los usuarios del sistema de justicia.
Vanessa Acosta Peralta, vicepresidenta de la Primera Sala, resaltó los avances alcanzados en la reducción del retraso procesal en materia civil y defendió la participación y el liderazgo de las mujeres en las altas cortes.
Anselmo Alejandro Bello Ferreras, integrante de la Tercera Sala, favoreció sacar determinados procedimientos de deslinde del ámbito de los tribunales y modificar la legislación sobre Registro Inmobiliario.
A su juicio, esas modificaciones permitirían agilizar los procedimientos y reducir la judicialización de trámites en los cuales no necesariamente existe un conflicto entre las partes involucradas.
Rafael Vásquez Goico, presidente de la Tercera Sala, defendió la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, al considerar que esa legislación representa un instrumento de gran beneficio para República Dominicana.
Integración del Consejo
El Consejo Nacional de la Magistratura es presidido por el mandatario Luis Abinader.
También lo integran Nancy Salcedo, secretaria del CNM y jueza de la Suprema Corte de Justicia; Ricardo de los Santos, presidente del Senado; Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados; Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte; y Napoleón Estévez Lavandier, presidente del Tribunal Constitucional.
Completan el organismo el senador Omar Fernández y el diputado Tobías Crespo, ambos representantes del partido Fuerza del Pueblo.
Luis Henry Molina, Nancy Salcedo, María Garabito y Manuel Herrera Carbuccia también completaron el período reglamentario para el cual fueron elegidos en la alta corte, pero declinaron someterse a la evaluación requerida para permanecer en sus funciones.
Procedimiento establecido en el reglamento
El párrafo I del artículo 4 del reglamento de evaluación establece que el Consejo Nacional de la Magistratura celebrará todas las reuniones que resulten necesarias, después de vencer el plazo destinado a responder las objeciones, hasta concluir el proceso correspondiente a los jueces evaluados.
El párrafo II del mismo artículo dispone que el CNM deberá ponderar los documentos presentados, las informaciones recibidas y las entrevistas realizadas individualmente.
El Consejo también deberá considerar las cualidades personales y capacidades profesionales de cada magistrado, conforme a los criterios contemplados en el reglamento, antes de decidir si confirma o no a los jueces sometidos al proceso.
Los informes sobre el desempeño de los siete magistrados se encuentran disponibles para consulta pública en el portal electrónico del Consejo Nacional de la Magistratura.