Colegio de Abogados rechaza nuevo artículo 310 del Código Penal y anuncia recurso ante el Tribunal Constitucional y protestas
Santo Domingo, 21 julio.– El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) manifestó su rechazo a la nueva redacción del artículo 310 del proyecto de Código Penal aprobado por la Cámara de Diputados, al considerar que la disposición representa una amenaza para el ejercicio de la abogacía, el derecho de defensa y las garantías constitucionales que sustentan el Estado de derecho.
El presidente del gremio, Trajano Potentini, calificó la disposición como "abiertamente inconstitucional, ilegal e inaceptable", al sostener que la nueva tipificación del delito de ultraje en el ámbito jurisdiccional contiene conceptos ambiguos e imprecisos que podrían dar lugar a interpretaciones arbitrarias y a la criminalización de actuaciones propias del ejercicio profesional de los abogados.
Durante una declaración pública, Potentini afirmó que la redacción aprobada genera un efecto intimidatorio incompatible con principios fundamentales como el debido proceso, la tutela judicial efectiva y la independencia de la defensa técnica.
El artículo 310 establece que incurre en ultraje en el ámbito jurisdiccional quien pronuncie expresiones ofensivas, intimidatorias o amenazantes, envíe escritos, mensajes, imágenes u objetos, o realice gestos o actos dirigidos contra jueces, secretarios judiciales, representantes del Ministerio Público, alguaciles, intérpretes o peritos judiciales, cuando esas actuaciones sean consideradas aptas para menoscabar gravemente la dignidad de la función judicial o perturbar el desarrollo normal de un proceso.
La disposición contempla sanciones de 15 días a un año de prisión menor, además de multas equivalentes a entre uno y dos salarios mínimos del sector público.
El presidente del CARD recordó que las discusiones iniciales sobre el artículo 310 estaban dirigidas a establecer una protección especial para funcionarios públicos frente a expresiones consideradas ofensivas.
Sin embargo, sostuvo que la versión finalmente aprobada amplía considerablemente ese alcance al incluir conductas relacionadas con el ámbito jurisdiccional y abarcar expresiones verbales, escritos, mensajes electrónicos, gestos e incluso actuaciones realizadas fuera de las salas de audiencia.
A juicio del dirigente gremial, la norma vulnera principios esenciales como la legalidad penal, la taxatividad, la seguridad jurídica, la libertad de expresión y el derecho de defensa, al crear un tipo penal abierto que podría ser aplicado de manera discrecional.
Potentini consideró además que la disposición otorga un nivel de protección especial a jueces, fiscales, secretarios judiciales, alguaciles y peritos, mientras coloca a los abogados en una situación de vulnerabilidad durante el ejercicio de su profesión.
El presidente del gremio advirtió que la nueva redacción podría desalentar o incluso criminalizar actuaciones procesales legítimas como recusaciones, incidentes, objeciones e impugnaciones, por el temor de que sean interpretadas como expresiones ofensivas o actos constitutivos del delito de ultraje.
Asimismo, sostuvo que el artículo contradice varias disposiciones de la Constitución de la República, entre ellas los artículos 39, 40 numeral 15, 49, 69 y 74, además del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
También citó como respaldo de su posición diversos precedentes del Tribunal Constitucional, entre ellos las sentencias TC/0075/16, TC/0092/19 y TC/0348/19, así como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Kimel vs. Argentina, relacionada con la protección de la libertad de expresión.
El Colegio de Abogados calificó el texto aprobado como un "Frankenstein legislativo", al entender que el proyecto original fue alterado durante su discusión en el Congreso Nacional y terminó incorporando disposiciones que, según la entidad, desnaturalizan el propósito inicial de la reforma.
Asimismo, criticó que las observaciones y propuestas formuladas por el CARD y otros sectores especializados no fueran incorporadas durante el proceso legislativo.
Como respuesta institucional, Potentini informó que el Colegio de Abogados fue declarado en sesión permanente y anunció la convocatoria de la Junta Directiva Nacional, los presidentes de las seccionales, el Consejo de Expresidentes y representantes del liderazgo jurídico nacional para definir una estrategia conjunta frente a la nueva disposición.
Entre las acciones anunciadas figuran la presentación de una acción directa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, jornadas nacionales de orientación jurídica, gestiones institucionales ante el Senado de la República y movilizaciones pacíficas en defensa del derecho de defensa, el ejercicio profesional de la abogacía y el Estado de derecho.
Finalmente, el CARD exhortó al presidente Luis Abinader a revisar el contenido de la reforma al Código Penal y evitar que la aprobación definitiva de este artículo afecte, a juicio del gremio, los avances institucionales promovidos durante su gestión de gobierno.