
CNN, MS NOW y Politico demandarán al Gobierno de Trump por impedirles acceso a la Casa Blanca
WASHINGTON, 21 sept..— CNN, MS NOW y Politico informaron este lunes que notificaron al Gobierno del presidente Donald Trump sobre su decisión de presentar una demanda conjunta por la prohibición de acceso impuesta a sus periodistas en la Casa Blanca.
Los tres medios sostienen que la medida vulnera los derechos de libertad de expresión y de prensa garantizados por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
Reporteras de esas organizaciones fueron rechazadas el sábado cuando intentaron ingresar al complejo presidencial para cumplir sus labores, un día después de que Trump anunciara que las excluiría debido a informaciones que calificó de “noticias falsas”.
La decisión representa una escalada en la prolongada confrontación del mandatario con medios de comunicación y periodistas cuya cobertura considera desfavorable. También plantea una nueva prueba para las protecciones constitucionales que prohíben al Gobierno restringir a la prensa por el contenido o el enfoque de sus informaciones.
Betsy Klein, reportera principal de CNN en la Casa Blanca, y Akayla Gardner, corresponsal de MS NOW, informaron en transmisiones en vivo que sus acreditaciones habían sido desactivadas y que los agentes les impidieron ingresar cuando llegaron a trabajar.
Poco después, Politico confirmó que su corresponsal Cheyenne Haslett también fue rechazada en uno de los puntos de entrada y que su credencial de prensa fue confiscada.
Las tres organizaciones habían anticipado la posibilidad de acudir ante los tribunales y aseguraron que defenderían firmemente sus derechos constitucionales. Finalmente, comunicaron de manera conjunta que iniciarían el proceso legal contra la administración.
En una declaración difundida en la red social X, CNN, MS NOW y Politico señalaron que la Casa Blanca revocó las acreditaciones de sus periodistas sin notificación previa ni un procedimiento que les permitiera responder a la decisión.
Los medios argumentaron que el Gobierno adoptó la medida porque estaba en desacuerdo con su trabajo periodístico. Advirtieron que dejar la acción sin respuesta representaría una amenaza para la libertad de prensa y para el derecho de la ciudadanía a recibir información independiente, libre de interferencias gubernamentales.
La demanda alegará que la exclusión constituye una discriminación basada en el punto de vista, debido a que las organizaciones habrían sido castigadas por el contenido de su cobertura. Esa práctica está prohibida por la Primera Enmienda cuando es aplicada por funcionarios o instituciones gubernamentales.
Durante su segundo mandato, Trump y su administración republicana han aumentado las acciones contra determinados medios de comunicación mediante demandas judiciales, decisiones administrativas y medidas regulatorias.
El presidente también ha atacado públicamente a periodistas individuales, tanto en encuentros presenciales como a través de sus redes sociales. En varias oportunidades los ha insultado durante conferencias de prensa, actos oficiales y comparecencias públicas.
La confrontación volvió a quedar en evidencia durante un reciente discurso del mandatario en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, donde lanzó críticas personales contra varios comunicadores.
Trump ha defendido la prohibición alegando que no está actuando contra la libertad de prensa, sino contra medios que, según afirma, difunden informaciones falsas. No obstante, las organizaciones afectadas sostienen que las autoridades no pueden retirar credenciales como represalia por una cobertura que disguste al Gobierno.
La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca pidió a la administración restablecer inmediatamente el acceso de CNN, MS NOW y Politico.
Jacqui Heinrich, presidenta de la entidad, advirtió que las consecuencias de la decisión van más allá de las tres organizaciones sancionadas, pues un criterio utilizado para excluir a un medio debido a su cobertura podría aplicarse posteriormente contra cualquier otra empresa periodística.
Heinrich destacó que los ciudadanos estadounidenses deben conservar la posibilidad de fiscalizar a sus representantes electos mediante una prensa libre e independiente, sin importar que la cobertura resulte favorable o incómoda para los funcionarios públicos.
El conflicto se suma a otras disputas legales recientes entre la administración de Trump y diferentes medios de comunicación. La eventual demanda buscará que los tribunales determinen si la Casa Blanca puede impedir el acceso de periodistas acreditados basándose en sus reportajes y opiniones editoriales.
Con información de The Associated Press.
