CNM concluye evaluación de siete jueces de la Suprema y se encamina a decidir sobre su ratificación
SANTO DOMINGO, 26 agosto.- El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) concluyó la etapa de entrevistas a los siete jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que buscan permanecer en sus cargos, un proceso que abre paso a la decisión sobre las ratificaciones y permitirá establecer el número definitivo de vacantes que deberán ser cubiertas en el máximo tribunal del Poder Judicial.
La jornada se produjo cuatro meses después del vencimiento del período para el cual habían sido designados 11 magistrados de la Suprema Corte, incluido su presidente, Luis Henry Molina.
Los jueces sometidos a evaluación fueron Justiniano Montero Montero, Francisco Jerez Mena, Vanessa Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Alejandro Bello Ferreras, Fran Soto Sánchez y Rafael Vásquez Goico.
Otros cuatro integrantes de la alta corte decidieron no someterse al proceso para continuar en sus posiciones. Se trata del presidente de la SCJ, Luis Henry Molina, así como de los magistrados Nancy Salcedo, María Garabito y Manuel Carbuccia, quienes comunicaron que no aspirarán a ser ratificados.
Esa decisión deja desde ahora cuatro plazas disponibles en la Suprema Corte. Sin embargo, la cantidad podría aumentar dependiendo de lo que determine el Consejo Nacional de la Magistratura respecto de los siete jueces evaluados.
Nancy Salcedo, quien además ejerce como secretaria del CNM, indicó que, conforme al cronograma establecido para el proceso, se prevé que el organismo adopte una decisión sobre los magistrados evaluados el próximo viernes 28 de agosto.
El resultado de esas deliberaciones determinará cuáles de los actuales jueces continuarán en sus funciones y, consecuentemente, cuántas posiciones deberán ser incluidas en una próxima convocatoria para completar la matrícula de la Suprema Corte de Justicia.
Tecnología sí, pero sin sustituir al juez
Uno de los temas que concentró buena parte de las intervenciones durante las evaluaciones fue la transformación tecnológica del Poder Judicial, particularmente el creciente uso de herramientas digitales y de inteligencia artificial.
El magistrado Justiniano Montero Montero, presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte, correspondiente a los asuntos civiles y comerciales, defendió los avances tecnológicos alcanzados en la administración de justicia, pero advirtió que ninguna herramienta puede reemplazar el componente humano de la función jurisdiccional.
A su entender, los órganos responsables de la gobernanza digital tienen el desafío de garantizar que las nuevas tecnologías contribuyan a hacer más eficiente el sistema sin afectar la esencia humana que debe acompañar las decisiones judiciales.
“Se puede usar la tecnología para avanzar, para mejorar, para eficientizar, pero no se lo puede dejar todo a ella”, expresó Montero, quien llamó particularmente la atención sobre los márgenes de error que pueden presentar los sistemas de inteligencia artificial, incluyendo lo que definió como un alto porcentaje de “delirio”.
El magistrado también abordó el tema de la independencia de los jueces y la influencia que pueden ejercer sobre ellos factores externos, incluyendo las redes sociales y los contenidos difundidos por los medios de comunicación sobre procesos judiciales.
Explicó que personalmente ha optado por limitar su exposición a redes sociales y programas televisivos relacionados con casos que puedan llegar al conocimiento de los tribunales.
Para Montero, la independencia judicial no depende únicamente de evitar presiones externas, sino también de la capacidad del juez para controlar sus propias percepciones, preferencias y prejuicios. Sostuvo que quien ejerce la función jurisdiccional debe tener claro dónde le corresponde estar y cumplir con su responsabilidad independientemente de las opiniones que puedan producirse fuera del tribunal.
Fran Soto aborda la violencia de género
Otro de los momentos de mayor contenido jurídico de las entrevistas ocurrió durante la participación del magistrado Fran Soto Sánchez, quien analizó los criterios utilizados para diferenciar la violencia de género de la violencia intrafamiliar.
Soto cuestionó las conductas mediante las cuales un hombre pretende ejercer control sobre la vida cotidiana de una mujer, incluyendo decidir cuándo puede salir de su vivienda, exigirle autorización, supervisar sus movimientos o determinar los lugares por donde puede transitar.
“Si el hombre entiende que la mujer no debe salir de su casa y que tiene que pedirle permiso; que el hombre tiene que supervisarla; corregir por donde camina o no camina; ¿qué es eso? Es violencia de género”, planteó durante su evaluación.
El magistrado explicó que detrás de esas actuaciones existe una concepción mediante la cual el agresor termina considerando a la mujer como un objeto sobre el cual puede ejercer dominio.
El planteamiento tiene implicaciones jurídicas porque cuando existe una relación entre víctima y agresor podría entenderse inicialmente que se trata de violencia intrafamiliar. Aunque bajo el anterior Código Penal las sanciones podían resultar prácticamente equivalentes, una clasificación jurídica incorrecta puede incidir en el desarrollo y resultado del proceso.
