CNM confirma a cinco jueces de la Suprema Corte por otros siete años y eleva a seis las vacantes

Santo Domingo, 9 sept..- El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) concluyó la noche de este martes el proceso de evaluación del desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y confirmó a cinco magistrados para un nuevo período de siete años.

Luego de las deliberaciones, el organismo decidió ratificar a Justiniano Montero Montero, Fran Euclides Soto Sánchez, Anselmo Alejandro Bello Ferreras, Samuel Amaury Arias Arzeno y Rafael Vásquez Goico.

La decisión fue adoptada en virtud de las atribuciones que confieren al CNM los artículos 179 de la Constitución de la República y 3 de la Ley 138-11, así como los criterios establecidos en el artículo 2 del Reglamento 2-25 para evaluar el desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia.

Con la conclusión del proceso se agregaron dos vacantes a las cuatro existentes, por lo que ahora ascienden a seis las posiciones que deberán ser ocupadas mediante el proceso de selección de nuevos integrantes del alto tribunal.

El CNM informó que continúa abierto el período para recibir propuestas e inscripciones de candidatos interesados en ocupar las vacantes.

Las propuestas de candidaturas podrán presentarse hasta el 10 de septiembre, mientras que el plazo para inscribir postulaciones permanecerá abierto hasta el día 15 del mismo mes.

Los documentos deben depositarse en la Secretaría del Consejo Nacional de la Magistratura, ubicada en el edificio de la Suprema Corte de Justicia, dentro de los plazos establecidos.

Perfiles de los magistrados confirmados
Justiniano Montero Montero

Justiniano Montero Montero es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Cuenta con una maestría en Sociedad Democrática, Estado y Derecho, cursada en la Universidad del País Vasco, y otra en Derecho Administrativo y Gestión Municipal por la Universidad de Castilla-La Mancha.

Es juez de la Suprema Corte de Justicia desde abril de 2019 y actualmente preside la Primera Sala, especializada en asuntos civiles y comerciales.

En los ámbitos institucional e internacional, representa a la República Dominicana ante la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, organismo para el cual también redacta dictámenes.

Asimismo, integra el Comité de Comportamiento Ético del Poder Judicial y ha encabezado comisiones relevantes, entre ellas el Comité de Implementación de la Ley 339-22, que regula el uso de medios digitales en el Poder Judicial.

Fran Euclides Soto Sánchez

Fran Euclides Soto Sánchez es doctor en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Actualmente forma parte de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, especializada en asuntos penales.

Antes de llegar al alto tribunal se desempeñó como fiscal de carrera desde 2009.

Desde 2022 preside la Comisión Ejecutiva de Tecnología del Poder Judicial y actúa como juez líder del Programa de Optimización del Proceso Penal, iniciativa dirigida a fortalecer la administración y eficiencia de esa jurisdicción.

También se destaca por impulsar la modificación del Reglamento del Juez de Ejecución de la Pena, aprobada en 2025.

Samuel Amaury Arias Arzeno

Samuel Amaury Arias Arzeno es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña y posee un máster internacional en Resolución de Conflictos por la Universitat Oberta de Catalunya.

Es juez de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia desde 2019. Además, acumula más de dos décadas de experiencia como docente universitario y fue director de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.

En materia de acceso a la justicia y métodos alternativos para resolver controversias, propuso el Reglamento General sobre Mecanismos No Adversariales de Resolución de Conflictos y la Guía para la Derivación de Casos Judiciales.

También presidió la Comisión Ejecutiva de Gestión Documental y la Comisión Interna del Poder Judicial para Datos Abiertos. Ha participado, además, en iniciativas relacionadas con los Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos y los Tribunales de Tratamiento de Drogas.

Recientemente defendió, con la máxima distinción cum laude, su tesis doctoral sobre el acceso a la justicia civil de las personas en condiciones de pobreza, dentro del programa conjunto de la Universidad Externado de Colombia y la PUCMM.

Anselmo Alejandro Bello Ferreras

Anselmo Alejandro Bello Ferreras es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo y posee una trayectoria superior a dos décadas dentro de la carrera judicial, iniciada en julio de 2000 como juez de paz.

Cuando fue designado integrante de la Suprema Corte de Justicia, en abril de 2019, ocupaba la presidencia de la Primera Sala del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central.

Es docente, doctrinario y articulista, con experiencia en derecho civil e inmobiliario. Cuenta con una maestría en Relaciones Internacionales y un posgrado en Metodología de la Investigación Avanzada, ambos cursados en la Universidad Católica Santo Domingo.

Como juez de la Suprema Corte, integró en 2020 la Comisión para el Censo del Poder Judicial y participó en el proyecto sobre manejo de redes sociales por parte de los jueces.

También encabezó la comisión responsable de trabajar en la actualización del marco normativo correspondiente a la jurisdicción inmobiliaria.

Rafael Vásquez Goico

Rafael Vásquez Goico es licenciado en Derecho por la Universidad Eugenio María de Hostos, docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y autor de varias obras jurídicas.

Forma parte de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, encargada de conocer asuntos relacionados con tierras, materia laboral, contencioso tributario y contencioso administrativo.

Entre sus responsabilidades institucionales figura la coordinación del Plan de Descongestión de la jurisdicción contencioso-administrativa y tributaria.

También presidió la comisión encargada de modificar el Reglamento Disciplinario de los Jueces y participó en la elaboración de reglamentos relacionados con la suspensión de la ejecución de sentencias recurridas en casación y los recursos de apelación disciplinarios contra abogados y notarios públicos.

Además, ha intervenido en propuestas de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la legislación sobre el recurso de casación.