Soto Sánchez fue ponente de la sentencia SCJ-SS-23-1142, utilizada por la Segunda Sala o Sala Penal de la Suprema Corte para establecer criterios destinados a diferenciar ambas modalidades de violencia.
La decisión establece que la violencia de género tiene como elemento esencial una conducta discriminatoria sustentada en razones de género y en una relación desigual de poder, mientras que la violencia intrafamiliar está vinculada específicamente con el entorno doméstico o las relaciones de parentesco.
Digitalización agiliza las decisiones judiciales
Los magistrados Samuel Arias Arzeno y Alejandro Bello Ferreras también dedicaron parte importante de sus intervenciones a la digitalización del Poder Judicial.
Ambos destacaron que herramientas como la firma electrónica, los expedientes digitales y la progresiva eliminación del papel han contribuido a agilizar los procedimientos y la emisión de decisiones.
Arias Arzeno reconoció, sin embargo, que la transformación tecnológica debe ser observada cuidadosamente debido al impacto que puede producir sobre los usuarios, especialmente aquellos con mayores dificultades para acceder a herramientas digitales.
También consideró importante desarrollar métricas que permitan medir objetivamente el funcionamiento de los tribunales y determinar cuáles iniciativas están ofreciendo resultados satisfactorios y cuáles requieren modificaciones.
El magistrado señaló que, pese a los avances registrados, todavía existen jueces y áreas jurisdiccionales con resistencia a abandonar completamente los expedientes físicos.
Indicó que esa situación puede observarse principalmente en materias como Tierras, Laboral, Contencioso Tributario y Contencioso Administrativo, donde continúa existiendo una importante utilización de documentos impresos.
Vásquez Goico defiende calidad de las sentencias
Por su parte, el magistrado Rafael Vásquez Goico concentró parte de su exposición en la relación entre productividad y calidad de las decisiones judiciales.
Consideró que el desempeño de un tribunal no debe evaluarse exclusivamente por la cantidad de sentencias que produce, debido a que una elevada productividad pierde importancia si las decisiones carecen de una fundamentación jurídica adecuada.
Vásquez Goico llamó la atención sobre las consecuencias que pueden tener para el Estado de derecho las sentencias deficientemente motivadas.
A su entender, antes de establecer parámetros de productividad debe definirse el modelo de tribunal que se pretende desarrollar: uno concentrado esencialmente en producir grandes cantidades de decisiones o uno que garantice que cada sentencia tenga la fundamentación necesaria para ofrecer seguridad jurídica.
Vanessa Acosta advierte vacíos en procesos civiles
La magistrada Vanessa Acosta Peralta puso sobre la mesa las dificultades que enfrentan ciudadanos sin recursos económicos suficientes para contratar abogados cuando participan en determinados procesos civiles.
Acosta Peralta advirtió sobre la existencia de vacíos en las normas procesales que, en determinadas circunstancias, podrían colocar en situación de indefensión a personas que carecen de asistencia jurídica.
Como ejemplo, citó la situación de ciudadanos sometidos a procedimientos que pueden terminar con el embargo de bienes o cuentas bancarias sin que hayan recibido correctamente una notificación o contado con representación legal adecuada durante las distintas etapas del proceso.
La magistrada planteó la necesidad de actualizar algunas disposiciones procesales para garantizar una protección más efectiva de los derechos de los ciudadanos y una mayor igualdad entre las partes involucradas en los litigios.
Jornada encabezada por Abinader
Las entrevistas comenzaron a las 9:00 de la mañana y se desarrollaron individualmente conforme a las atribuciones constitucionales del Consejo Nacional de la Magistratura y al procedimiento establecido para evaluar a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia.
La sesión estuvo encabezada por el presidente de la República y presidente del CNM, Luis Abinader, junto al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina.
También participaron el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón R. Estévez Lavandier; el senador Omar Leonel Fernández Domínguez; el diputado Rafael Tobías Crespo Pérez, y Nancy Salcedo Fernández, jueza de la Suprema Corte y secretaria del Consejo Nacional de la Magistratura.
Con las comparecencias de los siete magistrados quedó formalmente concluida la etapa de entrevistas correspondiente a los actuales integrantes de la Suprema Corte sometidos al proceso de evaluación.
El CNM deberá ahora completar las deliberaciones y actuaciones previstas para determinar cuáles magistrados recibirán una nueva confirmación para continuar formando parte de la alta corte.
Aunque el cronograma contempla que los resultados puedan ser definidos el viernes 28 de agosto, el organismo indicó que oportunamente comunicará la celebración de la sesión destinada a conocer y decidir formalmente las evaluaciones.
Una vez adoptada esa decisión quedará establecido el número definitivo de vacantes en la Suprema Corte. Cuatro posiciones están aseguradas debido a que Molina, Salcedo, Garabito y Carbuccia decidieron no buscar la ratificación, mientras cualquier eventual no confirmación entre los otros siete magistrados elevaría esa cantidad.